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La amenaza realizada por un presunto comando general Pedro Barneix al ministro de Defensa, Jorge Menéndez, el fiscal de Corte, Carlos Díaz, y a varios abogados y activistas de los derechos humanos produjo hasta ahora algunas actuaciones judiciales y declaraciones de rechazo, entre ellas del Colegio de Abogados, pero poca alarma entre los afectados, dijeron a Búsqueda fuentes vinculadas al caso.
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El Ministerio del Interior, que cuenta con un equipo especial de policías dedicados a la custodia de jueces y fiscales, demandado sobre todo por los que actuaron en casos de narcotráfico, no ha sido movilizado por esta amenaza ni existe una alerta especial, indicaron fuentes oficiales.
El fiscal de Corte recibió dos correos electrónicos con el mismo texto en el cual el supuesto comando amenazaba con matar a tres elegidos al azar de una lista de 13 personas, tres de ellas extranjeras, que adjuntaban, en caso de que se suicidara otro procesado por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, como ocurrió en setiembre de 2015 con el general Barneix, un militar acusado de la muerte por torturas del militante comunista Aldo Perrini en 1974.
El primer mensaje, con copias a varios destinatarios, llegó a la casilla oficial de Díaz el miércoles 25 de enero a las 23.43 y el segundo el sábado 28 a las 23.15.
La Dirección General de Información e Inteligencia (DGII) comenzó una investigación y solicitó un informe a los especialistas en informática de esa agencia y también a la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado, Interpol y a una agencia estadounidense.
Sin embargo, indicaron fuentes oficiales, el mensaje fue enviado de forma que resulta muy difícil su seguimiento.
La investigación judicial, que quedó a cargo de la jueza Julia Starico y la fiscal Mónica Ferrero, comenzó interrogatorios a varios de los mencionados en la lista pero hasta ahora no logró avances.
Además de Menéndez y Díaz, fueron amenazados la ex fiscal y actual directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y de Defensoría del Pueblo, Mirtha Guianze, la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores Belela Herrera, el ex magistrado francés Louis Joinet, el activista de derechos humanos brasileño Jair Krischke, la historiadora de la Universidad de Oxford Francesa Lessa y los abogados Juan Errandonea, Óscar López Goldaracena, Hebe Martinez Burlé, Federico Álvarez Petraglia y Juan Fagúndez.
La asociación de ex presos políticos Crysol publicó ayer miércoles 22 una columna de opinión en la que fijó su posición sobre la amenaza que interpretó como un mensaje a los jueces y no a los mencionados en la lista.
“Con honrosas excepciones, que las hay, que deberían ser paradigmas a seguir por sus colegas, los jueces uruguayos no se han destacado por su compromiso con la investigación y el castigo de las violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo estatal”, afirmó.