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Un análisis publicado la semana pasada por Búsqueda, que comparó la asistencia financiera desde Rentas Generales y otros ingresos de cada subsistema previsional respecto de la cantidad de jubilaciones que pagan, dio lugar a un contrapunto entre el sindicato de empleados bancarios (AEBU) y el presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS), Rodolfo Saldain.
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En relación con el número de jubilados, la llamada “caja militar” recibió el doble de apoyo financiero que el Banco de Previsión Social (BPS), y el servicio de pasividades policiales 1,7 veces. En el caso de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias (CJPB) ese ratio fue de 1,83 veces, si se incluye en ese cálculo lo percibido por la Prestación Complementaria Patronal (PCP); si bien se trata de una contribución sobre los activos financieros prevista en la ley de reforma de este instituto paraestatal (N° 18.369) que grava a las instituciones, el Banco Central entiende que lleva a un aumento de costos de los servicios financieros. Para la AEBU, asumir tal cosa es un error.
En un editorial publicado el 28 de mayo en su sitio web y difundido en las redes sociales, el gremio afirmó que las “tergiversaciones” de Saldain “invaden los medios de comunicación en un intento de consolidarlas ante la opinión pública”. El artículo de Búsqueda no menciona al presidente de la CESS.
Según el gremio, los US$ 100 millones recaudados por la PCP en 2019 “de ninguna manera proviene de las cuentas públicas, sino que es íntegramente vertido por las empresas financieras como parte de sus aportes patronales” complementarios. El “error” de asimilarlo a algún tipo de asistencia es, dice AEBU, “propiciado por las repetidas afirmaciones del doctor Rodolfo Saldain —quien describe al PCP como un tributo o impuesto—”. En el editorial recalcó que las empresas financieras “están inhibidas” de trasladar “directamente a sus clientes” la PCP. Y agregó que “no se distingue en nada del aporte patronal básico calculado como porcentaje de las remuneraciones de los trabajadores integrantes de la nómina, un costo que —como toda la seguridad social del país—integra los precios de productos y servicios”.
La AEBU defiende esa prestación como “fuente complementaria que resulta un estabilizador de los ingresos de la seguridad social” y que en “un debate serio del futuro” del sistema debería incluirse. El “rechazo constante a la PCP de algunos miembros” de la CESS “representa más una definición ideológica que técnica, dado que esta es una herramienta cierta como alternativa a la presión de la tecnología y la demografía sobre el empleo. Trasladar el costo de la seguridad social del empleo a la productividad debería ser la clave sobre la cual debatir el tema de los ingresos del sistema”, afirma.
También señalaque plantear la inviabilidad de la Caja Bancaria “no tienen asidero técnico” y el “equilibrio alcanzado a partir de 2008 (…) sigue teniendo proyecciones de largo plazo sostenibles”.
“Contra-Robin Hood”
Al día siguiente de publicado el editorial de AEBU, Saldain respondió con un largo hilo en Twitter.
“Es de esencia de los sindicatos la defensa de los intereses de sus afiliados. Otro es el rol de quienes tenemos responsabilidades en el proceso de formulación de políticas públicas: la evidencia empírica y el interés general son la guía”, empezó. Como un “punto central”, señala que la “existencia de las personas públicas no estatales” como la CJPB “está fuera de duda. No ha habido ningún planteo en otro sentido. Sin embargo, eso no quiere decir que no existan problemas graves de sustentabilidad, equidad y eficiencia”.
Por un lado, según el presidente de la CESS la sustentabilidad de esa caja “dista de estar asegurada, pese a las medidas de rescate dispuestas en 2008” y, “conforme la última proyección disponible (pre-Covid), el desfinanciamiento perdurará hasta ingresada la década de 2030. El persistente déficit llevaría al agotamiento del fondo financiero (el fácilmente liquidable) y requeriría acudir, por lo menos, al fondo patrimonial (forestal, con restricciones de liquidez y precio)”.
Después, el abogado afirma que la “llamada Prestación Complementaria Patronal, parte significativa del financiamiento de la CJPB, es inequitativa e ineficiente. La inequidad proviene de que es un ‘impuesto’ (lato sensu) destinado a financiar prestaciones para un grupo de ingresos medios-altos, que recae sobre toda la sociedad vía mayores costos del sistema financiero y asegurador. La inequidad es evidente cuando grava los seguros de accidentes de trabajo, las primas destinadas a pagar las jubilaciones de los afiliados al BPS en el régimen mixto, los seguros automotores, etc., los créditos, fundamentalmente de empresas nacionales y los destinados al consumo”. En esa línea, cita un párrafo del diagnóstico elaborado por la CESS en el que, con base en la opinión del Banco Central, se le atribuye a la PCP “un incremento de los costos” que “recaería en los productos ofrecidos en el mercado”.
Para Saldain, “es posible que la PCP se mire con simpatía porque podría estar gravando la riqueza (cuya quintaescencia serían los ‘bancos’). Sin embargo, la realidad de quien soporta el tributo, más allá de su responsable formal, es mucho más compleja y se parece más de un contra-Robin Hood”.
Alega que el “problema de eficiencia deriva de su impacto en la competitividad. Impacta en los costos de un sector que presta servicios a toda la economía y por lo tanto afecta la productividad de forma transversal. Por otro lado, el costo previsional de la actividad financiera hace que el sector opere con un volumen de negocios inferior al deseable. La cuantía de los aportes patronales a cargo del sector financiero solo se explica por el poder de mercado de esta industria”, que le permite un “amplio traslado hacia los usuarios de sus servicios, sin considerar que hoy más del 50% de este gravamen recae sobre los resultados de las empresas públicas, es decir, sobre todos los uruguayos”.
Admite que “dada la fragilidad financiera de la CJPB” la PCP “le es imprescindible. Sin embargo, eso no la transforma en un buen ‘impuesto’ (lato sensu), sino que evidencia problemas de equidad social y de eficiencia económica”.
Para terminar, Saldain aclara que el artículo de Búsqueda no está basado en información elaborada por la CESS ni por él, y que más allá del título dado a alguno de los cuadros no definen de manera adecuada “la naturaleza de los recursos, su información recoge la realidad en todos sus aspectos sustanciales”.
El intercambio siguió en Twitter. Contestándole a Saldain, la AEBU indicó que si la PCP “fuera un impuesto (lato sensu) también lo serían los aportes patronales y personales en general”, y “no es una limitante para la competitividad y el abaratamiento de los servicios financieros”. En otro tuit indicó que esa contribución “es un aporte patronal que al igual que el de nómina se descarga en los costos, alcanzando a todo el negocio de la empresa, sin diferenciar las características de los servicios y productos. Igual que en el resto de la seguridad social, donde los aportes son un costo sin diferenciar la función social del servicio que brinda”.
Por su lado, el presidente de la CESS llamó a distinguir “forma de fondo. En la forma no es un impuesto, de acuerdo. En el fondo, en sentido lato, es un impuesto que naturalmente se traslada a los costos. La discusión semántica no ayuda. Formas alternativas de financiamiento deben tener presente sus impactos generales”.
