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Una delegación del gobierno uruguayo se encuentra en Ginebra para comparecer ante el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT), que supervisa que en los países miembros no haya tortura ni otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Este año el organismo examinará la situación de Uruguay, con un interés particular en la realidad del sistema carcelario y un debate sobre el aislamiento solitario que volvió a ponerse arriba de la mesa la semana pasada.
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En su informe anual presentado el 28 de abril, el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, elaboró un anexo dedicado al módulo 12 de la Unidad N° 4 de Santiago Vázquez, en donde manifiesta su preocupación de que ese sector de la cárcel —recientemente rediseñado para recibir a los presos más peligrosos del país— desemboque en confinamientos individuales que infrinjan las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos y generen “enormes daños” a los presos y un “efecto disruptivo” sobre el resto del sistema.
El tema ya había sido cuestionado en 2018, cuando el mismo módulo funcionaba con cierta semejanza a la actualidad. En aquel momento Petit sostuvo que las personas allí alojadas estaban en aislamiento solitario, sin contacto humano relevante durante más de dos horas diarias. Su opinión fue incluida en un informe periódico que Uruguay envió al Comité Contra la Tortura de la ONU y que forma parte del análisis de la comparecencia del jueves y viernes. En el mismo documento el Ministerio del Interior respondió que en ese lugar no existía aislamiento ni pérdida de derechos para los reclusos.
Hoy Petit se encuentra en Ginebra como parte de la delegación que acudirá al CAT, liderada por la viceministra de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, y con cuatro integrantes del Ministerio del Interior, tres relacionados con el tema carcelario: el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González; la subdirectora nacional del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Lourdes Salinas, y el encargado del Centro de Formación Penitenciaria, Eriberto Romano. Fuentes oficiales señalaron a Búsqueda que en el intercambio con las Naciones Unidas seguramente se analice el confinamiento prolongado e individual de las personas privadas de libertad.
El módulo 12 del ex-Comcar fue abierto en 2016 para continuar un régimen de aislamiento instalado previamente en Cárcel Central. Se clausuró a mediados de 2018 luego de quedar destruido tras un motín con toma de rehenes. Desde mediados de 2021 el Ministerio del Interior comenzó a utilizarlo para “máxima seguridad especial”, una solución mucho más económica que la prisión nueva que el gobierno había anunciado iba a construir para albergar exclusivamente a los prisioneros más complicados del sistema.
Dependiente de manera directa del director del INR, Luis Mendoza, el sector alberga hoy a 10 personas, entre ellas Edwin Parentini, un barra brava de Peñarol procesado como autor de un homicidio y como coautor de un delito de lesiones graves agravadas, ambos hechos ordenados por Parentini mientras ya estaba encarcelado. Además de procesados por homicidios, en el módulo 12 se encuentran procesados por rapiña, hurto, estafa, contrabando de drogas y armas e instigación a delinquir, incitación al odio y difusión de material pornográfico de menores. El promedio de edad de los detenidos es de 32 años, tres son brasileños y siete reincidentes. Siete se encuentran penados, otros en prisión preventiva y los brasileños con arresto administrativo a la espera del proceso de extradición.
“Es entendible que en todo sistema exista un sector para casos complejos. Pero la instalación de un régimen de seguridad donde se redoblan los controles y se limitan los movimientos de los internos llegándose incluso a reducirlo al espacio de su celda, debe ser muy cuidadoso de no vulnerar derechos básicos y de no caer en una situación de aislamiento en solitario. No importa cuán grave sea el delito o cuán complejo sea el perfil de la persona”, advirtió el comisionado penitenciario parlamentario en su reporte de la semana pasada.
Petit planteó a González, Mendoza y al ministro Luis Alberto Heber la importancia de “atender puntillosamente” el funcionamiento de este nuevo régimen para que no degenere en aislamiento en solitario. Su inquietud se dio a consecuencia de un monitoreo realizado en visitas periódicas a los reclusos del módulo 12 que arrojó “el encierro permanente” en celdas individuales durante 23 de las 24 horas del día. La única actividad es el tiempo de patio, de aproximadamente una hora diaria. Los presos además pueden hacer llamadas dos veces a la semana, como máximo de media hora de duración, y recibir visitas una vez por semana por aproximadamente dos horas.
“Se busca minimizar el contacto humano, tanto con otros internos como con funcionarios, lo cual conlleva el riesgo de provocar deterioros en la salud física y mental en el corto plazo”, criticó Petit en su documento. “Para minimizar el contacto humano y despersonalizar las interacciones, los funcionarios policiales que gestionan el sector utilizan un pasamontañas cuando tienen que hablar con los internos. También utilizan cámaras Go Pro para grabar sus interacciones. El trato es correcto pero es mínimo”, añadió. El Observador informó que debido a su peligrosidad, los presos no pueden ser vigilados por los operadores penitenciarios regulares, una situación que obliga al Ministerio del Interior a apelar a policías y analizar para el futuro una figura nueva que se encargue de esa tarea.
El otro punto de alerta para el comisionado parlamentario es el plazo de estadía de los reclusos en el módulo de máxima seguridad. Según los registros de INR, el promedio de estadía de quienes hoy están en ese régimen es de 51 días, cuando la literatura médica y psiquiátrica respecto a este tema ha definido el plazo de 15 días como máximo adecuado. “Los dos casos más llamativos es el de un interno que estaba por cumplir cinco meses en aislamiento y otro que llevaba casi siete meses”, afirma el informe.
Al considerar que no existe una pauta explícita que determine qué presos, situaciones o contextos calificarían como posibles ingresos o egresos del módulo 12, Petit recomendó al Ministerio del Interior establecer criterios claros para definir qué casos y personas pueden ser derivados a la cárcel de máxima seguridad. “Hay internos que están allí por resoluciones del INR, por un memo, por orden del director o subdirector de la unidad y por orden del director nacional. No emerge un patrón claro de a qué tipo de internos les podría corresponder este tipo de régimen. Los perfiles y las variables consideradas no presentan una excepcionalidad que justifique su inclusión en este régimen, de la misma forma en que estos perfiles se pueden presentar por cientos en todo el sistema penitenciario”.