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Las políticas sociales que implementaron los gobiernos de izquierda en América Latina “han aligerado o disminuido considerablemente” los efectos del “capitalismo en crisis”, pero a la vez se muestran “incapaces por sí solas de eliminar la pobreza o equilibrar sensiblemente el reparto de la riqueza en el marco del actual sistema económico”, opinó Christian Mirza, ex director de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) durante el gobierno de Tabaré Vázquez.
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Para Mirza, las “estrategias” para combatir la pobreza y la exclusión “tienen limitaciones estructurales” si se considera que “la reproducción de la pobreza persiste en función del modo en que se organizan los factores de producción, distribución y consumo de bienes y servicios en sociedades capitalistas”.
En una columna de opinión publicada en el semanario “Brecha” el viernes 6, Mirza —asistente social con una maestría en Ciencia Política y que dirigió el Instituto Social del Mercosur— se refirió a los “desaciertos, tensiones y contradicciones de las políticas sociales” aplicadas por los gobiernos de “izquierda” de América Latina.
Uno de los puntos polémicos señalados por Mirza se refiere a las consecuencias que generan las políticas de transferencias monetarias aplicadas en la región. En Uruguay se llevan adelante este tipo de medidas por medio de la asignación familiar o la Tarjeta Uruguay Social.
Este tipo de transferencia genera un “problema” de “estigmatización y calificación peyorativa” hacia las personas pobres, escribió. “El razonamiento es simple: toda vez que se requiera una ayuda estatal, el individuo pobre deberá no solo dar cuenta de su propia condición (sometiéndose a innumerables pruebas, entrevistas duplicadas o multiplicadas, examen de las condiciones físicas o materiales de su vivienda) sino que, una vez incluido en el programa, tendrá que cumplir con las dos clásicas condiciones, las asociadas a la salud (controles médicos de los hijos o de los embarazos) y a la educación (matriculación y permanencia en las instituciones de enseñanza primaria y secundaria), por tanto estará sujeto a la ‘modificación’ de su conducta ciudadana”.
“Las condicionalidades de conducta suponen una manera de desnaturalizar los derechos sociales, transformándolos en obligaciones, lo que evidentemente es una contradicción con la propia definición de ciudadanía en sistemas democrático-republicanos”, afirmó.
Mirza indicó que los montos que se transfieren a los hogares pobres no son muy grandes —1% del PBI—, aunque para las familias pueden hacer la diferencia entre estar o no en la pobreza o indigencia. “Más aún, estas transferencias monetarias colocan a los individuos en una frágil y precaria situación por el temor a su pérdida, sea por incumplimiento de las condiciones de conducta o incluso si la mejora de sus ingresos netos los ubica por encima de la línea de pobreza o de indigencia”.