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    Por mayores gastos públicos, Un Solo Uruguay augura un “ajuste fiscal” con más impuestos y pide solución estructural a deudas

    “Continuará el proceso de extranjerización de todo el sistema de producción, no solamente del agro”, advirtió el vocero del movimiento, Marcelo Nogué

    La falta de medidas para una rebaja en el costo de los combustibles, la reciente designación del nuevo Directorio del Instituto Nacional de Colonización (INC) “sin representación social” y por “cuota política”, el aumento de los gastos del Estado por la creación de “estructuras” en organismos públicos y el no contar con “una política económica de afloje para las empresas uruguayas”. Esos asuntos, entre otros, concentran la mayor preocupación en el movimiento Un Solo Uruguay (USU), señaló a Búsqueda uno de los voceros de ese grupo, Marcelo Nogué, quien adelantó la intención de plantear al Poder Ejecutivo como medida para dar solución al endeudamiento de todo el esquema empresarial de un cupón cero, como en 2002.

    Debido al impacto de la crisis financiera de 2001 el gobierno del entonces presidente Jorge Batlle resolvió la emisión de bonos cupón cero para la refinanciación de las deudas del sector agropecuario con el Banco República.

    “Se precisan plazos para pagar las deudas y que eso permita recuperar la actividad, en caso contrario el cierre de empresas no parará”, advirtió Nogué.

    Planteó además que los voceros del grupo han sido “cuidadosos al hablar para no entrar en el tire y afloje entre oposición y oficialismo”. “Lo que tratamos de mantener es la coherencia con respecto a los planteos realizados desde el comienzo del movimiento”, aclaró.

    Mala señal

    Otra de las críticas del movimiento al gobierno apunta al recorte temporal de los salarios de los funcionarios públicos superiores a los $ 80.000 líquidos y a las jubilaciones de $ 100.000 líquidos, ante la necesidad de recursos para solventar los gastos por el impacto negativo de la pandemia del Covid-19.

    “El esfuerzo, entre comillas, que hicieron los sueldos más altos del Estado nos pareció corto, porque además el Poder Ejecutivo tenía la capacidad de al menos prorrogar por dos meses más, sin pedirle permiso a nadie, y optó por solo dos meses (abril y mayo)” de vigencia de esa medida, señaló Nogué.

    Se quejó también de que “mientras todo el pueblo uruguayo está bancando esto, o porque mucha gente perdió el empleo o porque los ganaderos tienen un impuesto durante un año, pensar que gente con ingresos muy encima de lo que es la canasta familiar no pueda seguir aportando, cuando tienen un puesto de trabajo asegurado de por vida, como son los empleados públicos, nos parece que es una muy mala señal”.

    Colonización

    Respecto a la integración del Directorio del INC, el vocero de los autoconvocados afirmó que son “muy críticos porque se perdió la representación social y, en definitiva, son cinco personas con antecedentes político-partidarios”.

    “En el caso de Rodrigo Herrero fue el representante de la oposición en el período anterior por el Partido Nacional, y José Amy por el Partido Colorado integró una empresa estatal (director de UTE desde 2015)”, dijo.

    Cuestionó que por eso “se perdieron los equilibrios y el espíritu de la ley de Colonización”.

    Mediante una resolución fechada el 15 de julio el Ministerio de Ganadería designó a Herrero y a Amy como miembros integrantes del Directorio del INC.

    Lo más llamativo y que causó el rechazo de USU y de la Mesa Nacional de Colonos es el nombramiento de Herrero, que fue propuesto por la Asociación Rural.

    De ser representante por el Partido Nacional en el Directorio anterior, Herrero ahora pasó a ser el delegado por las organizaciones de productores. Ese político nacionalista fue presidente de la Federación Rural, que había planteado al MGAP la designación en el INC del productor Ignacio Cabrera, de Durazno.

    La Comisión Nacional de Fomento Rural y la Asociación de Productores de Leche, que habían propuesto a Ramón Gutiérrez y a Juan Antonio Rodríguez, respectivamente, tampoco comparten la decisión del Ejecutivo.

    La Mesa de Colonos propuso al productor Andrés Briosso, de Colonia, para integrar el Directorio de Colonización.

    Competitividad

    Los autoconvocados solicitaron hace 20 días una reunión con la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y no han tenido respuesta hasta el momento, para hablar sobre el tema endeudamiento de todos los sectores, como la construcción, el agro, el comercio y el transporte, contó el vocero.

    Adelantó: “Le queremos plantear que Uruguay necesita entrar en un proceso para todo el esquema empresarial casi que de un cupón cero, como lo hubo en 2002”.

    “Es necesaria una solución estructural porque de lo contrario, con las medidas que estamos viendo, que es solamente la promoción de inversiones extranjeras con exoneraciones fiscales, el problema es que seguiremos en el mismo círculo vicioso”, se lamentó.

    Para USU, con el endeudamiento actual “la forma de salir de esto es la misma a la que se llegó en 2002, es decir que la gente tendrá que vender lo que tiene para pagar deudas”.

    “Y esa venta va a ser a manos extranjeras y continuará el proceso de extranjerización de todo el sistema de producción, no solamente del agro”, vaticinó Nogué.

    Afirmó a su vez que “no hay cambios relevantes en la política económica”, y que “para eso no hay que esperar al presupuesto, hay que empezar desde ya”.

    “Hay muchas cosas que hasta ahora no hay señales de que se vayan a cumplir, una de ellas es todo lo referido a competitividad; más allá de los efectos de la pandemia sobre la necesidad de acotar el gasto público, no se ven en otras áreas perspectivas de reducción en la medida en que hay un conjunto de nuevas direcciones, ministerios, entre otras estructuras”, consideró.

    Opinó que “lo único que uno ve es que van a seguir aumentando el gasto público”.

    “No estamos de acuerdo con lo que se está haciendo, porque los cambios no se están dando”, criticó.

    Dijo que en la Ley de Urgente Consideración está prevista la creación de “decenas de nuevas estructuras que van desde un ministerio hasta el fortalecimiento de oficinas y organismos ya existentes”.

    La decisión de que el Instituto de Carnes sea el que autorice las carnicerías en todo el país, establecida en esa legislación, “implica más inspectores, más viáticos, más teléfonos celulares, más vehículos”, entre otras cosas, cuestionó.

    Y aseguró que para el movimiento “si no hay una intención de bajar costos de forma importante, el ajuste fiscal vendrá por otro lado y en algún momento vamos a terminar con un aumento de los impuestos”.

    “Las medidas para reactivar la economía pasan básicamente por exoneraciones fiscales a inversiones extranjeras nuevas, eso implica que el Presupuesto Nacional, que no tiene perspectivas de bajar, vamos a tener que seguir bancándolo los que seguimos acá”, se quejó. Advirtió que “la presión fiscal sobre la población que hoy aporta va a aumentar, porque habrá que pagar más presupuesto”.