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La producción de cocaína alcanzó un record máximo en 2020 de 1.982 toneladas, un crecimiento del 11% respecto a 2019. Las incautaciones de la droga también crecieron en 2020 a un registro histórico de 1.424 toneladas. Los datos corresponden al Informe Mundial sobre las Drogas 2022 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), publicado el martes 28, y reafirman que el tráfico de cocaína se expandió definitivamente a escala global, con destinos sólidos en América del Sur, África y Asia y no solo en los principales mercados de América del Norte y Europa.
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En ese contexto América del Sur también es fundamental por ser el continente productor de la droga en Bolivia, Colombia y Perú, y por ser un ajetreado punto de tránsito. Brasil, Colombia y Ecuador son los tres principales países de salida de cocaína, según el documento de Naciones Unidas, que además menciona a Uruguay en un mapa mundial de tránsitos y envíos elaborado en función de los decomisos oficiales realizados durante el período 2016-2020.
Este rol de Uruguay fue consolidándose desde hace una década y obligó a distintos gobiernos a buscar una creciente cooperación internacional: con Estados Unidos a través de la Administración de Control de Drogas (DEA), con agencias especializadas regionales como la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay y ahora con la Organización Mundial de Aduanas y la Unión Europea, que lideran una iniciativa contra el crimen organizado y el narcotráfico en América Latina y el Caribe. Esta iniciativa está enfocada en el transporte de mercancías y personas en la aviación general, un sector que refiere a los vuelos civiles no comprendidos en la aviación de transporte regular comercial desempeñada por las compañías aéreas.
En 2020 Uruguay firmó un memorándum de entendimiento para ser un país beneficiario de esta iniciativa, denominado Proyecto Colibrí. El acuerdo fue liderado por la Dirección Nacional de Aduanas, aunque también otros organismos forman parte de las fases de capacitación del programa. El martes 14 se realizó en Montevideo una tercera etapa de formación a cargo de Sylvain Raymond, responsable del Programa Drogas y Precursores de la Organización Mundial de Aduanas. De la actividad participaron el director de la Dirección Nacional de Aduanas, Jaime Borgiani, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, el comandante del Comando Aéreo de Personal de la Fuerza Aérea, Alejandro Vilche, integrantes de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) de la Policía Nacional y el jefe de la Sección Política y Comunicación de la Unión Europea, Tomas Pospisil.
En instancias anteriores participaron el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Luis Heber de León, y el director de la Secretaría de Inteligencia del Estado, Álvaro Garcé, quien insistió entonces en “consolidar el Estado de derecho” con “acciones en la lucha contra el crimen organizado”, para lo cual es necesario el intercambio de información porque los grupos criminales cuentan con “todos los medios disponibles”.
La presencia de cinco instituciones públicas muestra la inquietud del gobierno por controlar una vía de tránsito de difícil monitoreo para el país, para lo cual pretenden mayor coordinación en puntos de frontera entre la Fuerza Aérea y la Policía Nacional.
Aunque casi el 90% de la cocaína incautada en el mundo en 2021 fue traficada en contenedores o por mar y el Puerto de Montevideo es una escala fija de cargas de droga, los vuelos narcos informales que provienen desde Paraguay, Argentina y Brasil son continuos. Habitualmente se hacen a través de avionetas que arrojan el producto desde el aire o prácticamente no detienen su marcha al aterrizar. Gran parte de esa droga es producida en Bolivia y termina justamente en el Puerto de Montevideo con destino a África y Europa.
En enero la Jefatura de Policía de Rivera realizó la incautación de cocaína más grande de su historia al descubrir 330 ladrillos de droga con un peso de 340 kilos escondidos entre rolos de leña en un predio ubicado en el kilómetro 336 de la Ruta 26, en Tacuarembó. Según la investigación, el producto provino desde una avioneta en Brasil que aterrizó en una pista clandestina en un campo de Rivera y luego fue acopiado en otro predio para que un camión lo traslade. Se especula que el destino final era el extranjero con un precio aproximado de US$ 10 millones.
El interés de Uruguay en el Proyecto Colibrí radica fundamentalmente en una aplicación denominada Geoportal, una base de datos y un canal seguro de comunicación que permitirá compartir información con el fin de facilitar el control y la supervisión de la aviación mediante la identificación de aeronaves y la geolocalización con el sistema de posicionamiento global (GPS). “La tecnología puede ayudar a los servicios especializados a supervisar las actividades de la aviación general, incluidos los vuelos clandestinos, mediante la señalación sobre mapas de incidentes, como incautaciones y accidentes de aviación, realizando un seguimiento de los vuelos en la medida de lo posible y recopilando información”, dice parte de la definición de la Organización Mundial de Aduanas.
La herramienta se compone de un portal web, un sistema de gestión de la documentación y una aplicación móvil para consultar y añadir información en el terreno. Fuentes oficiales dijeron a Búsqueda que la intención es utilizar la plataforma contra el tráfico de cocaína en la aviación privada y deportiva, especialmente para “mejorar el control” de empresas privadas dedicadas a la aviación recreativa y de placer. Añadieron además que este tipo de colaboraciones internacionales contra la droga necesita “un desarrollo prudente” porque debe generarse “total confianza” entre todas las agencias y organismos involucrados.
