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Aunque faltan casi seis meses para el cambio de gobierno, hacia marzo del 2020 se perfila un escenario económico con ciertos desafíos para las futuras autoridades. La actividad productiva se encuentra virtualmente estancada desde hace algunos trimestres y varios sectores están en recesión; se han perdido puestos de trabajo; y las cuentas públicas registran un desequilibrio creciente. Es posible que antes y después de las elecciones generen algo de dinamismo las obras del Ferrocarril Central y los primeros movimientos para la construcción de la nueva planta de celulosa de UPM en Durazno, así como algunos proyectos de infraestructura, lo que crearía empleos y generaría más recaudación tributaria. Pero, por otro lado, el contexto externo, y en particular el regional, platea interrogantes de cara al próximo período.
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Se trata de una coyuntura que los aspirantes a presidente de la República y sus equipos de asesores en el área económica tienen incorporada en las agendas de trabajo. Entre los tres partidos que recogen mayor intención de voto en las encuestas para octubre hay cierta coincidencia en que será necesario encarar varios de estos desafíos si les toca gobernar a partir del año próximo, aunque de sus programas y discursos de campaña surgen diferencias respecto a cómo y el momento para hacerlo.
Para el candidato por el Frente Amplio, Daniel Martínez, “no existen tres medidas prioritarias, sino que lo importante son las orientaciones de la política económica”, según señaló al responder a la pregunta de Búsqueda sobre cuáles serían las tres medidas prioritarias en el área económica en caso de que asuma la presidencia en marzo de 2020.
La actividad productiva se encuentra virtualmente estancada desde hace algunos trimestres y varios sectores están en recesión; se han perdido puestos de trabajo; y las cuentas públicas registran un desequilibrio creciente.
“Mencionaría en primer lugar la necesidad de relanzar la economía mediante el impulso a la inversión y a trabajos de calidad. Para ello tenemos un paquete de medidas que van desde un conjunto de apoyos a las mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) hasta un plan para recapacitar 400.000 trabajadores”, indicó.
“Una segunda gran orientación tiene que ver con la corrección de la trayectoria del gasto público, comenzando por la necesidad de llegar a un acuerdo nacional con relación al déficit de la seguridad social”.
Con un déficit anual que actualmente bordea el 5% del Producto Bruto Interno (PBI), la cuestión fiscal es una preocupación que comparten varios de los candidatos que están adelante en las encuestas de intención de voto. Pero la semántica que utilizan difiere, y también las medidas que proponen para tratar de abatir el desequilibrio en las cuentas públicas.
Por otro lado, el candidato por el oficialismo mencionó como otra prioridad, sin entrar en detalles, la “necesidad de reforzar las capacidades regulatorias del Estado, especialmente con relación a los sectores no transables de la economía”.
Con un déficit anual que actualmente bordea el 5% del Producto Bruto Interno (PBI), la cuestión fiscal es una preocupación que comparten varios de los candidatos que están adelante en las encuestas de intención de voto.
El postulante por el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, dio una respuesta breve. Se refirió como una prioridad de un eventual gobierno encabezado por él bajar el déficit fiscal “mediante ahorro” y, relacionado con eso, establecer una “regla fiscal”. Como tercera medida en el área económica señaló hacer un “fuerte fomento” a las mypimes.
El colorado Ernesto Talvi mencionó como primera medida a tomar en materia económica si fuera presidente el establecimiento de una “regla fiscal de balance estructural para disciplinar al gobierno en lo que puede gastar año a año”. Lo describió como un “dispositivo legal-institucional que le permita al país ahorrar en tiempos de vacas gordas para poder afrontar tiempos de vacas flacas sin tener que recurrir a ajustes fiscales, endeudamiento y atraso cambiario, un repertorio conocido y letal para la economía”.
En segundo lugar, se refirió a la “profesionalización del funcionamiento de las empresas del Estado. Queremos directores profesionales con unidades reguladoras independientes que fijen tarifas públicas que respondan a costos de empresas eficientes” y permitan al sector privado “competir y generar empleos” genuinos.
Su tercera medida sería “reactivar la cadena agropecuaria y agroexportadora, que es el gran motor de la economía nacional”.
