El teléfono del presidente de la Suprema Corte de Justicia no para de sonar. Son días agitados porque, por primera vez, los jueces consideran seriamente la posibilidad de iniciar una huelga. El conflicto se debe a un abultado adeudo salarial que el Poder Ejecutivo mantiene con los magistrados por un “enganche” con el sueldo de los ministros de Estado que se arrastra desde la aprobación del Presupuesto en 2010.
Jorge Larrieux ha participado de varias reuniones con jerarcas del Poder Ejecutivo para negociar una salida al diferendo, aunque en los últimos días no luce optimista sobre la posibilidad de que se arribe a una solución que satisfaga a los jueces.
El alto magistrado considera que si bien el adeudo salarial se originó en un “error” del Poder Ejecutivo, el gobierno debe cumplir porque “el derecho a una justa remuneración de los magistrados como titulares de un poder del Estado, forma parte de una garantía básica del Estado de derecho”.
“Parece una contradicción que este poder que tutela los bienes más preciados del ciudadano, su libertad, su patrimonio, su familia, su honra y por ende está revestido de una fuerte dosis del poder estatal, de la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, sea el más débil en cuanto a sus posibilidades y decisiones económicas”, reflexionó en diálogo con Búsqueda.
“El cumplimiento de la ley —en términos generales— no es otra cosa que asegurar el Estado de derecho y, para el caso, la independencia de los magistrados”, añadió.
Larrieux se molesta con cifras que han manejado algunos jerarcas de gobierno en entrevistas de prensa y sostiene que el adeudo con los magistrados es “mucho menos de lo que se habla”. Según un cuadro que prepararon los servicios administrativos de la SCJ, para cubrir un aumento del 21,6% a los 4.623 jueces, actuarios, defensores y funcionarios judiciales se requiere un aporte de $ 60 millones mensuales. Si a ese monto se le quitan las cargas sociales, que es una propuesta que manejan algunos ministros de la Corte, el monto disminuye a $ 43 millones.
Sin el aumento que reclama el Poder Judicial, un ministro de la Corte gana $ 140.852 nominales por mes, sin contar los casi $ 36.000 de compensaciones especiales para vivienda y partida académica. Un juez de Paz Rural, en tanto, percibe $ 30.656 nominales y más de $ 9.000 por concepto de compensaciones (ver cuadro).
Voluntad.
Desde el gobierno se insiste en que hay voluntad política de cumplir con los jueces, aunque advierten que existen dificultades “jurídicas y económicas” para hacerlo.
El secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, dijo al programa “En Perspectiva” de radio El Espectador que “el Poder Ejecutivo tiene voluntad de pagar, no tiene voluntad de seguir con un litigio en forma indeterminada”, con los magistrados.
Pero a su juicio no es sencillo porque se requiere una nueva norma que destrabe la situación y habilite el pago de los fondos. Es que después de el “error” de aumentar el salario de los ministros de Estado sin tener en cuenta que desataría una suba salarial en otras áreas, el Frente Amplio aprobó dos leyes que intentaban corregir la situación. Sin embargo, en ambas ocasiones la SCJ las declaró inconstitucionales.
“De repente precisamos una norma habilitante. Son varios colectivos que han recurrido, unos recurrieron la primera ley, otros la segunda, otros han iniciado cobro de pesos y otros no. Es más, cuando una ley cae por inconstitucional es para el caso particular, entonces a los magistrados que no hicieron acción de inconstitucionalidad contra las primeras normas no les correspondería. Pero no es la voluntad del Poder Ejecutivo discriminar y pagarles solo a los que recurrieron. Ese es uno de los motivos por los que pienso que se precisaría una norma habilitante”, declaró.
El secretario de la Presidencia se quejó de que sean los jueces quienes, en definitiva, resuelvan sobre su propio salario, porque no son “objetivos” al hacerlo.
“Estas normas las hicieron técnicos competentes y creo que el Poder Ejecutivo tenía razón. Ahora no estoy dispuesto a discutirlo jurídicamente, porque los jueces son los que juzgan no solo la inconstitucionalidad, sino el eventual cobro de pesos también. Entonces no tiene sentido. No estoy atribuyendo malas intenciones, sí digo que es muy difícil ser objetivo cuando está el salario de los muchos magistrados en esto”.
“Funciones esenciales”.
El ministro de Trabajo, Bayardi, agregó leña al fuego cuando declaró que los magistrados no pueden hacer paro porque los tribunales deben funcionar.
“El Poder Judicial tiene funciones esenciales y no es sustituible; si para, es como si paráramos los ministros o los legisladores”, afirmó al diario “El País”. En función de eso, el secretario de Estado dijo que el gobierno está siguiendo el tema “muy de cerca” y “con todas las instancias de negociación abiertas”.
El presidente de la Corte reaccionó frente a estos comentarios. Larrieux dijo a Búsqueda que “a nadie puede extrañar que los jueces consideren ejercer el derecho de huelga” si son tratados “como funcionarios públicos y no como titulares de un poder del Estado”.
En este contexto, los magistrados continúan adelante con una batería “gradual” de medidas que incluye aquellas “más extremas” como la huelga si no obtienen respuesta a sus reclamos.
En un comunicado que leyó el presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, Ricardo Míguez, el lunes 17 en la sede de la gremial, los jueces se declaran “en estado de asamblea extraordinaria permanente y en grave conflicto con el Poder Ejecutivo en virtud de su contumaz e ilegítima negativa a cumplir con la ley y dos sentencias judiciales” de inconstitucionalidad.
Señalan que, atentos al “principio de gradualidad”, irán “ajustando la intensidad” de las medidas a adoptar en función del resultado de las negociaciones con el gobierno. “De no surgir novedades concretas y favorables sobre el pago, manejar la adopción de las medidas gremiales que correspondan, incluyendo las más extremas”, advierten.
Si el lunes 24 no hay ningún tipo de respuesta a sus reclamos, ya tienen resuelto realizar una “concentración y marcha masiva de magistrados de todo el país en Montevideo el miércoles 26”.
Asimismo, se mandata a la asamblea a tomar las siguientes medidas: suspensión de audiencias, suspensión del dictado de decretos de trámite y sentencias, paro total de actividades.
Los jueces aclaran que cualquiera de estas medidas se hará tomando en cuenta el “mantenimiento de guardia gremial en las materias sensibles” como penal o violencia doméstica, en las que puedan estar en juego la “vida, salud o seguridad” de la población.
Con este mar de fondo otros gremios que también se consideran “enganchados” al aumento salarial han resuelto tomar medidas de fuerza en los últimos días. Los funcionarios judiciales realizaron ayer miércoles un paro de actividades, los actuarios indicaron que, salvo algunas excepciones, no van a tramitar expedientes en los que el Estado esté involucrado y los fiscales se declararon en asamblea permanente. Los registrales, por su parte, mantienen un violento conflicto que ha determinado el enlentecimiento de las inscripciones de miles de negocios y la queja de los escribanos.
