Primera veintena de auditorías a municipios alertan “debilidades” en controles financieros internos y apartamientos normativos

Los hallazgos hechos hasta ahora advierten problemas muy similares, según la lectura que hizo Búsqueda. De hecho, casi todos los informes aprobados por los ministros del tribunal terminan de la misma forma: “Se concluye que el sistema de control interno implementado presenta debilidades en las actividades de control, información financiera y cumplimiento de normas legales”. Y como recomendación, añaden de manera genérica que “se deberán adoptar las medidas pertinentes a los efectos de subsanar los incumplimientos legales y las debilidades de control interno”.

En el Municipio de Guichón, además de varias de esas fallas, no existe registro de control para la realización de las horas extras del personal y las liquidaciones, en algunos casos, excedieron los topes establecidos por el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo; lo mismo ocurre en Quebracho, otro municipio sanducero auditado. Entre otras disposiciones, ese tratado limita las horas de trabajo a 48 por semana y ocho por día.

En Villa Carmen, lo que hace el municipio es, a principios de mes, informar a la intendencia de Durazno sobre los funcionarios y las horas extras que realizarán en el mes, lo cual “no se condice con el concepto de hora extra, ya que son planificadas”, señala el informe. No es el único problema detectado allí: los recursos financieros establecidos en el programa presupuestal son administrados por la comuna, en contravención de las normas, a la vez que cuenta con una “caja chica” de $ 10.000 creada por el Ejecutivo departamental y puede ser respuesta solo una vez al mes. Eso último también se constató en Sarandí del Yí.

Ni en esos dos municipios ni en varios otros los auditores pudieron verificar la presentación de la declaración jurada de bienes e ingresos por parte del alcalde, los concejales ni los suplentes ante la “Junta Anticorrupción”.

En Belén, el municipio no abrió una cuenta bancaria a su orden sino que utiliza para su funcionamiento la cuenta personal del alcalde para mantener los fondos depositados por la intendencia. Tampoco constituyó Fondo Permanente ni “caja chica” para el manejo del dinero de gastos o inversiones, sino que utiliza un sistema de adelantos a rendir. Otro problema es que contrata directamente y no realiza la afectación previa del dinero, lo que impide conocer la disponibilidad presupuestal en el momento del compromiso del gasto.

Esa auditoría señala además que no existe una adecuada separación de funciones, y los encargados del manejo de fondos efectúan “todas las tareas relativas al manejo de fondos y trámites correspondientes a la intendencia”. La ausencia de manuales de procedimientos al respecto es, también, algo frecuente en varios otros municipios.

En Rincón de Valentín y en Vichadero, en Rivera, ni el alcalde ni los funcionarios rinden cuenta por sus viáticos. Tampoco se llevan registros de control de uso de los vehículos municipales.

El Municipio de José Pedro Varela contravino artículos del texto de administración financiera (Tocaf) al no depositar íntegramente la recaudación y hacer pagos con esos fondos, entre otros apartamientos normativos, como la ausencia de solicitud de más de una cotización al realizar una compra. Asimismo, hizo contrataciones con empresas no inscriptas en el Registro Único de Proveedores del Estado.

En el Municipio de Carmelo se identificaron órdenes de compra de gastos ejecutados y pagados sin las firmas exigidas del alcalde y dos concejales. También hubo gastos en forma previa a emitir la orden de compra, es decir, sin tener la autorización del ordenador competente, entre otros varios problemas.

En Arbolito y Noblía, dos municipios de Cerro Largo, no se efectúan arqueos periódicos en las oficinas que manejan fondos.

En algunos municipios, como el de La Paloma, en Rocha, se constató un atraso en el pago de obligaciones “al mes de agosto 2022, existiendo facturas impagas del ejercicio anterior”. Similar situación se verificó en Castillos, donde además “no se registran en el sistema contable la totalidad de los movimientos de las cuentas de Caja y Banco”.

Formalidades

En otros, además de los problemas en el manejo financiero, tienen algunos de tipo formal. En General Enrique Martínez, el Concejo Municipal no siempre sesiona cada 15 días como exige la Junta Departamental de Treinta y Tres. En Tranqueras, Rivera, determinados temas son aprobados sin indicar la mayoría por la cual se tomó la decisión y los funcionarios intervinientes en las sesiones del Concejo no firman las actas, entre otros apartamientos a las normas. En algunos municipios no se hizo la audiencia pública anual que se les exige a estos órganos de gobierno departamentales. En Tranqueras no se rinde cuentas anualmente por la aplicación de los recursos recibidos para la gestión municipal.

Otras falencias que se repiten en varios municipios auditados es la ausencia de un inventario actualizado de la mayoría de los bienes, así como de un registro de altas, bajas y existencias. También carecen de seguros de caución de fidelidad, robo y transporte de efectivo en caso de cajeros subrogantes.

Hubo dos casos donde el informe del TCR se cerró con una conclusión positiva, señalando que “no se constataron debilidades en el sistema de control interno implementado ni en las actividades de control, información financiera y cumplimiento de normas legales”. Fueron los municipios maragatos de Rodríguez y de Ciudad del Plata.