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El cambio de líder en el equipo de Fitch Ratings que sigue a Uruguay se procesó hace pocas semanas, mientras surgían algunas novedades en el país. Una usual —el proyecto anual de Rendición de Cuentas aumentando el gasto presupuestal— y otras más estructurales: la confirmación de la negociación de un tratado de libre comercio (TLC) con China y la presentación de una iniciativa para reformar la seguridad social.
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Carlos Morales, director en el equipo de soberanos de Latinoamérica de esa calificadora, asumió el rol de analista principal desde la más reciente revisión de la nota de la deuda soberana uruguaya: ratificó el “BBB—” con perspectiva “estable”. Esa posición la ocupaba Todd Martínez.
Consultado por Búsqueda, Morales, un economista mexicano que en la década pasada fue director adjunto de Planificación Económica del Ministerio de Finanzas de su país, consideró que la Rendición de Cuentas “mantiene el objetivo de reducir el déficit fiscal consistente con una trayectoria estable” de la deuda como porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI o PIB), en línea con las proyecciones de Fitch. También quedaron virtualmente alineadas las estimaciones de crecimiento del PBI de Uruguay para este año: las autoridades prevén una expansión de 4,8% y la calificadora, de 4,7%. Hacia delante, sin embargo, los números difieren, ya que el gobierno proyecta que el PBI converja a una tasa de crecimiento de 2,5% anual, “un tanto por encima” del 2% esperado por Fitch, matizó Morales.
Sobre la base de esa dinámica de la actividad económica, que redundaría en mayor recaudación, el Poder Ejecutivo propuso en la Rendición ampliar el gasto en US$ 226 millones en 2023, que equivalen a 0,4% del PBI. “Este nuevo gasto está siendo acompañado por una inflación mayor a la esperada que beneficia las cuentas públicas, ya que aumenta los ingresos de inmediato pero los egresos (lo hacen) con más rezago. Por esto, no proyectamos que el efecto neto sea un deterioro significativo del déficit público y una mayor razón entre la deuda a PIB en el corto plazo”, evaluó el analista de Fitch. Según la agencia, la inflación seguirá “elevada” y superando el rango meta del Banco Central “en el 2022-2023”.
Impuestos y déficit
En su último informe el Consejo Fiscal Asesor —creado en el marco de la nueva institucionalidad fiscal —recomendó al gobierno “adoptar un criterio de prudencia a la hora de evaluar medidas de política económica con impacto permanente en el gasto y/o en los ingresos”. Los consejeros marcaron como un riesgo que se instale “la idea de que la mejora cíclica de la economía induce una mayor disponibilidad del espacio fiscal para aumentar el gasto permanente”.
Para el analista de Fitch, la Rendición de Cuentas contiene un aumento del gasto permanente para los próximos años que es “moderado” e “implica un crecimiento del gasto menor al PIB. La regla del balance estructural debe ayudar para evitar un sesgo procíclico de la política fiscal”, que fue su característica en el pasado. “Sin embargo, la nueva regla fiscal por sí misma no asegura esto, en parte porque es difícil de estimar. Por esto, el Consejo Fiscal Asesor tiene una importante responsabilidad, y lo vemos cumpliendo su objetivo con esta advertencia”, dijo desde Nueva York.
En marzo, en el Parlamento, el presidente Luis Lacalle Pou anunció la decisión de aliviar la carga impositiva personal —del IRPF y el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social— desde 2023 si la economía este año crece, tal como espera, por encima de 3,8%. “Esta promesa es un ejemplo de presiones políticas que enfrenta el gobierno e impiden una mayor consolidación fiscal. Una mayor disminución del déficit fiscal resultaría en una senda decreciente de la deuda/PIB, lo cual hemos señalado como positivo para la calificación soberana de Uruguay. Sin embargo, el gobierno ha mostrado compromiso con sus metas fiscales, y asumimos que implementará las medidas fiscales necesarias para no comprometer sus metas”, indicó Morales.
Reforma previsional
El sistema político empezó a analizar la propuesta de reforma de la seguridad social presentada por el Poder Ejecutivo. Lacalle Pou entregó un anteproyecto a los líderes de los partidos de su coalición y al Frente Amplio. Se proyecta que con las modificaciones planteadas —como un aumento gradual de la edad de retiro— el incremento del déficit se frene. Esa es también la expectativa de la calificadora: “Los cambios paramétricos incluidos en la reforma pensionaria mejorarían la sostenibilidad fiscal de mediano plazo. La aprobación de la reforma también es relevante para nuestra evaluación cualitativa de la calificación de Uruguay. La solidez institucional del Uruguay es una de sus principales fortalezas crediticias. Por tanto, la capacidad del gobierno para avanzar en temas fundamentales, como la reforma de pensiones, será una prueba de dicha fortaleza”. Acotó, no obstante, que la implementación será gradual, por lo que no se espera que la reforma “resulte en una reducción significativa en los gastos en pensiones en el corto plazo y ayude a la consolidación fiscal durante los próximos años. Además, los pasivos por pensiones podrían crecer en los próximos años debido a su indexación a los salarios, ya que el gobierno ha prometido una gradual recuperación salarial real”.
Mientras el oficialismo parece alineado respaldando la propuesta, el Frente Amplio puso en manos de un equipo técnico el análisis del texto que le entregó Lacalle Pou el 29 de julio en la sede de la coalición de izquierdas. ¿Qué importancia le da al hecho de que el proyecto tenga, o no, un respaldo político importante?, le preguntó Búsqueda a Morales. “El gobierno solo requiere del apoyo de la bancada oficialista si quiere pasar el proyecto de pensiones (por el Parlamento), por lo que su apoyo inicial es positivo para el proyecto de ley. Sin embargo, estamos en la etapa inicial de la discusión” y “es difícil prever si contará con el respaldo de la oposición. Un respaldo político amplio siempre es mejor para una reforma en cualquier país, ya que implica bajos riesgos de algún revés ante cambios del gobierno. Este riesgo es bajo en el caso de Uruguay, debido a su tradición de continuidad en las políticas económicas a pesar de cambios” de partido en el poder, añadió.
