Proteger o no proteger: así está el debate

La marcha atrás del MEC se produce en medio de quejas de autores y creadores de diferentes áreas de la cultura que mostraron su discrepancia en las redes sociales y en cartas públicas. “Es una contradicción que al tiempo que se nos destaca a nivel internacional por la aprobación de algunas leyes de neto cuño progresista, que mientras bregamos por ampliar y democratizar el acceso de la sociedad a los bienes culturales, las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura realicen un planteo tan profundamente conservador”, dice una carta impulsada por diversos artistas.

Si alguien quiere usar una obra que pasa a dominio público tiene que pagar al Estado a través del Consejo Nacional de Derechos de Autor. El dinero se deriva hacia el Fondo Nacional de Música (Fonam) o hacia la Comisión Fondo Nacional de Teatro (Cofonte), según corresponda. Por las obras literarias o de artes plásticas no se paga. Si hay modificación de la obra, por ejemplo por una adaptación, la ley establece que 50 por ciento va para el adaptador y 50 por ciento al Estado. La ley también establece que el Consejo de Derechos de Autor cada tanto homologa las tarifas de Agadu para aplicarlas al dominio público.

Otras organizaciones difundieron su malestar por el artículo 218, a través de una convocatoria difundida en Internet a la que adhirieron, entre otros, la FEUU, Radio Mandinga, Wikimedia Uruguay e Iluyos (ilustradores de literatura infantil uruguayos), en ella afirman: “El artículo 218 no guarda ninguna relación con el objetivo de garantizar un nivel de vida digno a los creadores. Los beneficios directos de esta legislación tampoco irán al público o a la sociedad en general. Los uruguayos nos veremos privados del acceso libre a casi toda la cultura realizada en el último siglo (...) Mientras los beneficiarios de la ley no serán los creadores ni el público, sí en cambio lo serán las empresas discográficas agrupadas en la Cámara Uruguaya del Disco, que incluyen a multinacionales como Universal Music, Warner Music, Sony Music y Emi Music”.

Los que aún están vivos.

Quienes se oponen a los cambios en la ley vigente se han preguntado, con diversos grados de violencia, de quién fue la iniciativa. Como todo apuntaba a la Cámara Uruguaya del Disco (CUD), Búsqueda conversó al respecto con su presidente, el músico y compositor Mauricio Ubal, integrante del sello discográfico Ayuí-Tacuabé.

La primera sorpresa fue constatar que la CUD no tuvo la iniciativa de modificar la ley que todos discuten, sino de introducir un artículo que protegiera las primeras grabaciones o fonogramas que pasarán a dominio público este año o en los años próximos. Varios creadores que aún viven y están en actividad perderían el derecho sobre la obra publicada hace 50 años, que pasaría a dominio público. “Cualquiera puede venir y grabarlas o hacer una ensalada y mezclar canciones”, explicó Ubal. Lo que se pierde al pasar los 50 años es el dominio que sobre la grabación tiene el autor o el sello discográfico y no es lo mismo que el derecho de autor.

“Personalmente estuve haciendo gestiones porque este año se termina el plazo de la protección de los primeros dos discos de Daniel Viglietti. Comenzamos una serie de reuniones junto con la asociación de Intérpretes (Sudei), Agadu y el MEC. El ministro entendió perfectamente que es absurdo que un cantante activo como Viglietti pierda los derechos sobre sus primeros discos”.

Según Ubal, el acuerdo con Ehrlich fue que se propusiera en la Rendición de Cuentas extender la protección de grabaciones o fonogramas a 70 años a partir de su publicación. Pero el artículo acordado desapareció de la Rendición de Cuentas. “Hoy en día estamos en esta situación. Por alguien que no sabemos quién fue, se quitó el mensaje original que salió del MEC. Alguien cambió lo que el propio ministro entendió que era correcto”.

Sobre la pertinencia de presentar esta modificación por medio de la Rendición de Cuentas, Ubal explicó que en este momento era ese el camino para hacerlo. “Hace tiempo que venimos haciendo reuniones y seguimos el recorrido natural frente al MEC para que llegara al Parlamento. No fue algo metido a prepo. En verdad, si tuviera que volver a hacerlo lo haría diez veces de la misma manera”.

Para Ubal el alargamiento del plazo de protección no perjudica a nadie en particular, salvo a los autores. En este caso perjudica en concreto a Viglietti porque además es el productor de esos discos y le dio a Ayuí una licencia. “También este año pierde la protección el primer disco de Los Iracundos, y el año que viene los primeros de Zitarrosa. Después serán los de El Sabalero, los de Mateo o de Rada”. En algunos casos, esos discos son propiedad del artista, en otros, de sellos discográficos.

“Toda la región y buena parte del mundo ya estableció los 70 años de protección de los fonogramas. Se trataba de acompasar esa situación. No me explico por qué el Ministerio sacó ese artículo. Vamos a tratar de revertir la situación porque no perjudica la accesibilidad del público a esos materiales y sigue protegiendo a los artistas”.

Sobre la discusión y las protestas que se dieron en estos días a raíz del artículo 218, Ubal piensa que hay algo de lo que nadie habla: “Hay corporaciones muchísimo más poderosas que las discográficas y son todas las relacionadas con Internet que están tratando de bajar la protección a los derechos de autor. De esta forma, como hacen mucho dinero con el tráfico, y la música es prácticamente el 90 por ciento de ese tráfico, no controlan y pagan muy poco. Entonces es curioso que se dé esta protesta y nadie hable de esto”.

Sobre la desaparición del artículo que la CUD negoció con el MEC, Ubal se siente decepcionado y dice que si él llega a los 70 años, perderá los derechos sobre “A redoblar”: “Parece una penalización hacia un artista por haber vivido y seguir cantando. Es como decirle ‘ahora jodete, ahora te sacamos los derechos sobre tus propias obras y grabaciones mientras seguís en actividad’. Es insólito y difícil de digerir que afecte a un símbolo como Viglietti en un gobierno de izquierda. También es difícil de entender que en el ministerio nos hayan dicho: ‘Alguien tocó ese artículo y no sabemos quién fue’”.