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La vicepresidenta Lucía Topolansky recibió esta semana, en su calidad de presidenta de la Asamblea General, un proyecto de ley del Poder Ejecutivo —firmado por todos los ministros y el presidente Tabaré Vázquez — que propone prohibir durante cuatro años la técnica de fractura hidráulica (fracking) en la extracción de hidrocarburos no convencionales. La medida se complementa con la creación de la Comisión Nacional de Evaluación Científica y Técnica que en ese período de tiempo deberá estudiar en profundidad la conveniencia o no de la aplicación de ese método en Uruguay.
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El fracking es fuertemente cuestionado por organizaciones sociales como el Movimiento Uruguay Libre, que desde hace años milita por su prohibición. También genera inquietudes en el ámbito político. El diputado del Partido Nacional Gerardo Amarilla, por ejemplo, presentó un proyecto de ley para prohibir la técnica.
En este tercer gobierno del Frente Amplio, el presidente Tabaré Vázquez y la ministra de Industria, Carolina Cosse, hicieron saber su opinión contraria a la aplicación del fracking. El director de Minería y Geología de esa cartera, sin embargo, afirmó en el Parlamento que no está de acuerdo con “prohibir ninguna tecnología” (Búsqueda Nº 1.922).
El fracking emplea inyecciones de agua a alta presión para fracturar la formación geológica. Según detalla la exposición de motivos del proyecto de ley, la contaminación de acuíferos y aguas superficiales, los volúmenes de agua utilizados, el empleo de sustancias químicas que afectan la salud, el manejo de las aguas recuperadas del proceso de fractura, el incremento de emisiones de gases de efecto invernadero y la generación de microsismos, son algunos de los cuestionamientos y efectos que se le adjudican a la aplicación de la técnica. Del mismo modo, el texto señala que hay experiencias en las que se constata la aplicación del fracking sin “daños ambientales inadmisibles”.
En esa argumentación inicial, el Poder Ejecutivo recuerda que en Uruguay no hay proyectos que planteen el uso de fracking.Al mismo tiempo, recuerda que según información manejada por Ancap, hay potencial de existencia de hidrocarburos no convencionales en la cuenca norte.Esa posibilidad, entienden, “requiere que se tomen todas las providencias para que, en caso de que se planteara su extracción, existan los conocimientos y las técnicas que eviten daños ambientales irreversibles”.
El conocimiento actual —tanto sobre las características de los recursos de Uruguay como sobre la técnica de fracking y sus posibles consecuencias— es, a su juicio, “parcial, atomizado, y no sistematizado”.
“Este plazo permite realizar los relevamientos y las consultas necesarias, preparar informes, asesorar a las instancias de gobierno en el tema e informar al próximo gobierno nacional para considerar el levantamiento de la moratoria o una prórroga de la misma”, afirma.
La Comisión Nacional de Evaluación Científica y Técnica, según establece el artículo 3º del proyecto, funcionaría en el ámbito del Ministerio de Industria. Su integración se conforma con cinco miembros (titulares y alternos) de diferentes organismos: uno del Ministerio de Industria que presidirá el ámbito, uno del Ministerio de Vivienda, uno de la Universidad de la República, uno del Congreso de Intendentes y uno de la Academia Nacional de Ciencias. La Comisión puede, si lo estima necesario, invitar a participar a representantes de otras instituciones u organizaciones.
El Ministerio de Industria es también el encargado de proveer a la comisión de los recursos materiales y humanos necesarios para su funcionamiento. El proyecto de ley le da a esta comisión la potestad de dirigirse directamente a organismos estatales, paraestatales o privados para pedir la información que considere necesaria. También la habilita a requerir que se realicen estudios de campo y de laboratorio, informes y análisis, y la consulta a especialistas en Uruguay o el extranjero.
Entre los cometidos que se le encomiendan, la comisión debe presentar un informe de evaluación final antes de que venza el plazo de la prohibición.
