Proyecto para legislar residuos es una norma “apresurada”

El 13 de agosto el Senado aprobó con media sanción la iniciativa legal. El impuesto se impone sobre el valor del producto y el destino de ese dinero va a Rentas Generales y luego se distribuye. En cambio, con la tasa, todo lo que se recauda va para el fin que se proponga, que en este caso sería el sistema de recolección, por ejemplo.

Por su parte, Luis Horta, presidente de la Cámara de Empresas Gestoras de Residuos del Uruguay (Cegru) comentó durante la apertura de un evento organizado por Cegru Hacia políticas de Estado Ambientales: la gestión de residuos en Uruguay, que se realizó el 26 de agosto, que contar con una ley de residuos le hace “bien al país” pero que aún resta “discusión” por delante. Planteó que el tema de “la financiación y el tema de impuesto sí y tasa no, o impuestos no y tasa sí” aún no están cerrados. “Está bueno que en los partidos se siga dando esa chance de seguir afinando esa ley que, en el caso de salir,  puede ser un instrumento bien importante para que toda la gestión de residuos y las políticas que se llevan adelante, los planes y la bajada a tierra, sean de forma racional y de forma que le hagan bien al país”, indicó Horta.  

“Creemos que esta norma es apresurada, debió haber requerido un análisis más profundo de todos los sectores, no solo industriales sino también los afectados. Si bien de alguna forma se le dio participación al Ministerio de Desarrollo Social y al Ministerio de Trabajo, en realidad la participación no ha sido tan activa como para poder cuidar esos sectores desprotegidos. Hemos presentado muchas notas en Dinama y percibimos que desde el 2012 —cuando nos convocaron para la discusión de los propósitos de la ley— todo ha resultado un monólogo, no han cambiado en nada los propósitos iniciales. Sostenemos que hay una finalidad recaudatoria”, dijo a Búsqueda el abogado Jorge Pereyra, vocero de la AUIP.

Cempre solicitó reuniones con los profesionales de Dinama para tratar estos temas pero no ha obtenido respuesta. Incluso los invitaron a eventos para discutir la ley, pero no han acudido.

Por otra parte, en cuanto a la oportunidad para educar, Pereyra opina que la norma no promueve “cambio de hábitos” porque “repite” lo que viene de antes, una “obligación genérica”.

No deroga envases

Para Pereyra, unos de los puntos determinantes es que actualmente no está claro si la ley de envases se deroga con la nueva de residuos o no, ya que no existe ningún elemento que lo indique. Afirma que si la ley de residuos se aprueba tal como está, la ley de envases continuará vigente dado que el Imesi no sustituye a la otra forma de recaudación, como es la tasa del 180% determinada por el Ministerio de Economía.

Según explicó, desde el punto de vista técnico-jurídico el proyecto que el Poder Ejecutivo mandó al Senado en junio de 2018 sobre la ley de residuos, establecía en el Artículo 45 que una vez que entrara en vigencia el Imesi, se derogaba la ley de envases. “Es razonable, porque se supone que todas las obligaciones consagradas acá (plan de gestión, fideicomiso), se absorben. Y desde el punto de vista del Poder Ejecutivo es una norma superadora, que va contra las críticas de la anterior. Pero cuando Senadores lo estudia y lo manda a Diputados (en agosto) lo eliminó”, sostuvo Pereyra.

Esto trae aparejado dos problemas, agregó. Por un lado, es que al tener la ley de envases vigente se tendría una “responsabilidad doble”, es decir, mantener la estructura para la gestión de la ley de envases y además pagar los impuestos a los envases.

“Me animo a presumir que el Poder Ejecutivo no sabe que la ley de envases no fue sustituida. Porque cuando el director de Medio Ambiente dice que la ley de envases se deroga por esta, eso no consta en el texto”, dijo. Para el abogado, en este caso la norma no es opuesta porque no hay una ley que sustituya a las anteriores. “Se suman y esa es nuestra gran preocupación”, comentó.

Clasificadores

Para Baráibar la Dinama tiene “una deuda pendiente con los clasificadores y creen que con esta herramienta la pueden resolver”. Pereyra, en tanto, opinó que la ley generará una “brutal caída del trabajo”. Según dijo el abogado, si con la ley favorecen solamente a los clasificadores informales que están en la calle, van a dejar afuera a otra cantidad de familias que ya clasifican los mismos residuos.

En ese sentido, puso como ejemplo las distintas empresas, generalmente muy pequeñas, que se encargan de la gestión de residuos industriales y comerciales, que clasifican y venden la materia prima. “¿Qué va a pasar con esa gente?”, cuestionó Pereyra, al entender que si otras nuevas cooperativas con más prioridad para el Estado en las licitaciones clasifican los mismos residuos, las empresas preexistentes perderán el objeto de su remuneración.

“La nueva ley puede perjudicar su trabajo en la medida en que muchos de los residuos que ellos hoy juntan van al destino de las nuevas cooperativas, por lo que podrían quedarse sin los residuos por los que los llaman. Por tanto, si discriminan de esa manera a los otros en realidad vamos a arreglar un problema y complicar otro”, afirmó.

Por último, según Cempre, el Análisis de Impacto Regulatorio es “la forma moderna de regular” y sería apropiado utilizarlo para la ley de residuos. Incluye la consulta a los actores y el análisis costo-beneficio. Para Baráibar es recomendable seguir este camino en vez de repetir experiencias como la de la ley de bolsas, que fue de “una improvisación enorme”.