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Los roles de UTE y Ancap estuvieron durante décadas bien diferenciados: una de las empresas públicas se encargaba de la electricidad y la otra de los combustibles líquidos derivados del petróleo. Con el paso del tiempo, la línea divisoria se hizo menos difusa, lo que hace que algunos expertos piensen que un escenario ideal es de fusión de ambas. El exdirector de Energía Ramón Méndez es uno de los que sostiene esa postura.
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En una charla organizada la semana pasada por el sector frenteamplista Plataforma –liderado por el exministro de Economía Álvaro García–, Méndez dijo que se debe “discutir” sobre los roles de UTE y Ancap cuando comience la producción de hidrógeno verde, una fuente de energía que el actual gobierno pretende impulsar. Lo ideal sería ir hacia un modelo unificado en un nuevo ente, aunque no estarían los votos de “la derecha”, para lo que se necesitan mayorías especiales, señaló Méndez. “Podemos unificar gerencias para que no compitan entre sí”, propuso como alternativa.
Los modelos de UTE y Ancap se “mezclan completamente” con el avance de la segunda transición energética, por lo que el negocio de las dos empresas públicas “cambia radicalmente”, dijo a Búsqueda.
Como opción a la creación de otro ente, propuso ir hacia un esquema de “asociación” entre Ancap y UTE, con equipos gerenciales que trabajen juntos. “Es absurdo lo que se daba hace 25 años, cuando competían entre sí. No tienen chance de competir entre sí. Tiene que haber un modelo de negocio y un plan estratégico de desarrollo conjunto y hay que avanzar en directorios conjuntos”, sostuvo.
Una alternativa –propuso– sería que el presidente de una empresa sea el vicepresidente de la otra, o viceversa. O que el presidente de las dos sea el ministro de Industria y Energía. “Tenemos que pensar en estrategias de gobernanza diferentes para garantizar que UTE y Ancap no compitan, sino que generen las mayores sinergias entre sí. Si compiten, les va a ir mal a las dos; si trabajan juntas, las posibilidades y los modelos de negocios que se abren son enormes”, añadió.
Méndez consideró que esta propuesta tiene que comenzar a hablarse ahora, pero no necesariamente se tiene que llevar a la práctica en el próximo quinquenio; no es algo “urgente”. Aseguró que algunas autoridades del actual gobierno coinciden con su mirada.
La propuesta de Bases Programáticas 2025-2030 aprobada por el Frente Amplio, que considerará su Congreso en diciembre, asegura que un eventual gobierno de esa fuerza política “promoverá un ejercicio prospectivo con participación del Poder Ejecutivo, las empresas públicas involucradas y la academia para definir una estrategia energética de largo plazo. La política energética será funcional al proyecto de desarrollo sostenible que apoyamos, con fuerte énfasis en la soberanía nacional sobre los recursos estratégicos. Se seguirá impulsando a las energías renovables. Se continuará promoviendo la incorporación de la energía eléctrica en el transporte público y privado, regulando gradualmente que el transporte público urbano y el de carga operen con fuentes eléctricas o químicas como el hidrógeno. A su vez, se buscará incrementar la exportación de energía especialmente a partir de fuentes renovables”.
Una “cuenta ambiental”
Al iniciar un proyecto, uno de los primeros aspectos que tiene en cuenta un gobierno es la cantidad de recursos económicos con los que cuenta y los recursos humanos. Para el exdirector de Energía, en esa consideración se debería sumar una “cuenta ambiental”.
“En relación con los temas ambientales no existe eso. No se toma en cuenta el ambiente. Cada tanto, cuando algo causa demasiado impacto, se trata de ver cómo se corrige. Una cuenta ambiental implica que de cada actividad que hagas tomes nota sobre qué impacto negativo o positivo podés generar”, dijo Méndez, quien es consultor en temas energéticos y de clima.
Esa consideración se debería aplicar fundamentalmente en todas las actividades productivas, para establecer cuándo se le “acepta que tome” del ambiente y cuándo se le “exige” que devuelva. Afirmó que ya existen instrumentos para poder desarrollar esta cuenta ambiental.
La medición serviría para analizar, por ejemplo, si el proyecto del hidrógeno verde es viable. Cuando el gobierno presentó su hoja de ruta, algunas organizaciones cuestionaron el uso del agua que tendría. Méndez recordó que hubo críticas tanto de la “izquierda” como de la “derecha” y comparó el agua que requeriría esta actividad comparada con otras. Para producir una tonelada de hidrógeno verde, dijo, se necesitan 20 metros cúbicos de agua; 10 veces menos que lo que se requiere para la misma cantidad de carne. En la producción de una tonelada de arroz, en tanto, se utilizan 800 metros cúbicos de agua. “No es un tema de derecha o izquierda, es que frente a algo desconocido, en un contexto particular como fue la sequía, cualquier cosa que implique un consumo de agua hace que a la gente se le paren los pelos de punta y lo mire con 48 ojos. Y está muy bien, pero después de ese primer resguardo, cuando uno empieza a mirar con cuidado se da cuenta de que el impacto que tiene esta actividad económica es muchísimo menor que otras”, destacó.
El principal uso del agua en Uruguay es el riego (se destinan tres cuartas partes del recurso), un 15% lo utiliza la industria y el restante 10% es para consumo humano. En línea con lo que ha sostenido el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, el ex jerarca frenteamplista dijo que el hidrógeno verde, si avanza según lo que definió el gobierno, usaría el 1% del recurso.
