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En los pasillos de Presidencia y del Ministerio de Salud Pública (MSP) la noticia fue recibida con preocupación. Sobre las primeras horas de la tarde de este miércoles, las autoridades leyeron los últimos datos del reporte diario por Covid-19 y se enteraron de que Uruguay estaba llegando a un récord en la cifra de contagios. Con 51 test positivos y 330 personas cursando la enfermedad, fue el día con casos activos más altos desde que se decretó la emergencia sanitaria el 13 de marzo.
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El subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian, dijo a Búsqueda que ya se está haciendo el seguimiento de los pacientes, que hay un foco “preocupante” en un residencial de ancianos en Montevideo y otro en Rivera. El jerarca aseguró que se seguirá con la misma estrategia de prevención y que hay capacidad “de sobra” para seguir con los testeos. El aumento de casos también fue evaluado con preocupación en las oficinas de Presidencia, según informaron fuentes del gobierno a Búsqueda.
La mayor parte de los contagios fue en Montevideo. Hubo 17 casos vinculados a un residencial en Parque Batlle, cuatro en un centro asistencial y 22 pacientes que son contactos directos de casos confirmados. También hay dos importados y falta trazar la ruta epidemiológica de los restantes. En este sentido, fuentes del Hospital de Clínicas dijeron a Búsqueda que en el centro de salud se han hecho varios hisopados al personal que también trabaja en el Casmu, donde se detectó un nuevo foco de la enfermedad. El martes 13, de hecho, esta institución informó que se iban a suspender las cirugías programadas y las visitas por los casos registrados. El presidente del Casmu, Raúl Rodríguez, dijo a El Observador que había unos 100 funcionarios en cuarentena.
Es la segunda vez que un hogar de ancianos despierta la preocupación de las autoridades sanitarias por casos de coronavirus; la primera señal de alarma ocurrió en abril y respondió a un brote en el residencial Dolce Vita. Después de aquel brote, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo en conferencia de prensa que había residenciales que no cumplían con condiciones que aseguren el respeto a “los derechos humanos” y prometió un testeo “generalizado” para combatir estos brotes.
La situación en octubre es diferente. En abril había menos servicios con las puertas abiertas, los shoppings y los cines estaban cerrados, se había reducido el número de policlínicas y en las escuelas había clases virtuales. En los últimos meses se han habilitado las consultas en los hospitales, se flexibilizaron los horarios de los shoppings y las medidas en las escuelas, cuya asistencia volvió a ser obligatoria desde el martes 13.
Horas antes del reporte diario, el colectivo Familias Organizadas de Escuela Pública se movilizó en la plaza Varela, en Montevideo, para reclamar por la “presencialidad plena” de la asistencia a clases. La convocatoria, que se replicó en puntos de Canelones, Florida y Durazno, reunió a cientos de padres que son críticos con las medidas del Poder Ejecutivo. Los padres dicen que hay niños que no pueden ir a la escuela por “falta de espacio” y que los efectos del encierro en el hogar “son mayores” a las posibilidades de contagio.
“Nos parece importante movilizarnos porque a los chiquilines el quedarse en las casas les está afectando más que la tos y la fiebre. Hay grandes problemas, como los trastornos de ansiedad, el sobrepeso y la falta de socialización, que demandan la vuelta completa a las clases”, dijo a Búsqueda la representante del colectivo, Mariana Romanelli.
“El problema es que los alumnos se tienen que fraccionar en dos y tres grupos porque no se puede respetar la distancia del metro y medio exigida. La rutina está absolutamente trastocada y los sistemas de cuidados, colapsados”, agregó.
Durante la movilización, el colectivo dijo que representa a unas 450 familias y aboga por los derechos en los sectores más vulnerables. En su discurso también criticó el Presupuesto propuesto por el gobierno y reclamó por un aumento de personal en las instituciones. “Es que la escuela no solo cumple un rol pedagógico y de educación; ocupa un lugar de detector de violencia intrafamiliar, abusos y hasta problemas médicos. Es la segunda casa”, agregó Romanelli. Y este mensaje se leía en las remeras de los protestantes, que también tenían carteles con frases que decían “en lo que va del año, solo fui 34 veces a clase” y “la educación es un derecho”.
En tanto, el presidente del Codicen, Robert Silva, anunció el miércoles 14 que están analizando la posibilidad de acortar la distancia social entre los alumnos para aumentar la presencia en las aulas. En declaraciones a Telemundo, el jerarca dijo que las autoridades sanitarias empezarán a realizar un “estudio paulatino” para sumar “medidas complementarias como el tapabocas en los niños de Primaria y una mayor ventilación de las aulas”.
En setiembre, los alumnos de la escuela pública fueron convocados a las clases presenciales en un promedio de 12 días pero, como no era obligatorio concurrir a las aulas, se estima que asistió un tercio menos.
