En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
+
Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad
Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.
Suscribite a Búsqueda
DESDE
UYU
299
/mes*
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
Reducen a la mitad juzgados de menores ante caída de los delitos
El Comité de Derechos del Niño de Uruguay y la Organización Mundial Contra la Tortura trasmitieron a la Suprema Corte de Justicia “preocupación” por la situación de los adolescentes privados de libertad
imagen de Reducen a la mitad juzgados de menores ante caída de los delitos
“Ser joven no es delito” fue el slogan que simbolizó la oposición a la campaña para bajar la edad de imputabilidad de 18 a 16 años, una reforma impulsada por sectores de los partidos Colorado y Nacional que fue rechazada por la mayoría de la ciudadanía en un plebiscito en 2014. La frase buscaba denunciar el estigma contra una juventud que es culpada por el aumento de la inseguridad pese a que comete un porcentaje pequeño del total de delitos.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
El año anterior, a impulso del entonces ministro del Interior del Frente Amplio, Eduardo Bonomi, se había aprobado una ley para agravar las penas a los menores de edad, que impuso un mínimo obligatorio de un año de prisión para los que cometan delitos gravísimos. Y aunque las infracciones penales cometidas por los menores de edad fueron bajando con el paso de los años —pasaron de un total de 1.025 en 2014 a 541 en 2019—, la preocupación por ese fenómeno no decayó.
De hecho, la actual coalición de gobierno incluyó en su ley de urgente consideración ( LUC) artículos que endurecen las medidas contra los menores, como el aumento a dos años de la privación de libertad mínima obligatoria para determinados delitos y la suba de la pena máxima de 5 a 10 años.
Sin embargo, mientras el Ejecutivo y el Legislativo endurecen la respuesta contra la delincuencia juvenil, el Poder Judicial toma medidas que parecen ir en un sentido contrario. Es que debido a la disminución de las infracciones cometidas por menores la Suprema Corte de Justicia decidió recortar la cantidad de recursos que destina a esa materia.
Según informó a Búsqueda la presidenta de la Corte, Bernadette Minvielle, solo se mantendrán dos de los cuatro juzgados de Adolescentes que hay en Montevideo (en el interior del país no hay sedes especializadas en esa materia). Los otros dos serán transformados en juzgados de Familia Especializada, que trabajan con los casos de violencia doméstica y vulneración de derechos de niños y adolescentes, asuntos que han tenido un crecimiento en los últimos años.
“Bajó muchísimo el número” de casos en la materia Adolescente, explicó la ministra, por lo cual “no se justifica” tener cuatro juzgados.
La Corte decidió también reducir la cantidad de defensores públicos destinados a la materia Menores Infractores. Minvielle dijo que la Corte le comunicó a la directora de la Defensoría Pública la instrucción de que “reacomode” los recursos humanos para reforzar áreas que tengan más demanda en la actualidad.
De todos modos, la Corte resolvió que los dos juzgados que cambiarán de materia terminen las causas de menores que ya tienen iniciadas, para evitar un “trasiego de expedientes”.
La decisión de reducir el número de juzgados tendrá un impacto en la cantidad de trabajo que deberán asumir las sedes que continúen en Adolescentes.
Para el defensor público de menores Guillermo Payssé, la medida no es “oportuna” porque los juzgados quedarán “muy sobrecargados”.
“Sería un error porque los juzgados de Adolescentes tienen una enorme cantidad de audiencias, porque todo va a juicio”, afirmó.
Desde que se adaptó el sistema penal de los menores al nuevo Código del Proceso Penal que desde noviembre de 2017 rige para los adultos, se incrementó en forma considerable la cantidad de audiencias que deben realizar los jueces, explicó. En particular, porque en el caso de los adolescentes no está habilitado el proceso abreviado que existe para los mayores (mediante el cual se evita que más del 90% de los casos vayan a juicio). Al no poder resolver los casos por una vía rápida —que implica un acuerdo entre el fiscal y la defensa—, todo debe ser tramitado en un juicio, que tiene un procedimiento con varias audiencias.
“Aunque parezca curioso, pese a que la cantidad de menores privados de libertad bajó, eso no significa que los juzgados tengan menos trabajo, porque el número de audiencias aumentó”, indicó Payssé.
El descenso en el número de delitos coincide con una caída pronunciada en la cantidad de adolescentes privados de libertad. En la actualidad son 273 los menores infractores que están internados en centros del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. Desde 2013, los números han bajado de forma casi constante. Ese año cerró con 633 jóvenes presos, aunque hubo meses en los que la cifra se acercó a 900. Desde entonces, al cierre de cada año se registró una caída que se profundizó en los últimos meses y que se estabilizó en un número inferior a 300 (Búsqueda Nº 2.072).
Sin embargo, Payssé adviertió, al igual que lo hicieron varios especialistas en el Parlamento, que con los cambios introducidos por la LUC el número de adolescentes presos aumentará.
Preocupación.
A fines de mayo el Comité de Derechos del Niño del Uruguay y la Organización Mundial Contra la Tortura se reunieron con una representante de la Suprema Corte de Justicia para expresar “preocupación” por la situación de los adolescentes privados de libertad en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19.
Según plantearon en una nota enviada a la Corte para solicitar el encuentro, las organizaciones consideran “especialmente preocupante” la situación sanitaria de los jóvenes porque el sistema de privación de libertad adolescente “no cuenta con infraestructura, recursos materiales ni humanos suficientes para cubrir las necesidades de todos los centros”.
Las organizaciones se pusieron a disposición del Poder Judicial para brindar el “apoyo necesario entre los distintos operadores en todo lo que implique tareas de revisión y estudio de casos en los que correspondan medidas sustitutivas o egreso anticipado”.
Tamara Samudio, del Comité de Derechos del Niño, dijo a Búsqueda que la principal preocupación que se trasladó a la Corte es que los jueces de menores utilizan mucho la privación de libertad en vez de aplicar medidas alternativas. Esto, señaló, va a contramano de las recomendaciones y tratados internacionales, que indican que —especialmente en el caso de los menores de edad— las medidas alternativas a la internación deben ser la regla y no la excepción.
“Los jueces dicen que en varios departamentos no tienen propuestas de medidas alternativas desde el INAU y por eso no aplican estas salidas”, dijo Samudio.
La situación se agrava, añadió, cuando se trata de adolescentes del interior del país, que son traslados al centro de ingreso en Montevideo, lo que les produce “destierro” y les dificulta el contacto con sus familias.
