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Los negocios inmobiliarios se reactivaron en el 2021 en el marco de una economía que creció después de la contracción en el primer año de la pandemia. Sin embargo, el temor que a mediados de año expresaban autoridades antilavado de que eso no se tradujera en mayores reportes de sospechas de lavado de activos —una herramienta de trabajo para investigar los casos de blanqueo— terminó confirmándose.
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En todo 2021 las entidades no financieras (incluidas las inmobiliarias y los escribanos) que están obligadas a reportar operaciones sospechosas de lavado presentaron 39 casos a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central, frente a las 68 del 2020. Fue, además, un mínimo desde el 2012 (34).
No obstante, las operaciones sospechosas o inusuales denunciadas por los bancos y otros agentes financieros alcanzaron a 777, que superan largamente las 626 del 2020 y son una cifra récord. Con eso más que se compensó el bajo número de reportes del sector no financiero y se llegó en 2021 a un total de 816; el aumento frente al año previo fue de 122 (17,6%), analizó Búsqueda a partir de datos bancocentralistas.
Unos años antes la cantidad de reportes había ido en aumento, en parte porque por ley se amplió el universo de agentes obligados a comunicar a la UIAF cuando se les presentan dudas sobre el origen de los fondos de sus clientes, por ejemplo, en transacciones inmobiliarias, remates o compraventas de metales preciosos. El máximo se dio en 2018 (782 en total). Pero al año siguiente, y luego de forma más marcada en 2020, la cifra cayó; el marco fue el freno económico que produjo el Covid-19 y los análisis “simplificados” de la procedencia de los fondos que introdujo la Ley de Urgente Consideración.
En una comparecencia en el Parlamento en julio pasado, el director de la UIAF, Néstor López, expresó preocupación por los 11 reportes que se habían presentado en el primer semestre del 2021, de los cuales solo uno provino de inmobiliarias. “Identificamos los sectores de alto riesgo (de blanqueo), pero los números de reportes vinculados a estos sectores no resultan consistentes” con la mayor actividad que se estaba verificando entonces, señaló (Búsqueda Nº 2.130).
“Fama”
La baja cantidad de reportes del sector no financiero fue advertida como una debilidad de Uruguay por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en la evaluación del país que publicó en 2020.
Para el director de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Jorge Chediak, el quantum del lavado de activos en Uruguay es bajo en comparación con la región, aunque no “inexistente” (Búsqueda Nº 2.080). El tema, según el jerarca, es quién ha acusado o “creado la fama” al país. “Si se refiere a la acusación de que, por ejemplo, la mayoría de los capitales con los cuales se ha construido Punta del Este no son capitales nacionales, bueno, eso es cierto, lo ha sido durante medio siglo, lo que no quiere decir es que hayan existido delitos precedentes a ese ingreso de capitales extranjeros al Uruguay para hacer inversiones inmobiliarias. Básicamente, por situaciones históricas, lo que ha habido en países vecinos ha sido elusión, que no es ilegal, es tratar de pagar la menor cantidad de impuestos que sea posible y, si se puede, poner los ahorros o capitales a resguardo de la persecución de gobiernos que no brindan reglas claras. Y eso no es lavado de activos, al menos no lo es técnicamente”.
Casi 13.000 obligados
El año pasado eran 12.872 los sujetos obligados a reportar del sector no financiero registrados ante la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), según la Memoria Anual correspondiente al 2021 enviada esta semana por el Poder Ejecutivo al Parlamento. Se destacan por su número los escribanos (7.002), las empresas que operan en las zonas francas (1.111), las inmobiliarias (2.426), los contadores (1.062), las organizaciones sin fines de lucro (535) y los rematadores (374).
En ese informe de la Senaclaft también se alude al sector inmobiliario. Decidió mantener un monitoreo “programado y permanente” para poder “fiscalizar prácticamente en tiempo real, el cumplimiento normativo por parte de los sujetos obligados participantes en aquellas operaciones clasificadas a priori como ‘de mayor riesgo’,para poder de esa forma además evaluar también, los posibles sub-reportes de operaciones que podrían no estar volcándose al sistema de manera adecuada, ya sea por el no cumplimiento de la debida diligencia del cliente adecuada, como por incumplimientos voluntarios”.
