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    Respaldo público y enojo en privado con Lacalle Pou por el caso de su custodia

    Aunque sus compañeros de partido y algunos socios de la coalición multicolor dieron un respaldo público a Luis Lacalle Pou por el caso que terminó con el encarcelamiento de su custodia por gestionar y vender pasaportes falsos a ciudadanos rusos, varios dirigentes señalaron en privado su malestar con cómo se manejó el presidente.

    Al regreso de unos días de vacaciones del mandatario en Costa Rica, el jefe de la seguridad presidencial, Alejandro Astesiano, fue detenido y el martes 27 la Justicia le imputó un delito continuado de suposición de estado civil como coautor en reiteración real, con un delito de asociación para delinquir y otro por tráfico de influencias. A otras dos personas —un escribano y un ciudadano ruso—, que eran parte de la banda también, se los encarceló preventivamente.

    Antes de eso, el lunes 26, en conferencia de prensa Lacalle Pou se manifestó sorprendido por la situación, negó que su custodia tuviera antecedentes penales y le atribuyó un desempeño “profesionalmente intachable”. Enseguida que se informó la imputación fiscal, cesó a Astesiano del cargo.

    El expolicía, que había trabajado para Luis Lacalle Herrera, custodia a su hijo, el actual mandatario, desde la campaña electoral de 2019. El miércoles 28, la diaria informó que Astesiano estuvo preso por estafa en 2013, un historial que se suma a un procesamiento previo y a más de 20 indagatorias policiales posteriores por diversos delitos.

    Desde el Frente Amplio cuestionaron al presidente por haber tenido como colaborador a una persona con antecedentes delictivos informados en 2020 y 2021 por la revista Caras & Caretas y Radio Sarandí.

    En el oficialismo, en especial de parte de los blancos, lo primero fue una cerrada defensa para aislar al presidente del caso de su guardaespaldas. Pero conforme se fueron sabiendo más detalles y se conoció que efectivamente había alertas sobre el historial de Astesiano que fueron desoídas, el “malestar” y la “preocupación” de varios dirigentes por el impacto político para el gobierno fue en crecimiento, dijeron fuentes políticas a Búsqueda.

    En paralelo a la investigación judicial, se llevan adelante otras, una policial y otra administrativa. El caso tomó notoriedad en el exterior.

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