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Si se aprueban en la Cámara de Senadores los cambios a la ley de Derecho de Acceso a la Información Pública, el país incurrirá en un retroceso “muy peligroso”, opinó el relator especial para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Frank La Rue.
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El proyecto de ley de Rendición de Cuentas que fue aprobado por la Cámara de Representantes incluye un artículo que modifica esa norma haciéndola más restrictiva para la publicación de información y La Rue dijo que está “preocupado” por eso.
“Es muy importante que la población sienta que tiene acceso a todo lo público y que las limitaciones son la excepción, y no la norma”, opinó en su concurrencia a la Comisión de Industria de la Cámara de Representantes el martes 3.
Aclaró que está bien que se limite la información pública sobre negociaciones diplomáticas o las relaciones internacionales del país en el momento en que se están desarrollando. Pero fue enfático en criticar las limitaciones al acceso a la información de las empresas públicas. “Ese es un ámbito muy peligroso. En el tema de acceso a la información, esto sí es una violación a la norma de acceso a todo lo público, pues, especialmente, empresas de gestión pública deben tener información accesible a todo el público”, y dijo que las excepciones no pueden excluir la totalidad de la gestión.
La versión taquigráfica de la reunión fue enviada al Senado, donde se discute la Rendición de Cuentas. El presidente de la Comisión de Industria de Diputados, el frenteamplista Carlos Varela, dijo a Búsqueda que es “importante” que la opinión del relator sea tomada en cuenta por los senadores. “Hay que valorar sus aportes positivos sobre este tema de igual forma que lo hacemos con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque de lo contrario estaríamos siendo incongruentes con nuestra posición”, opinó el legislador oficialista.
Este tema no ha logrado unanimidad en la bancada del partido de gobierno. Incluso algunos de sus legisladores criticaron esos artículos en varias reuniones de coordinación de la bancada.
Ayer miércoles la Comisión de Presupuesto del Senado empezó a analizar el tema. El senador Enrique Rubio adelantó que “va a haber más de un cambio” al artículo porque hay algunas limitaciones con las que no están de acuerdo.
“Información reservada”.
La organización no gubernamental Cainfo reveló que “un porcentaje muy acotado” de los organismos públicos cumplieron con su obligación de clasificar información en el marco de la ley de acceso.
Cainfo presentó una solicitud a la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) para saber cuáles organismos públicos cumplieron con su obligación de clasificar su información. En base a esos datos elaboró el estudio “Información reservada. Los archivos clasificados del Estado”, que presentará hoy jueves.
La Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública (Nº 18.381), aprobada en el 2008, estableció un plazo de dos años, que luego fue extendido a cuatro, para que los organismos públicos clasificaran su información en las categorías previstas por la ley (pública, reservada y confidencial).
Según la información a la que accedió Cainfo, “solo dos de los 38 organismos obligados a nivel departamental (juntas departamentales e intendencias) por la ley presentaron la declaracio´n en fecha” (Montevideo y Flores).
De los ministerios, so´lo cinco de los trece entregaron sus informes en 2012 (Industria, Interior, Desarrollo Social, Economía y, fuera de plazo, Educación).
“Lo mismo ocurrio´ con nueve de las 17 empresas pu´blicas y servicios descentralizados, siete de las 24 personas pu´blicas no estatales,y cuatro de ocho oficinas de los organismos dependientes de Presidencia”, dice el informe.
“Sorpresivamente, organismos como el Instituto Nacional de Estadi´sticas, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal de Cuentas de la Repu´blica y la Corte Electoral no presentaron a diciembre de 2012 ninguna declaracio´n de informacio´n reservada en el marco del arti´culo 33º, pese a la cantidad y relevancia de informacio´n que manejan”, agrega el texto.
Los organismos que presentaron la información elevaron en total 614 expedientes de informacio´n reservada, amparándose en las excepciones que prevé la ley.
“De estos, 26 casos (4,23%) se refieren al literal “A” (excepcio´n referida a seguridad pu´blica o defensa nacional); 27 (4,39%) al “B” (afectar la conduccio´n de las relaciones internacionales); 40 (6,51%) al “C” (dan~ar la estabilidad financiera, econo´mica, o monetaria del pai´s); 84 (13,68%) al “D” (poner en riesgo la vida, la dignidad humana, la seguridad o la salud de cualquier persona); 378 (61,56%) al “E”(suponer una pe´rdida de ventajas competitivas para el sujeto obligado o que se pueda dan~ar su proceso de produccio´n); 17 (2,76%) al “F” (desproteger descubrimientos cienti´ficos, tecnolo´gicos o culturales desarrollados o en poder de los sujetos obligados); y 126 (20,52%) casos no justifican en ninguna excepcio´n la documentacio´n entregada a la UAIP”, encontró Cainfo.
La excepción más invocada por los organismos es la que refiere a información cuya divulgación pueda “suponer una pérdida de ventajas competitivas” o “dañar su proceso de producción”. Quienes más lo hicieron fueron el Banco Repu´blica (BROU), la Administracio´n Nacional de Telecomunicaciones (Antel) y, en la administracio´n central, la Direccio´n General Impositiva (DGI).
Los cambios que introdujo la Cámara de Diputados a la ley establecen que la UAIP no tendrá la potestad de desclasificar esa información.
Solo el 11,08% de los organismos que declararon la reserva de información practicaron la “prueba del daño”, que consiste en “justificar el dan~o inminente que produciri´a la desclasificacio´n de informacio´n al intere´s que dice proteger el organismo”, que es, según el informe, “una garanti´a esencial para justificar que una informacio´n sera´ exiliada del escrutinio pu´blico”.
