Riego, agroecología y “revisión” de exoneraciones tributarias tendrán “atención prioritaria” en Parlamento

Si bien para el cierre del año la coordinación de bancada frenteamplista priorizó la aprobación de la ley de riego agropecuario, que es uno de los pilares de la política pública sectorial impulsada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), los tiempos parecen ser acotados para lograr ese objetivo.

En cuanto a los asuntos que son analizados en ese ámbito y que implican una eventual eliminación de exoneraciones de tributos que pagan los productores agropecuarios, el senador comentó que en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas que se aprobó este año fueron incluidos algunos artículos que involucraban “la revisión de ciertos instrumentos vinculados a las exoneraciones tributarias a las actividades económicas, algunas de ellas agropecuarias”.

“En su momento, el acuerdo que se logró (en el FA) fue que el tratamiento de esos instrumentos se retirara de la discusión de la Rendición de Cuentas y quedó comprometido a ser abordado a la brevedad posible”, dijo. Y acotó que “esos artículos serán retomados” y “serán motivo de una atención prioritaria el año próximo”.

El agua y el agro

Las bancadas de diputados y senadores del Frente Amplio analizaron ese proyecto remitido por el Poder Ejecutivo y sugirieron un conjunto de modificaciones que fueron puestas a consideración del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Eso dio como resultado una versión modificativa que entregó la bancada del FA a la Comisión de Ganadería y luego estuvo el ministro del ramo, Tabaré Aguerre, para analizarla.

Ese proyecto fue tratado por casi una docena de organizaciones de productores, de regantes y de otros grupos del sector agropecuario, que acudieron a la Comisión de Ganadería del Senado en los últimos meses.

Los principales cambios que fueron incluidos en una versión del proyecto que fue remitida al MGAP están asociados a la incorporación de regantes, con una participación mayor de estos en las sociedades agrarias de riego, contó el senador del MPP.

Señaló que “nunca estuvo en el espíritu del proyecto del Ministerio de Ganadería que los productores no estuvieran en las sociedades de riego”. No obstante, muchas de las organizaciones que se presentaron en la Comisión de Ganadería “nos hicieron ver que la redacción dejaba cierto grado a la interpretación y plantearon que se hiciera más explícito en el proyecto la mayor participación” de los productores, explicó.

Al principio de la discusión se planteó 10% de participación de productores en las sociedades de riego, que serán las responsables de realizar las obras y de distribuir el agua. Pero los actores vinculados al sector plantearon que se determinará una porción mayor.

Otro tema de “mucha discusión” vinculado al proyecto de ley de riego es cómo queda gravada la propiedad de los padrones involucrados en parte del sistema de riego, indicó. Dijo que todos los actores del agro que comparecieron al Senado reconocieron que “es una buena señal de que estas iniciativas permitan utilizar los beneficios de la ley de inversiones para hacer las obras de infraestructura”. También figuran entre los asuntos más discutidos el mecanismo de fijación del precio del agua, cuál sería el proceso para su suministro sea suspendido en caso de incumplimiento de los regantes, además de la necesidad de atenuar el costo de la energía para las obras de riego, enumeró.

Isla no transgénica

Un conjunto de organizaciones sociales y vecinos de Canelones presentaron unas 10.000 firmas al intendente de ese departamento, Yamandú Orsi, para que prohíba la producción de organismos genéticamente modificados, según divulgaron algunos medios de prensa en noviembre.

Garín, quien fue director de Desarrollo de la comuna canaria, opinó que “es motivo de una creciente preocupación de los vecinos canarios, que van haciendo conciencia de lo que significan los transgénicos y especialmente los procesos productivos y económicos que están asociados”.

Las semillas transgénicas “son parte de un paquete tecnológico que lleva adelante especialmente el agronegocio” y en su producción “hay una connotación económica, productiva y tiene una consecuencia ambiental, como todas las cosas que hace el hombre”, dijo.

Respecto a eventuales medidas que pueda aplicar la Intendencia de Canelones, Garín señaló que es un tema que “puede desbordar largamente las capacidades y las competencias institucionales” de esa comuna. “Sin perjuicio de que existen algunos instrumentos vinculados a la ley de ordenamiento territorial que podrían permitir al gobierno departamental adoptar alguna iniciativa”, acotó.

Advirtió que “si avanzara por ese camino convertiría a Canelones en una isla, porque estaría tomando una decisión en un departamento”, mientras que “en los otros 18 departamentos del país ni siquiera tienen un petitorio de los vecinos y organizaciones sociales” formulando ese tema.

Eso generaría “una diferenciación en el interior de Uruguay, producto de que en un departamento hubo capacidad de formular un petitorio y en otros lugares no”, agregó.

Para el senador oficialista, el planteo de organizaciones en Canelones es un elemento más que “debería contribuir a seguir profundizando una reflexión más profunda y estratégica de qué va a hacer Uruguay respecto a este paquete tecnológico, sabiendo que tiene una implicancia económica y en la generación de riqueza y que derrama en el conjunto de los uruguayos”.

Consultado sobre la posible canalización de ese planteo en el gobierno, Garín dijo que “para una discusión más general de la sociedad sobre ese asunto, un escenario por excelencia es el Consejo de Ministros”. “Más tarde o más temprano, en Canelones va a haber un Consejo de Ministros y ese es un lugar donde no dudo se planteará el tema por las organizaciones sociales que juntaron las firmas”, pronosticó.

Argumentó que “el presidente Tabaré Vázquez en esto ha sido siempre conteste en recibir estos planteos y en canalizar instrumentos y espacios institucionales que busquen construir respuestas o, por lo menos, involucrarse en el análisis de estos temas”.

Ese mismo petitorio de las organizaciones sociales canarias “nace para prohibir un herbicida, que está asociado a un transgénico”, que es el glifosato, indicó.

Garín consideró que eso requiere “una discusión profunda y un diálogo constructivo”, para “establecer nuevos equilibrios de coexistencia de modelos productivos, ordenados en el territorio”.

La ley de ordenamiento territorial “es un formidable instrumento para contribuir al desarrollo sostenible, que reconozca intereses diferentes” y para que “optar por un modelo no signifique que desaparezca el otro”.