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Argentina ostenta el “dudoso privilegio” de ser uno de los países de Sudamérica —y también del mundo— cuyos habitantes tienen la riqueza fuera de su territorio, según una investigación del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (Cefidar).
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La riqueza off shore de los argentinos fue estimada para 2010 en U$S 399.100 millones, lo que en términos del Producto Bruto Interno (PBI) representa un 109%. Esos datos son comparables con los de Venezuela (U$S 405.488 millones, un 103% del PBI).
Mientras, la riqueza que los uruguayos poseen fuera de su país ascendía a U$S 13.300 millones, lo que representa 34% del PBI, conforme con los datos citados en ese estudio del Cefidar. El Banco Internacional de Pagos informó el jueves 24, que a fin de 2013 los residentes en Uruguay tenían U$S 8.142 millones colocados en instituciones financieras del exterior, lo que representó un aumento de U$S 941 millones frente a un año atrás
Según las cifras citadas en el documento de la Cefidar, el ratio de riqueza off shore era de 93% en el caso de los bolivianos, de 48% para los chilenos, 34% los ecuatorianos, 24% los brasileños, 17% los colombianos y 5% los peruanos.
Argentinos en fuga.
La opción de los argentinos de llevar su riqueza al exterior tiene “fuertes raíces en un largo período de gran inestabilidad política, severas crisis económicas y deterioro fiscal estructural (...) que han implicado el arraigamiento de culturas favorables al incumplimiento fiscal y la fuga de capitales. La relativa estabilidad política alcanzada durante las últimas dos décadas (durante los cuales no se produjo ningún intento de golpe de Estado militar) no ha acarreado aún —sin embargo— una sustancial estabilidad económico-financiera que pudiera tener la virtud de favorecer la limitación” de ese fenómeno, afirman los investigadores en el documento. “Aún cuando algunas visiones puedan alegar, también, que estos fenómenos constituyen, per se, razones de la persistente inestabilidad económico-financiera”, en rigor, “estos procesos se retroalimentan”, sostienen.
Agregan que en Argentina “la estructura tributaria” tiene unas “características tales que estimula la descapitalización de las empresas productivas, la sobreexpansión de las actividades especulativas y el estímulo de las de baja productividad económico-social (como, por ejemplo, la construcción residencial para las elites)”.
Los investigadores estiman que la presión fiscal en Argentina rondó el 37% del PBI en 2012 y se evadió el equivalente a unos 16 puntos del Producto.
Remarcan que durante 2013 “se ha afianzado” en la gestión de la Administración Federal de Ingresos Públicos, además de la política de “favorecer blanqueos de capitales, una tendencia a firmar acuerdos de intercambio de información tributaria —en principio, ineficaces— con numerosas guaridas fiscales (...)”. Consideran que esta línea de acción de la administración tributaria “se desenvuelve en forma paralela a una clara política internacional de la Presidencia de la Nación, sostenida por igual en todos los foros y apuntalada por una coherente acción de la Cancillería, que se orienta a una firme condena de las guaridas fiscales e intenta limitar su margen de acción y los procesos de fuga de capitales, a través de la concertación de voluntades soberanas en el ámbito global, el del Grupo de los 20 y en la Unión de Naciones del Sur”.
