Por lo general, la maniobra consiste en abrir las trampas o válvulas que están en las bocas de descarga del camión, donde siempre quedan acumulados algunos kilos de granos, y eso lo recogen para la reventa a productores.
A veces la carga es robada del camión y en otras ocasiones ocurre con la complicidad del transportista, y como suele suceder en este tipo de delitos, hay varias modalidades y participantes involucrados.
Se trata de “casos puntuales”, y “no significa generalizar” que los sectores de “los camioneros o los productores sean los responsables”, enfatizó una de las fuentes.
Es en ese marco y ante esa problemática que los ministerios del Interior (MI), de Defensa (MDN) y de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y la Administración Nacional de Puertos decidieron coordinar acciones para combatir el hurto de los granos mediante una serie de medidas de control y despliegue en territorio.
Esa tarea se realiza con la colaboración del sector privado, como son las asociaciones de productores y de las empresas graneleras, transportistas y navieras, entre otros actores del rubro.
La Dirección de Seguridad Rural del MI está concentrada en esa labor al ser la encargada del combate de los diferentes delitos en zonas rurales, como el abigeato, el contrabando de animales y productos, entre otros.
El robo de la soja se puede concretar en diferentes regiones rurales, pero básicamente el reclamo de los productores y comerciantes de granos se enfoca en la zona de la terminal portuaria palmirense.
Con un precio más que atractivo de la soja de unos US$ 600 por tonelada, la tentación a hacerse de algunos kilos, mediante el robo, lleva a algunas personas a cometer ese delito. Igual esa práctica delictiva ya se dio en otros años, cuando ese grano valía US$ 320 la tonelada, comentaron operadores del sector agrícola.
Trampas y medidas
El director de Servicios Agrícolas del MGAP, Leonardo Olivera, destacó a Búsqueda que “lo más importante es la coordinación” entre los ministerios de Defensa, Interior y Ganadería, junto con la Administración de Puertos, y por el sector privado de las gremiales de transportistas, productores, graneleras y navieras para combatir el robo de granos, especialmente de soja en la zafra.
La presidenta de la Comisión Nacional Asesora Honoraria para la Seguridad Rural, Fernanda Maldonado, quien es la directora general del MGAP, fue la que planteó la idea de que ese comité sesione el pasado 11 de mayo en las instalaciones del Puerto de Nueva Palmira.
Ese día los ministros de Ganadería, Fernando Mattos, y de Defensa, Javier García, dieron un mensaje de respaldo político a la cadena granelera agrícola en cuanto a las acciones del gobierno en el asunto en cuestión.
Mattos planteó la necesidad de “coordinar mejor” en las medidas de combate al delito para “traer la paz y la tranquilidad al campo”.
Consultado por Búsqueda, Olivera dijo que el hurto de granos “se puede dar en cualquier punto del país, pero básicamente el reclamo de los productores y comerciantes de granos apunta a las inmediaciones del puerto” en cuestión y zonas cercanas.
Esto “preocupa porque es una actividad ilícita que se está dando allí; antes se daba y estaba como normalizada o naturalizada”, enfatizó.
Había personas robando, luego llegó la pandemia de Covid-19 y la actual administración consideró que eso significaba un riesgo más para esa gente que estaba exponiéndose ahí, entre ellos, niños y mujeres.
Sobre la eventual vinculación de transportistas en esas maniobras ilegales, Olivera señaló a modo de ejemplo que “los camioneros cuando salen del puerto muchas veces abren las trampas (válvulas) del camión para que lo que queda ahí la gente vaya a juntarlo”.
La práctica consistía en que “en lugar de abrirlas en las terminales portuarias, lo hacían al salir y las limpiaban afuera, donde iba esta gente a buscar” los granos. Eso implicaba un “riesgo para niños y mujeres” en medio del movimiento de camiones, advirtió.
Enfatizó además en que el objetivo es dejar en claro que esas situaciones “no pueden tomarse como algo normal” y que esas personas involucradas consideren que “tienen derecho” a llevarse esos granos.
“El dueño de esa mercadería es el productor”, recalcó considerando que es el que pagó el flete para que la soja sea entregada en el puerto a la empresa granelera que se la compró.
Hubo un “pedido especial” a los responsables de las terminales de descarga para que “se limpien las trampas”; a su vez también se realizan “controles en las rutas” con policía caminera y algunas empresas graneleras pusieron a disposición drones para hacer un monitoreo complementario en las zonas, comentó el titular de Servicios Agrícolas.
El derrame
Ese jerarca se refirió también a las expectativas favorables generadas en el sector agrícola y en el MGAP respecto a los resultados productivos y económicos de la presente zafra de cultivos de verano, especialmente de la soja. La estimación varía “en torno a 3 millones de toneladas de soja” de producción este año, señaló.
Destacó que es una zafra “muy buena”, con rendimientos interesantes que están siendo superiores a los 2.500 kilos por hectárea, sumado a los “buenos precios” de la oleaginosa. “El productor pudo capitalizar” los valores al alza que registró la soja, indicó.
Olivera hizo hincapié en el efecto derrame de la producción agropecuaria, y en este caso de la agrícola, en cuanto al movimiento mayor de camiones, la demanda de servicios de reparaciones mecánicas y la compra de neumáticos y camiones. Y “el camionero va a comer a los poblados o hace alguna compra en las estaciones de servicio”, acotó.
Consideró que a eso hay que agregar el tratamiento para el secado del grano, debido a los índices de humedad al momento de la cosecha, y también la contratación del servicio de acopio de la soja.
“Ya se empezó a ver el derrame”, que “será mayor porque los productores están invirtiendo en maquinaria agrícola, tractores, camionetas”, dijo.
Calculó que actualmente el avance de la trilla llega al 90% del área sojera, y al mismo tiempo los productores apretaron el acelerador de la siembra de los cultivos de invierno (trigo, cebada y colza).
“Se estiman unas 600.000 hectáreas” de esos granos que están “destinadas a la rotación” con los cultivos de verano (soja, maíz y sorgo), planteó el jerarca respecto a la importancia del cuidado del suelo. Afirmó que “hay un balance positivo para el ambiente” por la diversificación de producciones.
Valoró además que eso implica “nuevamente un movimiento de mano de obra, de contratistas en labores de siembra, de transportistas, de silos”, entre otras actividades.
Un capítulo considerado relevante por el jerarca respecto al efecto que tiene el repunte de la producción agrícola es el del financiamiento, ya que algunas empresas arrastran deudas y ahora pueden cumplir con esos compromisos, que en este sector no se concentran en los bancos, sino que en gran parte operan con los proveedores de insumos. “Todo eso se va saneando”, advirtió Olivera.
Paralelamente, el director de Servicios Agrícolas reconoció que, “dentro de todo lo positivo, algo que perjudicó fue el aumento de los costos, principalmente de los insumos como fertilizantes y maquinarias”.
Eso ocurrió debido “primero a la pandemia de Covid-19 y luego por la guerra en Ucrania”, lo que incide en que “parte del margen de rentabilidad sea capturado o reinvertido para la siembra de los cultivos de invierno”, señaló.
