Ruralistas advierten aumento del delito de abigeato, que genera pérdidas de millones de dólares y descreimiento en ganaderos

“En los últimos meses hubo un crecimiento de ese delito en todo el territorio que no se puede negar, porque lo vemos a diario en el sector agropecuario, tanto en casos con vacunos o con ovinos”, afirmó a Búsqueda la asesora legal de la Federación Rural (FR) y del Plan Estratégico Nacional para el Rubro Ovino (Penro), Fernanda Maldonado.

Las pérdidas económicas son de “millones y millones de dólares” y “en este momento no es posible cuantificar porque no se tienen las estadísticas” oficiales del Ministerio del Interior, “como años atrás cuando figuraba la cantidad de cabezas robadas en las denuncias”, señaló Maldonado.

Indicó que hace “muchos años la FR estimó entre US$ 8 millones y US$ 10 millones anuales” ese perjuicio, basándose en “denuncias y una proyección realizada en un congreso ruralista”, pero en los años recientes “el ganado se valorizó y el abigeato aumentó”.

Para tener una idea, en 2007 el valor de un novillo tipo virtual, de unos 480 kilos en pie, era de unos US$ 680 y actualmente llegó a US$ 1.130; mientras que el kilo de cordero era de algo más de US$ 2 y hoy está en US$ 3,4, según datos del Instituto Nacional de Carnes (Inac).

Maldonado es una abogada vinculada a la FR y dedicada al asesoramiento jurídico en cuanto a la seguridad rural. Desempeña esa función desde el primer gobierno del Frente Amplio, cuando el entonces ministro del Interior, José Díaz, conformó una mesa de trabajo para atender esos asuntos.

En las últimas décadas el agro registró una serie de transformaciones en cuanto a los actores, la organización y la incorporación de tecnología, entre otros aspectos, al igual que sucedió en otras actividades económicas de Uruguay, y el accionar de los delincuentes también tuvo algunos cambios y sigue dando duros golpes en los establecimientos rurales.

Es así que se torna cada vez más frecuente el robo y la faena clandestina de vacas, novillos u ovejas que representan verdaderos destrozos para el ganadero.

“El abigeato por necesidad para comer hoy no existe”, dijo la asesora y acotó que “hay un plan de asistencia estatal que no justificaría el salir a delinquir para brindar los alimentos básicos a la familia”. Eso comentó en alusión a los programas de apoyo que realiza el Ministerio de Desarrollo Social.

Señaló que “hay una organización atrás de todo esto” y “el ánimo es de lucro”.

“Hay uno que investiga o el que vende el robo, como se dice en la jerga policial, a qué hora y a qué día, incluso a dónde lo van a comercializar”, contó.

Advirtió que la Policía “ha desbaratado verdaderas organizaciones dedicadas al abigeato y a la faena clandestina que suministran de carne a cadenas de restaurantes del interior e incluso de la capital”.

“En la comercialización de esa carne no se respeta absolutamente nada de la inocuidad de los productos, los procesos y los tiempos de espera”, por lo que “no solo está el perjuicio al productor sino también al consumidor, a la sociedad y a la salud pública”, alertó.

Añadió que “hay gente que come esa carne, que la compra más barata en locales habilitados o no y en muchos otros casos no sabe que está comiendo esa carne porque la está consumiendo en un restaurante habilitado”.

“Hay delitos relacionados (al abigeato) como estafas en el sector rural, que tienen un trasfondo más complejo”, acotó.

En cuanto a otro impacto negativo que tiene ese tipo de situaciones, la asesora de la FR consideró que “hay un daño social porque muchas veces las víctimas son pequeños productores que viven cerca de las ciudades”, y que pueden estar más desprotegidos, como los tamberos a los que “les matan las vacas todos los días”.

A los delincuentes les resulta más fácil el robo y la faena clandestina de ovejas y vacas lecheras porque son más dóciles, en comparación con un novillo o un toro.

Respecto al accionar de la Justicia, Maldonado comentó que en los próximos días comenzará la distribución de un manual elaborado para fiscales y jueces sobre ese delito, que fue financiado por el Penro en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, para darle un “acceso más rápido sobre la legislación vigente” en ese asunto.

Complementariamente, esa asesora destacó la importancia que tienen en la tarea de prevención del delito los controles por parte de los ministerios de Ganadería y del Interior.

En declaraciones a periodistas el lunes 5, el ministro de Ganadería, Enzo Benech, reconoció que “el problema (del abigeato) continúa”, pese a que “se endurecieron las penas”, entre otras medidas. “Estamos convencidos de que no son personas que están carneando para comer, atrás de esto hay un negocio”, dijo.

Señaló que “el control de la venta de carne y la bromatología es competencia de las intendencias” y que al Inac le corresponde ese trabajo en Montevideo.

“No digo que sean los intendentes los responsables de solucionar esto, digo que esto es parte de un negocio y que en todo el país se vende carne en lugares que no están habilitados y que el Inac no tiene competencia”, declaró Benech un tanto contradictorio.

Un caso que puso en alerta a las gremiales agropecuarias y al Ministerio de Ganadería (MGAP) es el que involucró a una empresa dedicada a la captación de inversores en ganadería en el departamento de Treinta y Tres, que implicó el robo de vacunos de predios vecinos y la colocación de identificadores individuales visuales de otros animales. “¿Qué hacían 5.700 caravanas en el galpón de un establecimiento rural?, ¿cómo accedió esa firma a esos identificadores individuales del ganado?, ¿cuál fue el marco que permitió que eso sucediera? son algunas de las preguntas que formuló un grupo de asociaciones rurales al MGAP sobre ese asunto”, planteó Maldonado.

Dijo que para aclarar ese caso hay una investigación administrativa en Ganadería y otra judicial.

Denuncias sin castigo

Hoy en el campo uruguayo hay un “descontento por el desencadenamiento de los procesos en torno al delito de abigeato con penas alternativas, pese a las modificaciones legales realizadas en 2006, cuando se estableció que ese delito no sea excarcelable, que desestimulan a los productores en primer lugar a hacer las denuncias”, dijo Maldonado.

La Ley 19.418, promulgada en 2006, modificó el Código Rural de 1941 en cuanto a las sanciones al que comete el delito de abigeato. “Será castigado con tres meses de prisión a seis años de penitenciaría, el que con intención de matar, diere muerte, faenare o se apoderare con sustracción de ganado vacuno y bubalino, caballar, lanar, cabrío, porcino, cualquier otra especie de corral o criadero, colmenas, cueros, lanas, pieles, plumas o cerdas ajenos; y el que marcare o señalare, borrare, modificare o destruyere dispositivos de identificación individual oficial, o las marcas y señales de animales o cueros ajenos, para aprovecharse de ellos”, dispone. Y establece que “con igual pena será castigado quien recibiere, ocultare, comercializare o de cualquier forma dispusiere de los productos obtenidos de la comisión de un delito de abigeato en cualquiera de sus formas”.

Esta semana generó una amplia difusión en los medios de prensa el caso que le tocó al exarquero del club Nacional y de la selección uruguaya de fútbol Rodolfo Rodríguez, al que le faenaron una decena de ovejas en su predio ganadero, ubicado en la localidad de Villa del Carmen, en Durazno. Entre la noche del domingo 4 y la madrugada del lunes 5 ocurrió ese delito de abigeato. El productor contó a Búsqueda que las pérdidas suman unas 300 cabezas de ovinos en este año. Esto “desmotiva, pero tampoco hay que aflojarle porque eso significaría darles la razón a los delincuentes”, dijo.

Rodríguez enfatizó que esta vez el abigeato ocurrió en su estancia, pero todos los días suceden casos similares a muchos productores anónimos que tal vez no tengan tanta difusión o que no denuncian esos hechos.

En la zona donde está ese establecimiento, a unos 60 kilómetros de la capital departamental, no predomina la producción de ovinos, sino más bien de vacunos y otras actividades del agro.

Días pasados hubo dos casos de productoras del departamento de Rocha que también fueron víctimas de abigeato, lo que generó malestar en las gremiales rurales por la tipificación del delito por parte de la Justicia.

En uno de esos casos al establecimiento le faltaron más de 40 novillos y el delito “fue tipificado como faltante y no como abigeato”, y “lo mismo sucedió con otra productora vecina a la que le robaron unas vaquillonas”, contó Maldonado. Por eso recalcó que “es muy bajo el porcentaje de denuncias de abigeato”.

“Los honorarios del abogado, la elaboración de la prueba del delito, entre otros elementos complejizan la situación para que el productor haga la denuncia, pero el motivo que sobresale es el descreimiento respecto a los resultados”, aseguró.