En recientes reuniones del Consejo Directivo de la FR integrantes de esa gremial se mostraron molestos por el accionar judicial en algunos pueblos y ciudades del interior donde los delincuentes quedan libres por falta de pruebas y luego se tiene que lamentar el perjuicio provocado por esas personas que habían sido liberadas por algún juez, indicaron a Campo participantes de esos encuentros. Destacaron el alcance de esa problemática en cuanto a la elaboración de productos con animales faenados clandestinamente y que son comercializados sin los controles sanitarios correspondientes.
Paralelamente, la Cámara Mercantil de Productos del País emitió un comunicado el viernes 27 sobre “la situación de inseguridad que vive hoy el medio rural, que hace imperativa la toma de medidas con carácter urgente”.
En ese sentido, la gremial instó al Parlamento a que se pronuncie a favor del proyecto de ley de seguridad rural a la “brevedad posible”, considerando que “prevé no solamente la represión del delito en el campo sino, en especial, la prevención de todo tipo de delitos, no solo el abigeato”, según el comunicado. La Cámara Mercantil considera que “si fuese aprobado ese proyecto la Justicia y el combate al delito en el medio rural serían mucho más eficaces”.
Actualmente, la Comisión de Seguridad Rural, integrada por esa gremial y otras asociaciones rurales además de miembros de los Ministerios del Interior y de Ganadería, y del Instituto Nacional de Carnes, “se ha transformado en un ámbito de recepción de denuncias y en un canal de comunicación con las autoridades nacionales con competencia en la materia”, sostiene. Y advierte que “sin embargo, el objetivo primordial era la proposición de normas para dar solución al abigeato y demás delitos en el campo”.
“Demasiada laxitud”
“Los más afectados son los pequeños y medianos productores ovinos, que viven de esto”, dijo a Campo un productor ganadero de Artigas. De esta manera coincidió con el punto de vista que han expresado las gremiales rurales. “Hoy, cada vez es menos viable trabajar con lanares, estamos muy preocupados”, lamentó.
Según este productor, que pidió no ser citado, uno de los principales problemas por los que no se resuelve este asunto está relacionado con el accionar de la Justicia, la cual, interpretó, considera al abigeato como un crimen menor. “A quienes cometen este delito se los suele procesar sin prisión”, reclamó el empresario, e insistió en que, si bien el monto de dinero que pierde el productor en lo individual no es significativo, las consecuencias para el sector sí lo son. Por esta situación, agregó, la mayoría de los productores ya no realizan la denuncia.
Los delincuentes capturados, luego, son inmediatamente liberados por la Justicia. “Las leyes están”, pero “hay demasiada laxitud” , interpretó en diálogo con Campo el productor y consultor del Secretariado Uruguayo de la Lana, Pedro Scremini.
“Hay un desestímulo para criar ovejas, y está en riesgo un rubro que para Uruguay es muy importante por la cantidad de mano de obra que genera”, valoró por su parte el productor de Artigas. Y precisó que hay a quienes les roban más de 200 ovinos por año.
En la mayoría de los casos, los animales robados son faenados y su carne es vendida a distintos establecimientos a un precio muy barato. Estos puestos de venta no tienen las debidas garantías de salubridad. “Lo que nos preocupa también es que esa carne termina afectando a personas de bajos recursos”, indicó el productor.
Además de la Suprema Corte de Justicia, los productores han mantenido reuniones con distintos jerarcas del gobierno, entre ellos el titular del Ministerio del Interior, Eduardo Bonomi.
“Hemos hablado con Bonomi y se ha sensibilizado por el tema, realmente tuvimos un buen diálogo”, reconoció el productor rural. Durante esa reunión, relató, se le manifestaron al jerarca las carencias que tiene la Brigada Especial para la Prevención y Represión del Abigeato (Bepra), la cual, entendió, no cuenta con los recursos necesarios para cumplir su función.
El representante de la Comisión de Seguridad Rural del Ministerio del Interior y asesor de Bonomi, Eduardo Florio, dijo a Campo que la inversión realizada por esta cartera en seguridad rural fue muy importante en los últimos años.
“Se ha generado un sistema de información centralizado, a través del Sistema de Gestión de Seguridad Pública, donde se incluyó específicamente dentro del software la posibilidad de identificar el ganado entre las marcas”, ejemplificó Florio. Y explicó: “Esto significa que si se hace un procedimiento y se detiene un camión en la ruta nacional, a través de este software se puede saber si ese ganado ha sido robado”.
“Además, se ha coordinado con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y se ha instaurado lo que se llama el bastón biométrico, lo que permite que, si se detecta ganado que pudo haber sido hurtado, con este instrumento, a través de la caravana de la oreja se puede saber quién es su propietario”, señaló. También “se ha dotado a las Brigada Especial para la Represión del Abigeato (Bepra) de flota vehicular”, agregó, e insistió en que “cualitativamente se ha mejorado mucho”.
“Vamos a decir las cosas como son: los reclamos siempre van a existir, delitos siempre va a haber, y las gremiales obviamente van a reclamar por más seguridad”, dijo Florio. Pero , “sustancialmente, si se compara la cantidad de delitos que suceden en el cono metropolitano con respecto a los que se cometen en el interior, no hay punto de comparación”, resaltó.
“En general, la Policía ha respondido bien”, opinó por su parte Scremini, pero de todas maneras destacó que el problema existe, y que sucede principalmente en zonas que están cerca de pueblos y carreteras. “Cuando se hacen los raid o en Carnaval, tenés que esconder las ovejas, porque si no, marchaste”, apuntó.
Para Scremini la solución está en atacar los centros de venta de carne clandestinos, en donde la Policía no tiene potestad para actuar.
Realizar esa tarea es responsabilidad de la Intendencia, a través del Instituto de Bromatología, y del Instituto Nacional de Carnes, que tampoco puede ingresar por sí solo a los establecimientos, explicó.
Casi 400 muestras de ADN analizadas por Inac
Unas gotas de sangre encontradas en una linterna durante un procedimiento conjunto realizado este año, en Soriano, por la Policía e inspectores del Instituto Nacional de Carnes (Inac) permitió detectar el origen de los animales robados y faenados clandestinamente, mediante el análisis de ADN (Ácido Desoxirribonucleico), lo que sirvió de prueba para que la Justicia pueda actuar en el caso.
El Inac lleva realizados un total de 385 análisis de ADN tomados de ropas manchadas con sangre, de pedazos de carne y de productos cárnicos o chacinados encontrados en carnicerías de distintos departamentos del país, como parte de un trabajo iniciado en 2008 en el combate al abigeato y otros objetivos, informó a Campo el titular de la Dirección de Contralor de Mercado Interno, Daniel Cazet.
Dijo que como resultado de los estudios de laboratorio, la Justicia pudo tener pruebas suficientes para procesar a los responsables; en algunos casos dictó el procesamiento con prisión. Recientemente, los funcionarios de ese organismo realizaron procedimientos en Soriano, Salto, Paysandú, Durazno y otros puntos del territorio, comentó.
Indicó que con las muestras se puede llegar a saber de qué establecimientos rurales proceden los animales y cuando hay casos de abigeato denunciados en una zona se toman muestras en los comercios cercanos.
El Inac incorporó la tecnología adecuada para la realización de análisis de ADN, que le posibilitan obtener datos de bovinos, ovinos y otras especies, principalmente para el objetivo de controlar el funcionamiento del mercado local en cuanto al combate al abigeato y la faena clandestina, entre otros delitos.
Esos estudios de laboratorio “tienen un costo que es financiado por el Inac y hay que tener presente que son unos cuantos dólares”, destacó Cazet, quien prefirió no dar la cifra correspondiente.
Ese director valoró el trabajo coordinado que realiza la Comisión de Seguridad Rural con los efectivos policiales que integran la Bepra (Brigada Especial para la Prevención y Represión del Abigeato), el Ministerio de Ganadería, los representantes de las gremiales rurales y el Secretariado Uruguayo de la Lana.
Ganaderos consultados por Campo señalaron que una de las principales dificultades para obtener pruebas y lograr que los testigos denuncien los delitos en los poblados del interior es que “los involucrados generalmente son conocidos y muchas veces la gente no quiere complicarse con los vecinos”.
La custodia de una raza protectora
Otro de los problemas que enfrenta el rubro ovino en distintas zonas del país es el ataque de jabalíes. En este caso, los perros, más que un problema (ver más abajo), se presentan como una solución.
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) iniciaron un plan piloto con perros de la raza Maremma.
Estos caninos de aspecto rústico y piel blanca fueron utilizados durante siglos para defender las majadas de los ataques de lobos, y se especializan en esta tarea. Son procedentes de las llanura costeras de la Toscana, Italia. Su nombre, de hecho, es el de una región de esas latitudes ubicada frente al mar Tirreno. Desde sus orígenes han convivido con ovejas.
El INIA ya ha tenido experiencias con estos animales en su centro experimental de Las Brujas y Glencoe.
En esta ocasión, serán utilizados en Uruguay, en el predio de cuatro productores elegidos para experimentar este plan piloto del gobierno.
El viernes 27, el subsecretario del MGAP, Enzo Benech, acompañado del director de Descentralización de esa cartera, Ricardo Teixeira, visitó el predio de uno de los escogidos en Rivera, en la localidad de Masoller, en un campo de 300 hectáreas con bosque nativo. En ese establecimiento, además de bovinos y ovinos, existen jabalíes que ponen en riesgo la vida de estos animales.
Según un comunicado difundido por el MGAP, Teixeira explicó que esta iniciativa surge a partir de una preocupación que surgió en la Mesa de Desarrollo de Masoller, Lavalleja, Treinta y Tres y Maldonado.
El objetivo general del INIA y del MGAP es el de disminuir la presencia de depredadores que atacan a los animales en distintas partes del interior del país, pero el programa piloto no incluye los ataques de perros abandonados, los que, según los productores, constituyen uno de los grandes problemas para el sector ovino.
Las jaurías de perros y los “estragos” en el ganado
Además del abigeato, otro de los problemas que más preocupan a los productores está relacionado con los “estragos” que hacen las jaurías de perros salvajes y abandonados, que matan y hacen “destrozo” entre el ganado, relataron a Campo varios productores rurales de distintas zonas del país. Esta situación, contaron, la enfrentan principalmente quienes se dedican al rubro ovino.
Para el productor rural de Cerro Largo Eduardo Luca, uno de los principales motivos por lo que es difícil abordar el tema radica en que la Policía no tiene potestad para tomar medidas sobre el asunto. “Ni siquiera tienen la posibilidad de matar al perro”, dijo, y agregó que, al menos en su departamento, las protectoras de animales tampoco tienen condiciones para solucionar la problemática, al tiempo que la Comisión de Zoonosis “no da bolilla”.
Otro de los inconvenientes, señaló, es que no existe quien se haga responsable, porque los perros carecen de dueño. “Hay un vacío legal enorme, porque en cualquier país este tema está regulado”, opinó. “En otros lugares, los perros que están abandonados, después de un tiempo, son sacrificados por un profesional”, describió.
Parte de las jaurías de caninos están compuestas por perros que fueron entrenados para cazar chanchos, y que, después, por haber sido heridos o haberse perdido en los montes, salen a matar animales para poder alimentarse, relató Luca.
La Comisión de Bienestar Animal, que es el organismo encargado de abordar este tema, en tanto, carece de un delegado que represente a los productores rurales. “Esta ley está pensada para la protección de la mascota y de los caballos para los hurgadores, pero no fue pensada para ningún otro animal en un país agroexportador”, denunció Luca.
“¿Y el derecho de las ovejas mordidas dónde está?”, se preguntó, a su vez, el productor y consultor del Secretariado Uruguayo de la Lana Pedro Scremini.
Dijo que ante la falta de respuestas, el productor envenena comida y la distribuye por su predio, de modo de poder matar a los perros. Lo malo de esta práctica, no obstante, es que también tira la comida envenenada en las carreteras, e incluso en las calles de los pueblos cercanos, lo que genera otro problema. “¿Sabe el peligro que es eso?”, advirtió Scremini. Y remató: “Ha pasado que han envenenado a perros hasta dentro de garajes”; “el productor está solo en esto”.
