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La actual es la cuarta declaración de emergencia agropecuaria en este período de gobierno, y es la más extendida en cuanto a la superficie abarcada —todo el territorio— y ha alcanzado a casi la totalidad de los rubros. Esto habilita al Poder Ejecutivo a conceder préstamos y otros apoyos a los productores afectados, se trata de una demanda que en enero fue récord.
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Hasta fin de enero el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) había recibido 2.735 postulaciones únicas al fondo de emergencia que se canaliza a través de República Microfinanzas. “Hubo un pico en enero. Es un récord, porque veníamos recibiendo en torno a 1.800 en las anteriores emergencias”, comentó la directora de Promoción de los Sistemas de Información Agropecuaria de esa cartera, Amalia Álvarez, el jueves 2 en una comparecencia ante la Comisión Permanente del Parlamento junto a la cúpula ministerial.
Los productores de Canelones y Salto lideraron las actuales postulaciones y, por rubros, los ganaderos son la gran mayoría, seguidos por empresas de lechería y horticultura.
En la emergencia de diciembre de 2020 unos 825 productores accedieron a los créditos, en 2020-2021 fueron 961 préstamos y en 2022-2023 van 399 beneficiados, a la vez que una cifra similar estaba pronta para firmarse la semana pasada. “Este año tuvimos un récord de solicitudes para acceder al fondo y esto recién empieza. Es muy probable que termine aumentando”, añadió la jerarca. Los casi 400 préstamos ya firmados son por $ 93.000 millones; en promedio, estas operaciones rondan el equivalente a US$ 6.100.
El Frente Amplio ha cuestionado la respuesta dada desde el gobierno al impacto de la sequía. En respuesta, el ministro de Ganadería, Fernando Mattos, reconoció que las medidas “siempre serán insuficientes”, porque no se puede sustituir la lluvia. Agregó que el Poder Ejecutivo aprobó apoyos de tipo paliativo frente a la actual sequía, y reafirmó que trabajará en el diseño de otras de tipo más estructural. “Hemos reaccionado rápido” y las medidas son “dinámicas”, complementó.
Pérdidas
Mattos presentó a los legisladores una estimación de impactos directos al productor al 31 de enero que, según enfatizó, tiene un carácter preliminar. “Esto todavía no se terminó, no está grabado en piedra” el cálculo, entre otras cosas, porque no es posible saber qué grado de recuperación habrá una vez que se supere la escasez hídrica.
El impacto estimado de las pérdidas directas es de unos US$ 1.175 millones. El ministro insistió: “Vamos a tener que realizar ese cálculo correctivo para adelante de manera constante. Tenemos un impacto superior a anteriores sequías”. Y comparó en términos del Producto Bruto Interno: en la anterior fue de 1,7% y “ahora 1,8% o 1,9%. Es la cuarta parte del producto sectorial, es realmente muy importante”.
El relevamiento del estado de situación por rubros mostró que se esperan, en la ganadería, una merma en los procreos, la pérdida de peso de los animales y mortandad por falta de campo natural. En la lechería estimaron una baja en la remisión a las plantas de 5% y pérdidas del orden de US$ 100 millones, con “muy importantes costos para el productor, que debió invertir mucho más en forrajes (…). En muchos casos, han agotado su reserva, que se cosechan especialmente en primavera” pero esta última fue “bastante avara”, dijo Mattos.
En la viticultura las pérdidas estimadas son del 20%. En el sector hortifrutícola la “afectación es importante”, pero la Dirección de la Granja está haciendo un relevamiento caso a caso, por lo que no se presentó un “número afinado”, informó su director, Nicolás Chiesa.
El ministro recalcó que estos números refieren al impacto productivo directo, y no computan los efectos sobre el resto de las cadenas productivas, en términos de pérdidas de empleo y para las “localidades del interior donde no se derrama el dinero”. Remató: “Hay una pérdida de riqueza encadenada a todo esto”.
