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El alza de precios minoristas tiene efectos nocivos para el funcionamiento de la economía y el más visible para la gente es la pérdida de poder adquisitivo de sus ingresos. También es distorsivo para la planificación de la actividad empresarial y la inversión. Ese tipo de consecuencias negativas son las que las autoridades se proponen combatir cuando luchan contra la inflación y establecen metas en tal sentido (aunque en 2016 volvieron a ser incumplidas).
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Pero para el gobierno la inflación tiene un efecto que juega a su favor y colabora con el resultado fiscal. Es el “impuesto inflacionario”, un tributo implícito y sin una base legal, que —sin embargo— el año pasado redujo su recaudación respecto a 2015 al moderarse el alza de precios al consumo (fue 8,10%).
En 2016 la recaudación asociada al fenómeno inflacionario fue de unos U$S 227 millones, equivalentes a 0,44% del Producto Bruto Interno (PBI), calculó Búsqueda. Fue U$S 70 millones menor que en 2015 (0,55% del PBI).
Estos ingresos que percibe el Estado se dan producto del monopolio que tiene el Banco Central (BCU) como emisor de moneda. Dicha emisión le reporta una “ganancia” que surge del hecho de que cuando se imprimen los billetes y monedas estos valen más que un tiempo después, cuando la inflación los hace perder su poder de compra.
Lo curioso del desempeño del “impuesto inflacionario” durante 2016 fue que la aceleración de la suba de precios registrada en los primeros meses del año (y su posterior reducción) llevó a que el 87% de su recaudación se produjera en ese lapso. En años anteriores las ganancias estaban distribuidas de una forma más equilibrada mes a mes.
Impuesto.
Se considera que el impuesto inflacionario es “virtual”, ya que no es cobrado por ningún organismo en particular. En definitiva, lo cobra el Estado al apropiarse de la diferencia de valor que existe desde que los billetes fueron impresos a su circulación.
De este modo, el Estado puede utilizar la inflación como instrumento para financiar parte del fisco de distintas maneras. Por un lado, el gobierno puede gastar a partir de una mayor emisión de dinero. Por otro, el aumento de precios en la economía actúa “licuando” el gasto público, siempre que este tenga un crecimiento nominal por debajo de la inflación.
Las políticas públicas instrumentadas desde mediados de la década de 1990 para mantener la inflación por debajo de dos dígitos han disminuido la incidencia del “impuesto inflacionario”, si bien 2015 fue uno de los de mayor recaudación en los años recientes.
Para realizar el cálculo, Búsqueda toma como “base imponible” del “tributo” la base monetaria restringida que publica el BCU, que corresponde a la emisión fuera de ese organismo sumado a los depósitos de encaje no remunerado, remunerado y a plazo en el Central.
Para 2017 ese organismo proyecta que la inflación registre un “ajuste a la baja”, en un contexto de crecimiento moderado de la economía uruguaya, según su último Informe de Política Monetaria publicado a mediados de enero.
