N° 1925 - 06 al 12 de Julio de 2017
Para los politólogos, toda elección se resuelve en un eje de continuidad o cambio. Sentencian que los electores se definen por una de estas opciones y que lo hacen tanto por la positiva (voto premio) como por la negativa (voto castigo). Una decisión que por otra parte cada vez relacionan más con la imagen y el carisma de los candidatos.
Los partidos de la oposición basan su discurso en el cuestionamiento de las políticas y de los resultados de las políticas seguidas por el gobierno. Procuran capitalizar la insatisfacción de parte del electorado para sumarlo a quienes ya integran sus filas. Pero a la vez de marcar críticas deben sintonizar con las aspiraciones y deseos del electorado.
Todo oficialismo trata de demostrar el acierto de sus políticas, destaca los logros de su gestión y descalifica las propuestas de quienes se le oponen. Pero lo suyo no se reduce a batirse el parche y a demostrar que gracias a sus políticas los ciudadanos viven hoy mejor que antes.
Porque eso, aun siendo suficiente para sus simpatizantes, puede no serlo para poder ganar el voto de ciudadanos menos politizados en un país con una relación de fuerzas oficialismo-oposición bastante pareja. Sobre todo si, como en el caso del Frente Amplio y como lo indican las encuestas y lo reconocen hoy muchos de sus partidarios, tras 12 años de gobierno el entusiasmo de sus votantes ha ido decayendo debido al inevitable choque de las ilusiones y promesas con la realidad.
Una realidad en la que el viento a favor ha perdido intensidad y obliga a actuar con cautela en el manejo de las finanzas públicas. Moderación impuesta por un gasto estatal alto, un déficit fiscal estabilizado en torno a 3,4% del PBI que debe financiarse con más deuda. Más deuda que algún día habrá que afrontar. Un país golpeado por las inestabilidades de la región, caro en términos internacionales y que en los dos últimos años ha perdido miles de puestos de trabajo. Cualquiera diría que los tiempos felices son cosa del pasado.
Si, como no dejan de remarcarlo el presidente y el ministro de Economía, los datos de la realidad exigen cautela, el margen para dar y prometer resulta bien reducido. Así surge, por otra parte, del proyecto de Rendición de Cuentas, iniciativa que a muchos legisladores y dirigentes frentistas, siempre generosos para expandir el gasto, les cuesta digerir. Porque consideran que existen “necesidades insatisfechas” en la sociedad, porque creen que el Estado debe actuar con mayor energía para reducir las desigualdades sociales. Pero también porque creen que existe una mayor capacidad de exacción y siempre están pensando a qué actividad o a qué grupo social le pueden aumentar la carga impositiva o bien a qué empresa o sector se les pueden eliminar exoneraciones impositivas. El único límite que reconocen estos “populistas-progresistas” es verse al borde del precipicio. Y a veces ni eso los frena.
Si el margen para dar y para prometer es escaso, ¿cómo superar la insatisfacción de muchos de quienes dieron su voto en tiempos de vacas gordas? Para usar un término al que suelen apelar hoy muchos dirigentes frentistas: ¿cómo volver a “encantarlos”?
Y bueno, ya hay una idea que ha sido puesta sobre la mesa: la creación de un sistema de “renta básica”.
¿Qué es la renta básica? Se la define como el derecho de todo ciudadano y residente acreditado a percibir una cantidad periódica de dinero que cubra las necesidades vitales sin que por ello deba cumplir contraprestación alguna.
La propuesta ha sido planteada en varias naciones europeas por economistas independientes y militantes antiglobalización, en parte como respuesta al proceso de robotización que genera desocupación y precarización del trabajo. Sus realidades —y estados de desarrollo— son muy distintos, pero…
En junio de 2016, quizás por el peso de una tradición protestante que moldeó una ética del trabajo, del ahorro y del esfuerzo propio como camino del éxito en la vida, el 77% de los suizos rechazaron en un referéndum una propuesta para crear una renta básica de 2.250 euros mensuales para cada ciudadano o residente adulto si no dispone de un ingreso equivalente y de 565 euros para los menores de 18 años. Quienes se opusieron a la iniciativa consideraron que minaría la cohesión de la sociedad y cuestionaron su elevado costo.
En enero pasado, Finlandia puso en marcha un experimento con 2.000 desempleados de entre 25 y 58 años que reciben una renta básica de 560 euros mensuales. Renta que sustituye al resto de las subvenciones o transferencias públicas.
En otros países europeos, que como consecuencia de la crisis del 2008 han tenido que recortar beneficios en sus respectivos “estados de bienestar”, fuerzas políticas y organizaciones de izquierda han planteado sin mayor eco hasta ahora la creación de una renta básica universal.
El tema, como se ve, está en la vuelta. Y aquí ayuda no solo a actualizar y dar mayor vigor a la “agenda de derechos” que promueve el Frente Amplio, sino también a re-entusiasmar a una militancia alicaída ante la falta de causas atractivas, motivantes, que conecten con la cultura y la programática de la coalición.
El director de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia, Nelson Villarreal, quien en setiembre pasado reemplazó a Javier Miranda, anunció que se estudia la viabilidad de crear un sistema de renta básica, empeño en el que participarán varias facultades de la Universidad de la República.
“Los derechos sociales reclaman que hoy exista un monto que no esté condicionado, para dar sustento a la supervivencia”, porque “no podemos construir derechos humanos que solo quedan remitidos al presente y al pasado. Hay que abrir la mirada al futuro y en esa perspectiva todos sabemos que la sustentabilidad de la democracia está en la distribución básica de recursos”, declaró Villareal (El País, 19/6/2019). “¿Por qué no pensar —agregó— en una sociedad que va al Sistema Nacional de Cuidados y al envejecimiento, que exista la posibilidad de un sustento para que la gente tenga estabilidad?”.
“Muchos trabajan para consumir. La renta básica tiene que estar ligada a otros incentivos. ¿Por qué no hacerlo socialmente, hacer que haya un mínimo que habilite a buscar la innovación (…)? Hay que ver qué modelo potencia más la integración social”, explicó.
El decano de Ciencias Económicas, Rodrigo Arim, ya había planteado el tema en febrero en una entrevista que dio al programa radial En Perspectiva.
En la campaña electoral de 2014 el entusiasmo y la ilusión de muchos frenteamplistas, por entonces en baja, pudo recuperarse gracias a ciertas propuestas que prometían mayor inclusión: una reforma educativa profunda, otorgar el 6% del PBI a la educación, la creación de un Sistema Nacional de Cuidados y la “certeza” de que no habría más impuestos. “Compromiso” hasta ahora incumplido el primero, y modesto avance en el segundo. La “certeza” del tercero golpea los bolsillos de los contribuyentes por todas las vías posibles (aumento de tarifas, de tasas, creación de impuestos en la actual Rendición de Cuentas), según se dijo para hacer frente a la “herencia” recibida del gobierno de Mujica.
A dos años de la elección nacional, levantar la bandera de crear una renta básica universal, aun sin indicar quién pagará la fiesta, seguramente contribuirá a despertar nuevas expectativas en sectores sociales que poco reflexionan sobre tales minucias. Sería una carta interesante a jugar a la hora de generar nuevas ilusiones y entusiasmos. Y de paso, consolidar un objetivo clientelístico.
