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En menos de un mes —un veloz tratamiento legislativo que molestó a parte de la oposición—, el Parlamento ratificó la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal firmada en junio por el ministro de Economía, Danilo Astori, en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
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El proyecto de ley con un único artículo que aprueba este compromiso había entrado al Poder Legislativo para su consideración el 1º de agosto. El 17 de ese mes se aprobó en la Cámara de Diputados y este lunes 29 lo sancionó el Senado con 21 votos a favor (del oficialismo, el independiente Pablo Mieres y los senadores del sector blanco Alianza Nacional) en 28.
La semana pasada, al visitar la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara Alta, el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, agradeció la colaboración de varios legisladores que se comprometieron a darle “celeridad” al trámite legislativo. El jerarca explicó que, para cumplir con el compromiso del intercambio automático de datos a partir de setiembre de 2018 (con los ejercicios que comienzan en 2017), era necesario votarlo y depositar en la OCDE el instrumento antes de fin de agosto. Eso, además, favorecerá a Uruguay cuando sea auditado en 2019 en cuanto a la aplicación de estos estándares internacionales, dijo al volver a esa comisión este lunes 29.
No adherir acarrea riesgos para el país, advirtió. “El PIB de los países que integran la OCDE es el 85% del PIB mundial. Por lo tanto, que Uruguay quede excluido de la posibilidad de exportar bienes o servicios, o de recibir inversiones, de aquellos que representan el 85% del PIB mundial sería realmente muy complejo en términos prácticos. Esto sí amerita una reflexión conceptual (…)”, planteó.
Según Ferreri, la convención trae “beneficios concretos” para el país, al “mejorar los controles” de pago de los impuestos a la renta empresarial y personal. “Sin dudas, Uruguay va a solicitar mucha más información a Panamá que la que ese país pueda pedir a Uruguay”, graficó.
El “mejor de la clase”.
Senadores de la oposición cuestionaron la premura que tuvo el gobierno para aprobar este compromiso.
“La forma en la que se trata en el Parlamento no es seria. No es serio tratar un tema tan importante como este en la mañana y votarlo por la tarde”, se quejó el senador blanco Luis Lacalle Pou ante la delegación del Ministerio de Economía que visitó la comisión. “Al parecer, nos mueve algo así como un complejo de ser los mejores de la clase, que hace que busquemos cumplir cláusulas y suscribir acuerdos que de alguna manera no nos van a beneficiar (…)”, agregó.
Este lunes 29, durante la votación del proyecto, Luis Alberto Heber (Partido Nacional) opinó que con esta convención Uruguay está haciendo “el peor de los negocios”. Y agregó: “No entiendo la velocidad del gobierno para firmar esto y que esto esté en 2018, cuando tenemos todo para perder. Hoy votamos presionados”.
El colorado José Amorín hizo un planteo similar. “Acá falta tiempo para estudiar el convenio. Hay información incompleta. (…) ¿Nos convienen estos tratados? ¿Qué ha pasado con estos tratados? A Argentina cuántos datos les pedimos? Cero. Y ellos, 200 y pico. ¿Y en el resto de los 30 países con los que tenemos convenio? No supera las diez veces”, dijo.
“Estamos entregando la información a cambio de nada”, se quejó Pedro Bordaberry, también del Partido Colorado, reclamando negociar más tratados para evitar la doble tributación.
Por el oficialismo, Enrique Pintado, replicó: “Votamos a favor por una convicción, de que la transparencia es buena desde el punto de vista ético. Y si esto no fuera poco, además es buena porque al país le conviene”.
Luego ironizó: “Sé que hay personas que añoran aquellos momentos en los que Uruguay se ofrecía al mundo y la región como paraíso fiscal, como refugio de la elusión y la evasión. El Uruguay ha ido mutando, porque se le han cerrado espacios en el mundo para actuar de esa manera”.
La Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, firmada originalmente por países europeos y otros de la OCDE, apunta a fomentar la cooperación internacional para el combate a la evasión tributaria. Está abierta a la adhesión de otras jurisdicciones.
Prevé diversas modalidades de intercambio de información (a solicitud, espontáneo y automático), inspecciones de fiscalizadores en el extranjero y mecanismos de asistencia para la recaudación. Sin embargo, Uruguay interpuso reservas a varios aspectos, como en el plazo de entrada en vigor de la convención (1º de enero de 2017), el cobro de adeudos a favor de otros países, y la intervención de fiscos extranjeros en territorio uruguayo.
Esta convención fue firmada hasta ahora por 103 países, de los cuales unos 30 tienen firmados acuerdos de cesión de datos con Uruguay (que los sustituirá tras una negociación).
