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    viernes 21 de junio de 2024

    Secretaría antilavado detectó incumplimientos de los partidos y optó por recomendarles mejoras antes que aplicar sanciones

    En un caso los servicios técnicos evaluaron que las faltas ameritaban una “observación”

    La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) decidió no sancionar a partidos políticos que fiscalizó pese a que incumplían las normas y que en un caso sus equipos técnicos recomendaron un castigo leve. Las autoridades optaron por cerrar los expedientes con recomendaciones para que los partidos mejoren sus controles de combate al blanqueo de capitales y la advertencia de que tendrá en cuenta ese proceso en una futura evaluación.

    En octubre del 2021, integrantes de la Senaclaft llegaron a los domicilios fiscales de algunos partidos políticos como parte de su tarea de control del cumplimiento de las obligaciones que establece la normativa antilavado sobre las organizaciones sin fines de lucro. Poco más de un año más tarde, el organismo archivó los expedientes abiertos a tres partidos políticos sin aplicar sanciones, de acuerdo con las resoluciones a las que accedió Búsqueda a través de un pedido de acceso a la información pública. La Senaclaft entregó los datos solicitados, pero ocultó en todos los casos la información que pudiera identificar al involucrado en la fiscalización.

    La decisión de archivar una investigación sin sanciones fue la resolución final más común adoptada por la Senaclaft. Durante el 2022, según su memoria anual, archivó 59 expedientes e impuso 30 sanciones: 17 apercibimientos, 11 observaciones y 2 multas.

    Fallas y recomendaciones

    La Senaclaft es el organismo a cargo de controlar a los sujetos obligados del sector no financiero que deben establecer mecanismos de análisis y reportar las operaciones sospechosas de lavado en las que participen. En esa categoría se encontraban, a octubre del año pasado, 13.341 profesionales o entidades (ver cuadro).

    La inclusión de las organizaciones sin fines de lucro que superan cierto nivel de ingresos anual o de patrimonio en el sistema de control fue establecida en 2018, pero la fiscalización de los partidos políticos recién se llevó adelante en los últimos años.

    Las normas establecen que las organizaciones como partidos o iglesias deben aplicar un proceso de “debida diligencia” de los “aportantes de fondos”, lo que implica, entre otras cosas, hacer un análisis de riesgo de esa persona física o jurídica, de la estructura que se utiliza para la transferencia y estudiar el origen de los fondos que maneja.

    “Se deberá informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay las transacciones realizadas o no que en los usos y costumbres de la respectiva actividad resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada, así como las transacciones que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud”, explica una instrucción elaborada por la Senaclaft para que las organizaciones sin fines de lucro tengan claro cómo proceder.

    Con las reglas de juego sobre la mesa, la Senaclaft realizó en octubre del 2021 inspecciones para determinar quiénes las aplican. En setiembre del año pasado, cuando los expedientes de los partidos estaban en trámite, el titular de la Senaclaft, Jorge Chediak, dijo en el Parlamento que el cumplimiento de esas organizaciones era “irregular y desparejo”, informó entonces El Observador. La fiscalización, relató el jerarca, incluyó a Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente. En los dos últimos casos se hizo de manera virtual y no presencial por el “menor riesgo” vinculado a esas colectividades.

    En diciembre último, la Senaclaft aprobó tres resoluciones vinculadas a partidos. Búsqueda no pudo constatar de cuales se trataba porque el organismo ocultó cualquier dato que pudiera identificarlos.

    En el caso de un partido, la resolución dice que el Área Fiscalización en su informe técnico sugirió aplicar una sanción de “observación” (la segunda más leve en la escala después del “apercibimiento”) ante “los incumplimientos detectados”. El Área Jurídica compartió la evaluación, “pero sugirió, dadas las circunstancias del caso y la realidad del sector, proceder en esta oportunidad al archivo de las actuaciones con recomendaciones al sujeto obligado a efectos de fortalecer su sistema” antilavado.

    Algunas sugerencias fueron tapadas por la Senaclaft antes de dar la información a Búsqueda, pero otras no. Conforme a las que están visibles, el organismo recomendó desarrollar “capacitaciones con periodicidad de acuerdo a lo previsto por la normativa vigente” y establecer “parámetros” claros para llevar adelante los análisis de riesgo. Además, señaló que “en lo que refiere a las medidas de debida diligencia, deben realizarse de manera oportuna, dando cumplimiento a los requisitos que prevé la ley y el decreto reglamentario” y “los registros” de esas actividades “deben mantenerse de manera íntegra reflejando la realidad de las operaciones que respaldan”.

    El 30 de diciembre, la Senaclaft aprobó una resolución vinculada a otro partido político que incluye más recomendaciones ante la “debilidad” detectada. En este caso, el Área Fiscalización había sugerido el archivo de las actuaciones porque el partido declaró que sus ingresos y activos estaban por debajo del umbral previsto por el decreto para calificar como un sujeto obligado de reportar operaciones sospechosas de lavado.

    El artículo 84 del decreto indica que es sujeto obligado cualquier organización sin fines de lucro, con o sin personería jurídica, “que tenga ingresos de cualquier naturaleza al cierre del ejercicio anual por un importe superior a UI 4.000.000 (cuatro millones unidades indexadas) o activos por un valor superior a UI 2.500.000 (dos millones quinientos mil unidades indexadas), valuados de acuerdo a las normas del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas”.

    Cuando ese partido político fue fiscalizado en octubre del 2021, declaró ingresos anuales por debajo del umbral, es decir, menores a US$ 470.000, y tener un patrimonio inferior a US$ 300.000.

    La resolución indica que si bien el Área Fiscalización sugirió el archivo, Jurídica relevó “una debilidad desde el punto de vista antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALACFT), relacionado a los ingresos que de manera indirecta se integran al partido (en sentido amplio), a través de los sectores y/o agrupaciones que lo conforman, y que no cuentan con un control previo del propio partido, quien desconoce su origen y respectiva trazabilidad”.

    “La particularidad de los ingresos y financiación de los diferentes sectores y/o agrupaciones que integran el partido debería ser considerada por la organización a efectos de regular su funcionamiento”, dice la resolución.

    Entre las recomendaciones aprobadas por la Senaclaft antes de archivar está “requerir a los distintos sectores y/o agrupaciones que integran el partido que cuenten con personería jurídica propia y que registren sus ingresos y egresos, rindiéndole cuentas al partido” de estos.

    Cuando visitó el Parlamento en 2022, Chediak dijo que el Partido Colorado en algunos años, particularmente los electorales, supera el “umbral” de ingresos y se convierte en un sujeto obligado de reportar, pero en otros no. Al respecto, recomendó a los legisladores eliminar ese umbral para que los partidos entren en la categoría del sistema antilavado en todas las circunstancias.

    Una tercera resolución vinculada a un partido político indica que las Áreas Fiscalización y Jurídica en sus informes técnicos “relevaron determinadas debilidades, sugiriendo recomendaciones al sujeto obligado a efectos de fortalecer su sistema” antilavado. A partir de eso, establece una serie de recomendaciones —todas borradas en la información que proporcionó la Senaclaft— y luego el archivo de las actuaciones.

    Multas a la mitad

    Además de resolver expedientes sobre los partidos políticos, la Senaclaft tomó definiciones sobre los resultados de fiscalizaciones a usuarios de zonas francas, profesionales y otras empresas.

    En dos casos decidió aplicar multas de 100.000 unidades indexadas cada una por “incumplimientos graves” a la normativa. En ambas ocasiones, los servicios técnicos habían sugerido que la multa fuera de 200.000 unidades indexadas.

    Una de las empresas multadas había incumplido las normas de control en operaciones que llevó adelante para varios clientes, que en uno de los casos incluía a dos sociedades anónimas domiciliadas en un paraíso fiscal.

    Información Nacional
    2023-05-03T23:05:00