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Antes de cruzar el mostrador y pasar a desempeñarse como jerarca municipal y ministerial, Víctor Rossi tuvo una amplia trayectoria sindical. En los años previos a la dictadura fue secretario del Plenario Sindical de Canelones y con el retorno de la democracia militó en los sindicatos del transporte y hasta integró la Mesa Representativa y el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT. En una de las paredes de su despacho del piso ocho del Ministerio de Transporte, como reflejo de aquella etapa, cuelga un retrato del histórico líder sindical José D’Elía.
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A pesar de esos antecedentes, Rossi no mantuvo durante su administración un buen vínculo con cinco de los siete sindicatos que tiene la cartera. Al menos así lo empezó a denunciar hace más de un año la Coordinadora de Sindicatos del Ministerio de Transporte, que para hacerse sentir fue incrementando la intensidad de sus reclamos. Fueron tres veces al Parlamento, otras tantas al Ministerio de Trabajo para intentar crear un ámbito de negociación tripartito y hace unos meses pararon y ocuparon el piso de la oficina de Rossi.
En julio de 2015, cuando el período de gobierno recién comenzaba, los trabajadores y el ministro firmaron un acta de negociación bipartita en la que se comprometieron a buscar avances en distintos temas. La agenda incluía el presupuesto, seguridad y salud laboral, ingreso de personal, carrera administrativa, reestructura, homologación de tareas, escala salarial y libertad sindical.
“Hoy vemos que el período se está terminando y la mayoría de los puntos ni siquiera se hablaron”, cuestionó Lilián Macedonio, una de las referentes sindicales. Lejos de obtener avances, los trabajadores denuncian ausencia de concursos, ascensos y aumentos salariales a dedo y desmantelamiento de áreas.
Problemas
El Ministerio de Transporte tiene unos 3.000 trabajadores. La coordinadora de sindicatos está integrada por la Asociación de Funcionarios de Secretaría, la Asociación de Funcionarios de la Dirección Nacional de Arquitectura, la Asociación de Obreros de la Dirección Nacional de Arquitectura, la Asociación de Funcionarios de Topografía y la Asociación de Funcionarios de la Dirección Nacional de Transporte. Todos ellos integran la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE).
El diálogo con Rossi comenzó antes incluso de que asumiera. En febrero de 2015 los convocó al Hotel Four Points para preguntarles por los temas en los que les interesaba trabajar. Luego de la firma del acta de julio comenzaron a reunirse periódicamente pero sin lograr avances. Todo quedaba en charlas. Según cuentan, Rossi siempre se negó a hacer actas de las reuniones que permitieran tener un registro de los avances. “Si ustedes quieren, escriban, pero yo no voy a firmarlas”, aseguran que les dijo.
Uno de los pocos resultados que obtuvieron en este período fue la homologación de funciones de trabajadores. Sin embargo, quedaron afuera otros. La homologación de funciones es el reconocimiento de parte de la administración de tareas que no están comprendidas en las responsabilidades de un funcionario pero sin embargo las está desempeñando. Cuando pasa más de un año haciéndolo, y es reconocido por su superior, puede pedir la homologación, que implica una retribución económica.
Según los dirigentes sindicales, la homologación de tareas es frecuente en el ministerio. Sucede que en promedio, la mayoría de los trabajadores tienen más de 50 años, por lo que son varios los que año a año pasan a jubilación. Esos cargos no se llenan con ingresos sino que las tareas son asumidas por otros funcionarios.
Mientras, los sindicalistas sostienen que frecuentemente se encuentran con resoluciones que asignan aumentos “suculentos” de salarios a “secuaces y amigos” del ministro y sus allegados. Como ejemplo, muestran una resolución del 1º de abril que otorga a un funcionario una compensación especial mensual de algo más de $ 29.000 por “trabajos extraordinarios”. Como esa, están en conocimiento de los sindicalistas otras cinco resoluciones, y una de ellas abarca a seis funcionarios. En los 11 casos, los aumentos otorgados son de entre $ 30.000 y $ 38.000. Las homologaciones que ellos están pidiendo, según indican, rondan en general los $ 5.000.
Según Iannis Diakakis, de la Asociación de Funcionarios de la Dirección Nacional de Arquitectura, esa forma de ocupar los cargos viola la ley de negociación colectiva y el estatuto del funcionario público. “El ocupar cargos arbitrariamente y a dedo con otorgamiento de dinero suculento, está violando la ley. Esos ascensos deben ser concursados”, afirmó.
Los dirigentes aseguran que ese mecanismo provoca división entre los trabajadores. Como ejemplo, señalan el caso de un compañero que tenía todas las condiciones para concursar por un ascenso así y ante una designación por resolución decidió renunciar al ministerio, incluso cuando estaba cerca de la jubilación.
La reestructura, según cuentan, quedó en la nada. Apenas se hizo un curso de dos días a cargo de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Ese mismo organismo, dicen, hizo un curso de siete meses para el Ministerio de Ganadería. Por eso, creen que de aquí al cierre del período no habrá avances.
En cuanto al ingreso de personal, denuncian que el ministerio recurre a diferentes mecanismos para evitar el ingreso de personal genuino. Uno de los más frecuentes es recurrir al acuerdo firmado con la Fundación Ricaldoni para incorporar trabajadores de manera indirecta. Tampoco tienen ya posibilidades de incidir en el presupuesto.
A fines de junio, las relaciones entre el ministerio y los sindicatos volvieron a encaminarse. Tras un encuentro en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) se acordó una reunión bipartita con Rossi. El lunes 15 tuvieron una segunda reunión con el ministro y tendrán en los próximos días una tercera.
Luego, volverán las dos partes a reunirse en la Dinatra para evaluar los avances obtenidos y comprometerse a cumplir con lo acordado.
