Sociedades anónimas y fideicomisos del Estado son “fuga del Derecho” que lleva al “libertinaje”

Según dijo, hay más de 40 personas públicas no estatales, un “centenar largo” de sociedades anónimas del Estado, y al menos una docena y media de fideicomisos estatales (...). Es “como una urticaria que se ha desarrollado rápidamente, la mixtura de lo privado con lo estatal (...). Esto nos obliga a repensar el alcance del control en términos de ámbito de aplicación y a mirar la noción de hacienda pública no solo de lo público”, planteó. Y agregó que “cuando ocurre un fenómeno de huida del control, ese fenómeno en sí mismo ya merece la tacha de patológico. Porque la huida es en sí un comportamiento reprobable”.

Recordó que la Junta de Transparencia y Ética Pública pidió a los administradores de estas sociedades que presentaran declaraciones juradas sobre sus patrimonios personales, pero “muchos tuvieron el desparpajo de decirle que no”; luego esa imposición quedó establecida por ley. Y dirigiéndose a María Joao Kaizeler, una especialista del Banco Mundial que lo había precedido en el foro convocado por la Auditoría Interna, señaló: “Estoy hablando del Uruguay. (...) No estoy hablando de ciencia ficción ni de otros países, republiquetas o que merezcan otros calificativos”.

Según Delpiazzo, en esta “suerte de brotación primaveral de sociedades anónimas estatales, también los gobiernos departamentales fueron por las propias”.

“Si miramos esta realidad podríamos concluir que estamos frente a una patología, y en verdad estamos frente a una patología, Pero esto no quiere decir que el instrumento societario utilizado por el Estado en sí mismo esté mal. Pueden existir usos genuinos por parte del Estado, por ejemplo para captar inversión privada para la realización de obra pública o para la prestación de servicios públicos. Los primeros puentes y vías férreas en el país fueron por concesiones a sociedades en los que tenía participación el Estado. (...) El instrumento no es malo o no es patológico. (...) El tema es cuando la sociedad se vuelve un instrumento patológico de fuga organizativa”, reflexionó el especialista.

Sostuvo que la “huida del Derecho Administrativo” no es un fenómeno de Uruguay sino que “ha llenado las cárceles de algunos países europeos” que dio lugar a la “corrupción, porque donde no hay control la tentación puede ser grande. Y la caída en la tentación se ha dado y en algunos casos ha sido reprimida como corresponde”.

Y machacó con ese concepto cuando afirmó que las sociedades anónimas de propiedad estatal han sido el “pasaporte a la felicidad para las fugas organizativas. Consisten en que un ente estatal (...) crea esos instrumentos y a través de la personificación jurídica de esos instrumentos contrata con terceros (...) utilizando fondos de Derecho Público”.

Delpiazzo describió luego las situaciones que, dijo, rodean a estas sociedades: “Siempre que hay un administrador tiene que haber secretarias, tiene que haber un despacho para mostrar atributos de poder, el tamaño del escritorio, el espesor de la alfombra, el brillo de la lámpara, el tamaño del sellito. La computadora, el servidor, el vehículo”.

Apuntó que cuando estas sociedades tienen problemas, es el Estado el que debe responder. “Entonces la fuga termina siendo una salida transitoria, que en muchísimos casos ha terminado mal”, sostuvo.

“Ojo al gol”.

“Un problema parecido se plantea con la multiplicación de los fideicomisos. Hay palabras que tienen como un efecto mágico. Eso pasó en el Uruguay cuando se dictó la ley de fideicomisos. Si no sabías cuál era la mejor solución para un problema, constituí un fideicomiso (...); era la solución imaginativa, creativa y novedosa. Pero mirado desde el Derecho Público, el fideicomiso plantea una serie de interrogantes y de dificultades”, sostuvo después el presidente del estudio jurídico Delpiazzo y Asociados. Es que, señaló, “los patrimonios de afectación le rechinan al sistema; no es malo el fideicomiso en sí mismo, es malo su uso no genuino”. Y agregó que plantean “algunos problemas de competencia, de procedimiento y también de control”.

Un “primer problema”, según el abogado, es cómo una entidad estatal puede constituir ese patrimonio de afectación si sus recursos son de dominio fiscal. Ojo al gol con lo del fideicomiso propio. ¿Qué voy a poner ahí? Porque no puedo poner bienes ajenos. (...) No es soplar y hacer botella”.

“Se trata de una realidad que viene desbordando el cuadro normativo en el cual estábamos acostumbrados a movernos”, sentenció. Y agregó que “todas estas sociedades y fideicomisos van a quedar al margen del control que la Nación, a través de la Constitución, se ha querido dar (...)”. Por eso abogó por un nuevo enfoque “para responder a una realidad irritante de ausencia de control”.

“Las administraciones públicas están convocadas a ser eficientes. Pero resulta que ahora la eficiencia es una excusa para evadir el régimen de control de Derecho Público. Para salir de la ley de contabilidad, para salir del estatuto, para salir del Tribunal de Cuentas, para salir de la licitación pública, para salir del tope de las retribuciones”, enumeró.

Y terminó: “Como los héroes de mayo, digo acá en el Paraninfo de la Universidad de la República que el pueblo quiere saber de qué se trata. El pueblo quiere saber qué está pasando con los dineros públicos que se vehiculizan a través de sociedades anónimas. El pueblo quiere saber de qué se trata con determinados bienes que se sustraen del patrimonio público, se aplican a un fideicomiso y se ponen en manos de un fiduciario al que no se controla y no se sabe muchas veces quién es. Es más, a veces ni siquiera está en el país”.