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    Soja: fluida cosecha y lenta comercialización en medio de más exigencias del MGAP

    Con más del 70% del área de soja cosechada, el sector agrícola se apresta a confirmar un volumen de producción récord, considerando un rendimiento de unos 3.000 kilos por hectárea, que resultaría en casi 3,6 millones de toneladas.

    El clima sin lluvias significativas, hasta esta semana, permitió el desarrollo de las labores de las cosechadoras en las plantaciones.

    En contraste con esa situación, la comercialización de los granos por parte de los agricultores “es muy lenta y las ventas son escasas”, debido a los bajos valores registrados en la bolsa de Chicago, señalaron a Campo empresarios de ese sector.

    Indicaron que “por el momento, los productores están cumpliendo compromisos anteriores (ventas anticipadas y canjes por insumos)”, mientras aguardan por mejores precios para vender el resto de sus granos recién levantados de las chacras.

    En los primeros días de mayo la soja cotizó entre U$S 350 y U$S 360 la tonelada en el mercado de referencia mencionado.

    Los compromisos de entrega hasta el momento representan cerca del 60% de la cosecha, entre lo que son las ventas concretadas, con precio a fijar y canjes por insumos, comentaron los operadores agrícolas. Basándose en ese aspecto, esperan que, a pesar de los precios bajos de la oleaginosa, en los próximos días aumente la oferta de los productores.

    En cuanto a la incidencia que tiene en la operativa de comercialización el protocolo sanitario firmado con China, los empresarios manifestaron que los controles sanitarios “son importantes”, ya que la Dirección de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) definió una serie de requisitos y disposiciones para instrumentar el cumplimiento de ese acuerdo.

    Auditoría e inspección

    Mediante tres resoluciones fechadas el 6 de abril, Servicios Agrícolas estableció la “obligatoriedad del control previo para la exportación de granos y subproductos”.

    En ese sentido dispuso que los operadores portuarios que realizan la carga de buques de esos productos agrícolas con destino a la exportación, tendrán la responsabilidad de verificar que se hayan realizado los controles y procesos de los embarques previstos en esa norma.

    Los controles de la mercadería se deberán realizar previo al ingreso al puerto, camión a camión, en puntos de control dotados con las comodidades y tecnología necesarias para obtener muestras representativas del embarque que permitan a los funcionarios de Servicos Agrícolas realizar su auditoría e inspección durante la carga para emitir el certificado fitosanitario.

    En casos de incumplimiento de lo establecido en esa resolución, “las sanciones podrán llegar hasta la suspensión del operador portuario para exportaciones de granos”, advirtió el MGAP.

    Entre los argumentos señalados por esa dependencia ministerial figura la necesidad de “contar con los procedimientos transparentes para los diferentes operadores en la cadena de exportación de granos y subproductos, que aseguren el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos”.

    Pretende disponer de una norma que permita la supervisión y contralor del accionar de quienes operan en exportaciones de granos. Y debe reflejar la modalidad operativa del comercio internacional de granos y permitir la verificación del cumplimiento de los requisitos fitosanitarios según el destino, previo al embarque.

    Complementariamente, el MGAP resolvió la obligatoriedad de inscripción en un registro nacional de aquellas firmas que actúen en el mercado de granos, controlando y emitiendo certificados de calidad e inocuidad, a solicitud de terceros.

    Las empresas de control de calidad de granos verifican ese aspecto de los productos tanto en el ámbito nacional como en el internacional y hasta el momento “no existe ninguna regulación para su actuación” en Uruguay, argumentó.

    Consideró necesario disponer de una norma adaptada a la modalidad operativa del comercio que permita la supervisión y contralor del accionar de esas empresas.

    Las firmas de ese sector que ya están operando en el mercado local tendrán un plazo de 30 días para cumplir con el requisito de inscripción.

    Una tercera resolución ministerial abordó la problemática de los granos coloreados, que son los que evidencian el tratamiento con fitosanitarios para ser utilizados como semillas. La utilización de semillas tratadas está prohibida, ya que no deben usarse para consumo humano o animal, ni para industrializarse, señala esa disposición basándose en decretos de 1977 y 1983.

    Establece la posible “intervención” de Servicios Agrícolas en las partidas de granos que contengan granos o pedazos de granos coloreados, además de las sanciones correspondientes.

    La instrumentación de estas resoluciones está en “etapa de ajuste, pero los controles están funcionando y la soja que ingresa a puerto y que se cargó a barco ha sido de muy buena calidad y aparentemente libre de plagas cuarentenarias”, dijeron los operadores. Se lamentaron de que ese proceso “incrementó sensiblemente los costos de poscosecha y de logística en toda la cadena, además de enlentecer toda la operativa”.

    Si bien aún no se han sacado conclusiones sobre toda esta operativa, según las consultas de Campo, la mayoría de los operadores se preguntan sobre las posibilidades de cumplimiento de estas resoluciones en una cosecha más complicada de calidad o humedad, además de cuestionarse la necesidad de incurrir en tantos costos y si no es posible un proceso de control más eficiente.