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La situación fiscal actual es uno de los “mayores elementos de preocupación” en lo macroeconómico, en un momento donde Uruguay está viendo cómo las condiciones externas “empiezan a endurecerse”. Además, el gasto público se ha comportado históricamente de manera procíclica, lo que le impide jugar su papel estabilizador en la economía. Todo esto, sumado a una experiencia “ampliamente validada” en varios países, justifica la adopción de una regla fiscal asociada al ciclo económico, plantea el trabajo ganador de la edición de este año del Premio de la Academia Nacional de Economía (Adeco).
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Julián Barquín y María Paz Zufriategui, los autores, señalan eso como alternativa al actual límite al aumento del endeudamiento previsto en la Ley 17.947 que desde el primer gobierno del Frente Amplio opera indirectamente como tope al gasto. Las sucesivas modificaciones que tuvo esa norma muestran que “hay conciencia del problema”, pero falta “compromiso para afrontarlo”. Y consideran que su “mal diseño” contribuyó a su fracaso como mecanismo de constricción fiscal, en el entendido de que “no es aconsejable” una cláusula de escape “en blanco” —la posibilidad de incrementar la deuda más allá del tope ante situaciones extraordinarias no especificadas.
El miércoles 7 la Adeco —una institución que promueve la investigación sobre la realidad económica nacional— otorgó un segundo y tercer premio, además de dos menciones, referidos a otras temáticas.
En el trabajo que logró el segundo puesto, Luciano Magnífico y José Luis Curbelo sostienen que “dada la coyuntura internacional actual, con la incertidumbre imperante por el comportamiento de las naciones dominantes del comercio internacional de las últimas décadas, es clave que economías como la uruguaya den un paso adelante y aspiren a la concreción de acuerdos amplios con socios diversos”. En ese sentido, abogan por una “modificación drástica” de algunas condiciones del Mercosur, en particular, aquella que impide la negociación de acuerdos bilaterales con países de fuera del bloque.
Álvaro Pereira Ramela, autor del trabajo que obtuvo el tercer premio, alude a una búsqueda de consensos en torno al rol del agro —y en particular la producción de alimentos— en la sociedad y economía nacional.
Diego Martínez y Darío Vecchio sostienen en su trabajo, distinguido con una mención, que urge una reforma educativa. Plantean un modelo en el cual un “acuerdo entre los dos sectores (aperturistas y bienestaristas) es posible, y es el mejor camino al desarrollo sostenible” del país.
El otro trabajo reconocido con una mención alude a la búsqueda de consensos, en este caso en torno a una “ineludible” reforma de la seguridad social “que evite las consecuencias de un colapso definitivo y logre encaminar” su sostenibilidad. Los autores, Ana Santana e Ignacio González, proponen dos modelos alternativos al actual; uno concibe una flexibilidad en la determinación de la edad jubilatoria. Bajo ese esquema, estiman que se postergaría la cantidad de retiros y, como consecuencia, que aumenten los años de servicio. De esta manera, habría un incremento considerable en la población económicamente activa, lo cual implicaría un aumento de los ingresos y una reducción del número de pasividades.
El segundo modelo alternativo propuesto por los autores es una modificación progresiva del sistema actual que tienda cada vez más a la capitalización individual a través de las AFAP u otro actor privado, similar al que se aplica en Holanda. En este esquema, el sistema previsional aseguraría una pensión pública de un valor que arbitre de acuerdo al salario mínimo del momento a todos quienes cumplan las condiciones de elegibilidad. Por otro lado, los cotizantes tendrían la posibilidad de, voluntariamente, hacer uso de un sistema previsional privado que les aporte una renta complementaria de diferentes formas.
El concurso anual de la Adeco se realiza entre economistas o contadores que hayan obtenido su título después de 2013, o estén cursando los últimos años de dichas carreras. La edición de 2018 convocó a presentar trabajos sobre la búsqueda de “consensos clave”.
Regla fiscal
Para los autores del trabajo que obtuvo el primer premio, una verdadera regla “permite corregir los incentivos de corto plazo, favoreciendo la colaboración en el tiempo entre los gobiernos de turno y lograr una política fiscal sostenible y que cumpla con su rol estabilizador”.
Proponen mirar la experiencia de Chile, que aplica desde 2001 una regla de balance estructural en la que los ingresos se corrigen según el ciclo económico.
Como parte de su trabajo redactaron un “proyecto de ley de responsabilidad fiscal” basado en una iniciativa presentada por la bancada colorada en 2010, que no llegó a tratarse. Proponen que la diferencia entre ingresos y gastos no podrá ser inferior al resultado estructural objetivo establecido para cada ejercicio económico y plantean crear una Comisión de Asesoramiento Fiscal con siete expertos independientes para definir el balance cíclicamente ajustado.
La regla podría ser dejada en suspenso ante situaciones de emergencia tales como guerras, desastres naturales, crisis económicas de gran envergadura, por ejemplo. También cuando las circunstancias macroeconómicas requieran una política menos expansiva que la requerida por la regla, en este caso con un informe previo de la Comisión de Asesoramiento Fiscal a la Asamblea General.
Según la iniciativa de Barquín y Zufriategui, el Poder Ejecutivo podrá llevar a cabo programas de gasto como política contracíclica. Proponen crear un fondo de reservas para financiar ese tipo de políticas, constituido con los excedentes que surjan del Balance Cíclicamente Ajustado.
Los autores señalan que el momento de implementación de una regla de este tipo puede ser determinante en su éxito; se necesita un contexto estable y sin grandes desequilibrios. Por ello, para el caso uruguayo “podría necesitarse, antes, un saneamiento de las cuentas fiscales para, una vez esté todo en orden, implementarla y al fin mantenernos en el camino correcto”.
