Suprema Corte de Justicia acusó al gobierno de afectar la separación de poderes por interceder a favor de militares presos en Domingo Arena

En la nota, precisaron las fuentes, los cuatro ministros (el quinto está vacante desde la jubilación del juez Julio Chalar) piden al secretario de la Presidencia que, “como profesional del derecho, reflexione sobre la inconveniencia de actitudes como la expuesta, que comprometen el necesario respeto institucional en el sistema democrático que, formalmente, requiere que pretensiones o comentarios del tipo, se canalicen a través de los órganos correspondientes”.

Gesto es uno de los dos jueces penales de Ejecución. Los juzgados de Ejecución (Gesto ocupa el de primer turno y el juez Gonzalo Silva el de segundo turno) fueron creados recientemente por la SCJ y se encargan de dar seguimiento a los reclusos una vez que se dictan las sentencias. Los jueces de Ejecución son los que remiten a la corporación, por ejemplo, las solicitudes de libertad anticipada, así como de prisión domiciliaria, en función de la conducta de los presos. También vigilan el estado de salud de los detenidos y el cumplimiento de sus derechos elementales.

Según las fuentes, Gesto se sorprendió al recibir el llamado de Guerrero y le informó que en ese momento no podía concurrir porque se encontraba en el despacho trabajando. Ante esa respuesta, el secretario de la Presidencia insistió en la necesidad de verlo cuanto antes e incluso le ofreció enviar un automóvil oficial de la Presidencia para recogerlo.

Gesto optó entonces por trasladarse por sus propios medios a la Torre Ejecutiva. Al llegar a la Presidencia de la República, Guerrero le expresó que la posición del gobierno es de “absoluto respeto por la independencia del Poder Judicial” y del trabajo de los jueces. No obstante, inmediatamente le transmitió que el presidente Mujica tenía una opinión favorable a que se le otorgue prisión domiciliaria a algunos de los militares recluidos en la cárcel especial de Domingo Arena, procesados en algunos casos y sentenciados en otros por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. De hecho Mujica ha expresado en varias ocasiones que no quiere ver “viejos presos”, aunque su idea chocó con parte de los dirigentes del Frente Amplio que desean el cumplimiento de las condenas en prisión.

Incluso, durante el encuentro con Gesto —acerca del cual Guerrero le informó que Mujica estaba al tanto—, el secretario de la Presidencia extrajo un informe de la Cruz Roja que mostró pero no entregó al juez, para que estuviera en conocimiento de la posición de ese organismo internacional. Luego de visitar la cárcel y de entrevistar y examinar a los reclusos, la Cruz Roja sugirió beneficiar a cinco de ellos con prisión domiciliaria por “estrictos motivos de salud”.

Según supo Búsqueda, uno de los oficiales que la Cruz Roja recomienda beneficiar con prisión domiciliaria es el militar retirado sentenciado en varias de estas causas, José Nino Gavazzo. No está mencionado en el informe de la Cruz Roja el ex dictador Gregorio Álvarez porque su estado de salud es bueno, según las fuentes (Búsqueda Nº 1.788).

Gesto tiene a su cargo el seguimiento de los casos de Gavazzo y del coronel retirado Ernesto Ramas.

“Presión”.

Una vez terminada la reunión en la Torre Ejecutiva, el juez Gesto se comunicó con el presidente de la SCJ, Jorge Larrieux, para narrarle lo que acababa de vivir. Luego de escuchar el relato, Larrieux resolvió convocar a Gesto para el acuerdo que los ministros de la SCJ celebraron en la mañana de ayer, miércoles 17, a efectos de que contara lo ocurrido ante el cuerpo.

Gesto asistió y los cuatro ministros escucharon su testimonio. Cuando se retiró, los magistrados evaluaron que el caso es “muy grave” y tiene importantes consecuencias institucionales, por lo que resolvieron enviar la carta a Guerrero, con copia al presidente Mujica. La nota está firmada por Larrieux y los ministros Jorge Ruibal, Jorge Chediak y Ricardo Pérez Manrique.

De hecho, fuentes de la corporación dijeron a Búsqueda que el caso fue evaluado directamente como una “presión” por parte del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial, y que por esa razón generó “enorme preocupación”.

El episodio ocurrió en medio de un complejo conflicto que enfrenta al gobierno con los jueces por una abultada deuda que los magistrados reclaman, producto de una equiparación entre los ministros de Estado y los legisladores en la última Ley de Presupuesto.