La puerta del Sanatorio Casa de Galicia, ubicado en la avenida Millán en el barrio Sayago, reunió a decenas de socios que con aplausos, silbidos y gritos se hacían oir a las 10 de la mañana del miércoles 29. Había también algunos funcionarios que además cumplen con la condición de socios de la mutualista. Repetían que ellos eran los dueños y que no iban a permitir que se los trasladara “como ganado”. Esas decenas de personas se volvieron centenares 40 minutos más tarde y la reunión se trasladó a la quinta ubicada detrás del hospital.
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Sobre una esquina del predio, Ruben González, socio, funcionario de Casa de Galicia y miembro de la asociación de funcionarios de esa institución (Afuncag), tomó un micrófono y recordó la crisis que ocurrió entre los años 2000 y 2004. En ese entonces, dijo, el sindicato pidió la intervención del gobierno, y eso “estiró un poco más la agonía”. Resaltó el apoyo de los socios, quienes en aquel momento presentaron una carta a la junta directiva en la que expresaban que “la situación estaba mejor atendida por los funcionarios que por los propios directivos”.
Pasaron 20 años y la “agonía” a la que se refirió González se agudizó y culminó con una disposición de cierre de Casa de Galicia por parte del juez Leonardo Méndez el 23 de diciembre. Socios y funcionarios vivieron una Navidad que “de feliz tuvo poco”, según comentaron algunos de ellos a Búsqueda, ante la incertidumbre sobre lo que sucedería con la atención a la salud de los primeros y los puestos de trabajo de los segundos.
El lunes 27, funcionarios de la mutualista realizaron una asamblea que culminó con la aprobación de una propuesta que había presentado el Ministerio de Salud Pública (MSP) para redistribuir a los trabajadores y los usuarios en otras instituciones. Pero muchos funcionarios mantuvieron un fuerte desacuerdo con la propuesta aprobada, y por ello decidieron acompañar a los socios en la reunión espontánea del miércoles. “Le están mintiendo al socio, le están diciendo que lo van a dejar elegir la sociedad y lo van a meter en la que quieran, lo van a trasladar como si fuera ganado”, dijo González a Búsqueda.
“¿Dónde está (Alberto) Iglesias?”, preguntaban muchos socios. “¡Que dé la cara!”, reclamaban otros, en referencia al expresidente de Casa de Galicia. Varios de quienes tomaron el micrófono lo responsabilizaron de la situación económica de la institución, alegando que “se llevó” US$ 32 millones y luego solicitó un préstamo de otros US$ 12 millones.
La propuesta que presentó el MSP y aprobó la asamblea de funcionarios del lunes 27 estableció que, por cada 1.000 socios de Casa de Galicia que absorbieran otros prestadores de salud, debían contratar a 20 funcionarios. Unos 400 quedarían por fuera de esa absorción inicial y serían ubicados en una “bolsa de trabajo”, cobrando mientras tanto un seguro de paro excepcional que podría extenderse sin plazo. “¿Pero quién le asegura a ese compañero que mañana va a tener trabajo?”, cuestionó González.
Mientras transcurría la reunión de socios y funcionarios en la quinta de Casa de Galicia, algunos de ellos recolectaban firmas. El objetivo era poder llegar a una cantidad de rúbricas suficiente para presentar un recurso ante la Suprema Corte de Justicia y también convocar a una asamblea formal de socios. Según el estatuto actual de la mutualista, para convocar a esa asamblea se necesitarían 400 socios, de un total de poco más de 40.000 con los que cuenta la institución. Esa asamblea quedó confirmada para el 15 de enero en el mismo sitio.
Tras las exposiciones de varios funcionarios y socios, se presentaron en la reunión autoridades de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) para transmitir tranquilidad. “El MSP, en conjunto con ASSE, armó un equipo de gestión en el que fuimos incluidos en virtud de haber estado en contacto a través de la intervención de Casa de Galicia para asegurar la continuidad asistencial hasta tanto se resuelva la situación y se vea cuál es el destino de los usuarios”, dijo una vocera. “ASSE está suministrando los medicamentos y algunos otros insumos y estudios (en los) que teníamos dificultades de cobertura, y estamos intentando que no pase absolutamente nada y atenderlos, como siempre, con el nivel de calidad de asistencia que han tenido desde hace muchísimos años”, agregó.
Pero entre los socios, y sobre todo los de mayor edad, persiste la preocupación respecto a qué atención se les va a brindar. “Nosotros no queremos ser de otra mutualista, queremos ser de Casa de Galicia. Y siempre han existido, en el sistema mutual y en otros sistemas, alternativas. Pero nadie nos escucha, nadie nos escuchó. Y no nos pueden obligar. No queremos irnos, esto no es una cooperativa. Nosotros pagamos todos los meses nuestra cuota y tenemos nuestros derechos. Somos dueños de la institución”, dijo a Búsqueda Teresita Rodríguez, una socia de 72 años.
Tras la reunión en la quinta de Casa de Galicia, los socios y funcionarios se manifestaron durante toda la tarde frente a la residencia presidencial en Suárez y Reyes para reclamar que saliera Luis Lacalle Pou a ofrecer una respuesta a sus reclamos. Fuentes presentes en la manifestación dijeron a Búsqueda que el presidente quedó en recibir este jueves a un representante de los socios y a otro de los trabajadores, pero al cierre de esta edición no se había confirmado el horario.
Casa de Galicia arrastraba una situación financiera compleja desde hacía varios años y había sido intervenida en 2002 y 2006. Hacía algunos meses la directiva más reciente, encabezada por Iglesias, había solicitado un préstamo a un banco privado por US$ 12 millones, pero eso se frustró ante la negativa del MSP de utilizar el Fondo de Garantía de las Instituciones de Asistencia Médica Colectivas.
Al mismo tiempo, la Junta Nacional de Salud encomendó a dos veedores el análisis y redacción de un informe sobre la situación económica y financiera de la mutualista. En el resumen ejecutivo de ese informe, que publicó Búsqueda (Nº 2.146), se expresaba que el escenario de Casa de Galicia era “muy delicado” y que “a pesar de los esfuerzos” que la empresa venía realizando para “mejorar ingresos y estructurar gastos” se requería “una rápida inyección de fondos” para posibilitar su funcionamiento.
Tras duros cruces públicos entre Iglesias y Salinas, el 26 de octubre el MSP intervino Casa de Galicia y desplazó a sus autoridades mientras definía las medidas que tomará para recuperar a la mutualista. Hubo también otra intervención de la Liga de Defensa Comercial, a pedido de la Justicia. Tras las dos intervenciones, el 23 de diciembre la Justicia dispuso el cierre de la mutualista.
Denuncia penal
Senadores y diputados de las comisiones de salud de ambas cámaras fueron notificados en una reunión que mantuvieron el lunes con autoridades del MSP y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que la cartera encabezada por Daniel Salinas ampliaría la denuncia penal que se había presentado en noviembre contra Iglesias.
La ampliación de la denuncia fue presentada el miércoles 29 ante el fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 3er turno, Gilberto Rodríguez, e incluye documentación probatoria de la denuncia anterior presentada por el MSP con base en lo recolectado por las autoridades interventoras de la cartera. La denuncia inicial describía situaciones de forma “genérica”, dijeron fuentes judiciales a Búsqueda, y desde el MSP ya se había anunciado que iba a ser ampliada con información más específica. Según publicó la diaria, los delitos esgrimidos implicaban libramientos de cheques sin fondos, irregularidades en contrataciones y apropiación indebida.
Pero a su vez, según pudo saber Búsqueda, la ampliación de la denuncia apunta específicamente contra Iglesias, en el entendido, según el MSP, de que realizó un manejo irregular y “grave” de fondos de la institución y que podrían caberle delitos de estafa o apropiación indebida. Consultado al respecto, Salinas prefirió no hacer comentarios sobre la situación “para no interceder con la sede penal”.
Daniel Salinas. Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
Revisar el sistema
En el encuentro con los legisladores, la senadora frenteamplista Lucía Topolansky le preguntó a Salinas por qué el MSP no había apelado la decisión judicial de cerrar Casa de Galicia, y el jerarca respondió que hacerlo no hubiera significado la suspensión de la medida decretada por Méndez. Además, sostuvo que el tema recién iba a dilucidarse después de la feria judicial, por lo que no tenía sentido presentar el recurso.
Fuentes del oficialismo aseguraron que durante el encuentro el director de finanzas públicas del MEF, Fernando Blanco, aseguró que era evidente que la continuidad de la prestación asistencial en Casa de Galicia implicaría un gasto extra para el MSP y ASSE, pero que su cartera iba a dar los recursos en la medida que sea un “destino seguro y cuente con consenso”. Según los asistentes, lo que planteó Blanco fue que los dineros destinados a mantener el servicio en Casa de Galicia tengan una “contabilidad propia”, de la misma manera que se hizo con el Fondo Covid, y que la continuidad asistencial estaba “garantizada”.
En tanto, tras la visita de los legisladores, la senadora colorada Carmen Sanguinetti dijo que existe un problema “endémico” con las mutualistas que es necesario “abordar” y “trabajar” para solucionarlo. “Hay que revisar algunas cuestiones: entre ellas, cómo está diseñado el sistema que hace que varias organizaciones estén teniendo desafíos”, sostuvo la senadora, quien interpreta que “hay cuestiones que trascienden esta situación puntual, que implican problemas más estructurales”. Si bien reconoció que no es una experta en el área, a su juicio es necesario reformular el diseño del Sistema Nacional Integrado de Salud, revisando temas como “el cálculo de las cápitas, la organización de la competencia y la cooperación y también temas de recursos humanos”. A juicio de la legisladora, “hay suficientes muestras que indican que hay que revisar el tema”.