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Tras fallo de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia, jueces acudirán a organismos internacionales para que se garantice la carrera judicial
La sentencia es una “infamia”, afirma el legislador frenteamplista Charles Carrera, uno de los principales impulsores de la ley que reguló los traslados y ascensos en el Poder Judicial
Sede de la Suprema Corte de Justicia. Foto: Poder Judicial
La Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) pelea desde hace años por una carrera judicial transparente, con ingresos y ascensos que se determinen por criterios objetivos. Por ello, la aprobación de la Ley 19.830 en setiembre de 2019 fue un triunfo para el gremio. La norma fijó procedimientos para regular la carrera de los jueces e impuso la obligatoriedad de realizar concursos para ascender.
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Sin embargo, la semana pasada la Suprema Corte de Justicia, que se había opuesto a la ley por considerarla una intromisión del Poder Legislativo sobre el Poder Judicial, la declaró inconstitucional. Esto significa que la ley no va a ser aplicada.
Los jueces, de todos modos, no dan la batalla por perdida. El lunes 25, en conferencia de prensa, la presidenta de la AMU, Beatriz Larrieu, dijo que si bien la sentencia laudó el asunto a nivel nacional, aún queda la posibilidad de acudir a los organismos internacionales. Y eso es lo que planean hacer, anunció.
Como primer paso, ayer miércoles 27 los jueces se reunieron con la Federación Latinoamericana de Magistrados para plantear la situación y coordinar posibles acciones. En paralelo, iniciaron gestiones con el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) para llevar el caso al ámbito internacional. Las posibilidades son acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Relatoría para la Independencia de los Jueces de Naciones Unidas o a la Comisión Internacional de Juristas.
“Hoy por hoy, nos encontramos sin una regulación clara y objetiva de nuestra carrera”, dijo Larrieu. Y “la carrera de los jueces debe regirse por criterios objetivos e imparciales, lo que redunda en una mejor prestación del servicio de justicia a la población”, añadió.
En diálogo con Búsqueda, Larrieu dijo que si bien la Corte se ha autorregulado con la fijación de algunos criterios a través de acordadas, “todavía mantiene un grado muy alto de discrecionalidad en lo que son los ascensos y los traslados, que no se acompasa con lo que en el mundo actual se exige para una carrera judicial transparente”.
“Si tuviéramos que buscar una palabra para calificar la sentencia que declara inconstitucional la Ley 19.830, no se me ocurre otra que infamia”, escribió el senador del Frente Amplio Charles Carrera en una carta que envió esta semana a Búsqueda (ver Cartas al director). El legislador fue uno de los principales impulsores de la norma, que además contó con votos de integrantes de todos los partidos políticos. “¿Por qué oponerse a que los jueces puedan tener mejores garantías para la toma de decisiones? ¿Acaso no es sano para una democracia que los magistrados puedan decidir libremente sin que sus decisiones afecten su carrera funcional?”, planteó.
Para Carrera el fallo de la Corte es un “lamentable retroceso” que se basa en “interpretaciones formalistas de la Constitución de la República para justificar unos supuestos poderes exorbitantes que nada tienen que ver con una concepción moderna del Estado de derecho”.
Criterios claros
La presidenta del gremio dijo en la conferencia de prensa que la asociación reconoce que la Corte ha hecho “avances” con la aprobación de una acordada en marzo que reguló algunos aspectos de la carrera judicial. Pero “no recoge planteos que para la AMU son esenciales”, planteó. Por eso solicitaron una mesa de negociación y elaboraron un documento señalando los puntos que encuentran insuficientes, pero “hasta el día de hoy no se ha recibido respuesta”.
Larrieu explicó a Búsqueda que la AMU no acude a los organismos internacionales a cuestionar la sentencia de inconstitucionalidad, sino a plantear el problema que deja la no aplicación de la ley: esto es, que continúen sin una norma que regule de forma clara la carrera judicial. En ese sentido, aspiran a que se realicen recomendaciones al Estado uruguayo.
“Los organismos internacionales ya han dicho que una garantía para los jueces es que la carrera judicial esté regulada por ley y que no quede al arbitrio de las cortes”, dijo. Si no es por ley —que sería el escenario ideal—, la AMU pretende que al menos por acordada la Corte establezca criterios que satisfagan los requisitos de objetividad.
Por ejemplo, plantea que los ítems con los que se evaluará a los jueces deben tener cada uno un valor preestablecido, algo que no está previsto en la reglamentación aprobada en marzo. “A modo de ejemplo: al momento de presentarse a la prueba de oposición, el juez no sabe si esa prueba representa un 20, 50 u 80% del puntaje total”, explicó Larrieu.
La asociación también pide que cada juez pueda conocer las evaluaciones que se le realizaron. La Corte, en cambio, entiende que no corresponde que el magistrado conozca el contenido ni la identidad del superior que lo evaluó. Los jueces cuestionan por otra parte que la acordada de la Corte no considere la antigüedad entre uno de los ítems a valorar.
Aumento y licencia maternal
En paralelo a la batalla por lograr una carrera judicial más justa y transparente, la AMU está conversando con legisladores para intentar que se contemplen algunas de sus inquietudes en la Rendición de Cuentas que está a estudio del Parlamento.
Uno de los reclamos es que se termine de saldar una vieja deuda generada con todos los gremios del Poder Judicial en la Ley de Presupuesto de 2010, que incluyó un aumento salarial para distintos funcionarios estatales. En el Presupuesto para 2020-2025 se votaron partidas destinadas a alcanzar el 100% de ese incremento para algunos colectivos, pero se excluyó a los jueces. “La asociación entiende que es de estricta justicia atender este reclamo, ya que si se consideró justa la readecuación salarial para un determinado grupo de funcionarios debería considerarse también justa para el escalafón de los magistrados”, dijo Larrieu.
Otro planteo del gremio es que se modifique la licencia maternal de las juezas. La legislación prevé una licencia de 13 semanas y nueve meses de medio horario. “El problema es que para las juezas el medio horario es inaplicable. La función inevitablemente es de dedicación total. Una vez que se reintegra no puede irse a media tarde o suspender las audiencias o no atender a la policía”, explicó Larrieu, especialmente si atiende asuntos penales o de violencia doméstica. Por tanto, proponen que se extienda la licencia maternal hasta los seis meses como régimen opcional para las juezas que no puedan acogerse al medio horario.
