Tras pedido de Naciones Unidas, organismos del Estado no logran acordar solución para familias que ocupan terrenos en Santa Catalina

Desde la intendencia sostienen que tienen terrenos para realojar a esas familias, y que es el ministerio el que está en falta. En tanto, desde del ministerio rechazan esa afirmación y explican que la comuna aún no les envió una lista de lugares para analizar el realojo. Los propietarios del terreno también iniciaron demandas contra el gobierno nacional y contra la intendencia por la ocupación de los terrenos.

Para el abogado Ceretta “toda la intervención penal ha sido un desastre”, y si no se encuentra pronto una solución, la gente terminará en la calle. Señaló que son los niños los que más sufren: “Ven pasar un helicóptero y salen corriendo, se ponen a llorar, ven cómo se llevan a su madre y su abuela. Todo eso genera lo contrario a lo que queremos”, reprochó. Si se quiere “empujarlos a la legalidad, hacia el marco socialmente organizado”, hoy se está logrando lo contrario, porque “se están criando niños que le tienen aversión a la policía”. Y no es el único problema. Ceretta comentó el caso de un hombre que fue formalizado y debido a eso luego no fue retomado en su trabajo como guardia de seguridad, del que se había ausentado luego de sufrir un accidente cerebrovascular.

Además de las condiciones de vida con carencias extremas, las familias del asentamiento lidian con problemas de salud, como broncoespasmo, asma, hernia de disco, diabetes, hipertensión, artrosis, cardiopatías, patologías psiquiátricas, dermatitis, piel de cristal, discapacidad motriz y auditiva. Esos problemas fueron planteados en el informe que Ceretta envió, en nombre de 56 familias que viven en el asentamiento, al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.

En el documento, el abogado solicitó al comité que reclame al Estado uruguayo la suspensión del desalojo de las familias hasta que no se les brinde una “solución definitiva que garantice el derecho a vivienda digna de todas las personas comparecientes”, en cumplimiento del artículo 45 de la Constitución uruguaya.

El abogado cuestionó que se haya escogido la vía penal para resolver el problema, lo que asegura que fue hecho con “fines intimidatorios” contra todas las personas del asentamiento. Ceretta dijo que la vía civil era el ámbito adecuado para que el propietario solicitara un proceso de desalojo. En el escrito, el abogado advirtió que no solo está en juego quedar en la calle, sino “ser definitivamente criminalizado por buscar desesperadamente la única alternativa” para acceder a una vivienda.

Sin precedentes

En un hecho “sin precedentes”, según destacó Ceretta, el comité solicitó al Estado uruguayo que tome medidas para “evitar posibles daños irreparables” a las familias, suspendiendo por tanto la “ejecución de la orden de desalojar el predio” mientras se busca una solución alternativa para las familias y que se tenga en cuenta la “pobreza extrema” de estas personas.

El comité otorgó dos meses para que el Estado uruguayo presente sus observaciones sobre el caso.

El organismo tomó esta medida en el marco del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del que Uruguay es parte.

Ceretta dijo a Búsqueda que la decisión del comité tiene “efecto en el Estado uruguayo”, pero que no existe un mecanismo de ejecución que obligue al país a cumplir lo resuelto por el organismo. “Para un país como Uruguay, con su historia, es un poco impensado que le den cero bola a Naciones Unidas. Si fuera Corea del Norte no le da importancia. Uruguay está visto como un Estado ubicado en cumplimiento de las observaciones que hace Naciones Unidas”.

“El caso de Uruguay está al alcance de la mano porque no se pide una solución de vivienda para un millón de personas, hay 300 familias en el asentamiento”, dijo y planteó generar un espacio de diálogo para encontrar una solución.

Ceretta aclaró que no cuestionan el derecho de propiedad. “No importa si es una sociedad anónima, si no lo precisa, tiene derecho a recuperar el terreno, y hay mecanismos que habilitan a recuperar el bien; pero no se puede dejar a 300 familias en la calle en una situación de pandemia. Ahí es donde el Estado tiene que hacer algo”.

Otros intereses

Tras conocerse el planteo de Naciones Unidas, el fiscal Pérez dijo al diario El País que los “ocupantes asumieron la obligación de retirarse y se acordó un plazo” y añadió que “se trata de una medida cautelar y no de un desalojo”. En declaraciones a la diaria días después advirtió que a nivel penal el pronunciamiento del comité “no genera ninguna consecuencia”, por lo que “no va a evitar que la gente que se tenga que ir se vaya”. En ese sentido, aseguró que “se le están generando falsas expectativas a la gente” del asentamiento.

Consultado por Búsqueda, el fiscal dijo que desde “el principio” ha señalado que no se trata solo de familias con carencias que ocupan por necesidad, sino que también se detectaron “elementos” que muestran que hay otros intereses detrás, como la presencia de autos de alta gama y la instalación de viviendas que no se están usando. “Hay distintas situaciones, familias que lo necesitan y otras personas que parecen estar especulando en una zona con un valor estratégico, buscando controlar ese territorio”, afirmó. Esa información, que surgió de la investigación preliminar sobre el caso, fue derivada a la Fiscalía de Estupefacientes para que investigue si hay actividades criminales organizadas detrás de las ocupaciones.

Tras derivar esa línea de investigación, su Fiscalía se está focalizando en las ocupaciones y el uso ilegal de energía eléctrica, y el pedido de Naciones Unidas “para nada” modifica su trabajo, dijo. Pérez destacó el hecho de que la Fiscalía “propició y participó” en las mesas de diálogo con las familias involucradas y varios organismos del Estado para encontrar soluciones amistosas y que estas acordaron liberar el lugar. Pero, insistió, “hay personas que conspiran contra las soluciones porque sus intereses son otros, y están perjudicando a las familias que de verdad necesitan una solución”.