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El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) atendió el año pasado a 1.027 adolescentes de entre 13 y 17 años que cometieron delitos, de los cuales 578 fueron enviados a centros de privación de libertad y a 652 la Justicia les aplicó medidas alternativas, según cifras del Observatorio del organismo a las que accedió Búsqueda. Fue la primera vez en la historia que la cantidad de menores infractores que recibieron una pena en libertad fue mayor, en relación a los que no.
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Las penas alternativas van desde la participación en talleres o la práctica de deportes hasta la realización de trabajos para la comunidad. Estos últimos pueden ser, por ejemplo, en iniciativas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y en la clasificación de frutas y verduras en la Red de Alimentos Compartidos, que luego son repartidas en sectores vulnerables. Otra medida alternativa es el acompañamiento de funcionarios del Inisa en los barrios.
Los datos discriminados por delitos cometidos por adolescentes del 2022 todavía no están cerrados, pero hay algunas conclusiones claras. Por un lado, se mantienen en aumento en las cifras la cantidad de infracciones vinculadas al narcotráfico –tendencia que tiene al menos cuatro años– y, por otro, hay una reducción de las rapiñas, según indicó a Búsqueda la presidenta del Inisa, Rosanna De Olivera. La jerarca aseguró que hay jóvenes que integran bandas del crimen transnacional organizado de Brasil.
Según surge del censo de población adolescente privada de libertad –desarrollado por el Inisa y Unicef, y publicado en junio del año pasado– el delito cometido con más frecuencia es la rapiña que representa cerca de la mitad de los casos, seguido de los homicidios, y en tercer lugar se encuentra la comercialización de drogas. En 2011, según un informe del Departamento de Estadísticas del Poder Judicial, el delito más común entre los adolescentes eran las rapiñas, luego los hurtos, y recién en sexto lugar se encontraban las infracciones por estupefacientes.
Los jóvenes en conflicto con la ley provienen en su mayoría de hogares de niveles socioeconómicos bajos y tienen algún familiar privado de libertad. También son amplia mayoría quienes no completan el ciclo básico educativo antes de ingresar al Inisa.
En los últimos años se registró una tendencia a la reducción de la privación de la libertad de adolescentes y un aumento de la aplicación de las medidas alternativas. Según el Comité de los Derechos del Niño, el 31 de diciembre de 2016, de cada 100 adolescentes dentro del sistema penal 26 tenían como sentencia medidas sustitutivas de la privación de libertad. En diciembre de 2018 esa cantidad ascendió a 32 y para 2022, según los datos obtenidos por Búsqueda, fueron 62.
El último día del año pasado había 399 adolescentes con medidas alternativas y 244 privados de libertad.
La presidenta del Inisa cree que se trata de un cambio positivo que hace foco en las “estrategias” para que dejen el delito. “Es una medida inteligente. Son personas a las que podemos cambiarle el rumbo de sus vidas. Tenemos el compromiso y la misión de volverlos a la comunidad como ciudadanos de bien, y enseñarles que el delito no es un camino válido”, afirmó.
Reapertura
La cantidad actual de adolescentes derivados a la Justicia por delitos es menos de la mitad de la registrada diez años atrás. En 2012 los casos fueron 2.731. Desde entonces y hasta 2017 las cifras se mantuvieron relativamente estables. En 2018 los relevamientos del Departamento de Estadísticas del Poder Judicial muestran un quiebre, un descenso significativo a los 925 casos. En el 2021 se registró el nivel más bajo de la década con 768 adolescentes en procesos judiciales. Así, el 2022, con sus 1.027 casos se convirtió en el pico más alto del último quinquenio.
El fiscal de Corte subrogante, Juan Gómez, dijo a Búsqueda que buscan aumentar el número de fiscales que investigan las infracciones penales cometidas por adolescentes. Consultado acerca de si esta decisión se debe a un aumento de los delitos cometidos por menores, respondió que es algo que están “monitoreando”.
La creación de una nueva Fiscalía de Adolescentes –la tercera– debe ser aprobada por el Poder Legislativo. Para Gómez es una de las necesidades que se deben “cubrir” en el corto plazo, por lo que en “pocos meses” prevé solicitar “ayuda” al poder político y adelantó que tiene pensada una solución que “no implica un costo adicional”.
Hasta finales de 2021 había tres Fiscalías de Adolescentes, pero una fue suprimida, por decisión de Gómez, para crear un tercer turno en la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, frente a un aumento de la cantidad de denuncias que se recibían de esa materia. De concretarse el pedido volverá a haber tres fiscales, con sus respectivos equipos, para indagar en infracciones de adolescentes.
Una de las situaciones que ha llevado a determinar esa necesidad por parte de la Fiscalía General de la Nación es que los turnos “son muy seguidos y eso lleva a un desgaste de las personas que están trabajando”, indicó Gómez.
Acondicionamiento
Según el Observatorio del Inisa, actualmente hay 235 adolescentes en privación de libertad y semilibertad, cuando “hace años había más de 1.000 en la misma infraestructura”, señaló la presidenta del Inisa. La separación financiera de ese organismo respecto al Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU) recién se dio en 2019, por lo que el primer presupuesto propio coincidió con el actual Directorio.
De Olivera contó que recibieron de la administración anterior infraestructura en “malas condiciones” y puso como ejemplo reiteradas inundaciones en los centros. Según contó, eso los obligó a priorizar “obras de acondicionamiento” pero el tiempo y los recursos no son suficientes para llevarlas a cabo en todos los edificios del organismo.
Para la presidenta del Inisa, no es posible llevar adelante las medidas socioeducativas con espacios que tienen humedades o se llueven. “El único derecho que se le quita al adolescente infractor es la libertad, todo el resto debe estar garantizado”, aseguró.
