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Tras constatar que cientos de presos en las cárceles uruguayas son analfabetos o tienen grandes dificultades para leer, escribir o hacer cuentas, el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, decidió hacer uso de una herramienta innovadora y presentar un habeas corpus en contra del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para que la Justicia ordene al organismo brindar formación educativa a los reclusos.
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La acción de “habeas corpus correctivo” es una novedad que introdujo el reciente Código del Proceso Penal, que permite recurrir a la Justicia cuando hay condiciones de reclusión violatorias de la dignidad humana.
En primera instancia el juez penal de 37º turno, Gonzalo Arsuaga, rechazó la demanda por considerarla improcedente.
No obstante, Petit apeló la decisión y consiguió, el miércoles 21, un fallo favorable. Según informaron a Búsqueda fuentes judiciales, el Tribunal de Apelaciones Penal de 4º turno, integrado por Luis Charles, Ángel Cal y Gabriela Merialdo, revocó la sentencia de primera instancia y determinó que no correspondía el rechazo de la acción “in limine”, sin haber ingresado al fondo. Por lo tanto, ordenó que el expediente vuelva a primera instancia para que sea sustanciado el proceso de habeas corpus.
Además, el tribunal entendió que el caso debe ser analizado por otro juez, dado que Arsuaga ya se pronunció y por tanto hay un prejuzgamiento.
Con esta decisión el tribunal habilitó a que la Justicia ingrese al fondo y analice, por primera vez, un habeas corpus correctivo y colectivo, ya que representa a todos los prisioneros con carencias educativas en el Complejo Carcelario Santiago Vázquez.