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Trump, la política fiscal y su impacto en los programas sociales
Trump, la política fiscal y su impacto en los programas sociales
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El gran triunfo político de Donald Trump desde su asunción al poder no es ni la construcción del prometido y ominoso muro fronterizo ni su inflamada retórica en el plano de los vínculos internacionales. Más que resultados, en estas áreas germinan fricciones e inestabilidad, con la consiguiente incertidumbre que campea en la arena de la diplomacia y el comercio internacional. Su triunfo político más resonante ha sido la concreción de la reforma tributaria.
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La reforma se articuló sobre tres pilares: un enorme recorte a los impuestos corporativos, una eliminación progresiva de la imposición sobre las herencias y una reducción de los impuestos sobre las ganancias de capital. Los economistas debaten sobre la incidencia del paquete sobre el crecimiento económico, donde prima el escepticismo. Pero no existe discusión sobre el impacto del paquete sobre la desigualdad, un aspecto de creciente tensión en la política interna producto de su evolución en las últimas décadas. Los beneficios de la reforma se encuentran muy concentrados en los sectores más acaudalados de la sociedad, mientras que la cuenta tributaria de las clases medias y bajas no se verá alterada.
Sin embargo, la carga de las reducciones tributarias no solo se haría sentir sobre los hombros de los estratos medios y bajos vía el sesgo regresivo de la reforma. Las grandes reducciones en los impuestos que enfrentan los más ricos implican importantes costos fiscales, advertidos casi unánimemente por economistas provenientes de distintas vertientes, que imponen ajustes futuros en el gasto público. Las brechas de financiamiento que la reforma abre deberán cerrarse. Desde esta perspectiva, el plan presupuestal de la administración Trump es consistente en sus sesgos. Desde el lado del gasto, la factura también la pagarían los sectores más desfavorecidos.
Dos áreas de las políticas públicas pueden ser afectadas seriamente con la propuesta de recortes presupuestales: la asistencia vía transferencia de recursos a los sectores más pobres y las políticas de atención a la salud impulsadas por el paquete conocido popularmente como Obamacare. En el primer caso, el programa de Asistencia Nutricional Complementaria, más conocido como Food Stamp, atiende a 43 millones de estadounidenses que se encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad social. Casi un sexto de la población total. El plan presupuestal del presidente Trump apunta directamente a la línea de flotación de este programa, proponiendo recortes que podrían superar el 25% de su presupuesto global. En el segundo caso, el recorte implicaría que 25 millones de personas quedarían sin cobertura de salud.
La propuesta hace recaer el inevitable ajuste en áreas críticas. En el caso del programa Food Stamp, cuya estructuración se remonta a comienzos de la década de los sesenta bajo la administración Kennedy, su reducción es removedora. Se contrapone con evidencia contundente sobre el papel que jugó en el pasado reciente, funcionando como colchón amortiguador del shock económico desatado por la crisis financiera de 2008 y evitando que un segmento de la población se hundiera en niveles de privación no aceptables. Pero también existe evidencia reciente que muestra impactos positivos de largo plazo: los niños que vivieron en hogares pobres atendidos por el Food Stamp muestran en promedio mejores logros educativos en su juventud y laborales en su adultez, si se los compara con aquellos niños que, estando en situaciones similares de privación, no fueron alcanzados por el programa. Investigación científica y políticas públicas no siempre van de la mano, pero en este caso la ignorancia de la evidencia empírica no puede asociarse más que a preconceptos ideológicos y retóricas inmediatistas.
Las pinzas se cierran.
Una reforma tributaria con un sesgo claramente regresivo se financia con un recorte del gasto social más sensible, aquel que atiende con transferencias de recursos y atención sanitaria a los más pobres. La política fiscal no es un instrumento inocuo ni su buena gestión descansa exclusivamente en criterios técnicos.
Pocos ámbitos de las políticas públicas de las sociedades modernas reflejan con mayor precisión su grado de desarrollo institucional que su sistema impositivo y pocos tópicos son sujeto de tan enconados debates y origen de confrontaciones, no siempre pacíficas. Basta recordar que en las tres grandes revoluciones que signaron el surgimiento de las democracias occidentales —la Revolución Gloriosa de 1688 en el Reino Unido, la Revolución francesa y la Independencia de los Estados Unidos— los impuestos estuvieron presentes como factores coyunturales detonantes o como resultado de los arreglos políticos emergentes.
Nouriel Roubini (New York University), uno de los pocos economistas que advirtieron el riesgo de una crisis financiera previo a 2008, ha afirmado que Trump accedió al poder como populista —alimentando los miedos de la clase obrera y de los votantes blancos conservadores contra la disrupción de la tecnología y el impacto de la globalización— pero gobierna como un plutócrata. La plutocracia tiene señales de identidad y marcas simbólicas en la propia composición de los cuadros gubernamentales. Pero también en la permeabilidad a generar reglas de juego que favorecen a quienes ya están en los lugares de privilegio de la estructura social. Partes de las reglas de la convivencia social descansan en definir la distribución de las cargas de aporte para el funcionamiento de las instituciones públicas y la distribución de los bienes y servicios que provee el accionar del Estado.
La era Trump viene a recordar que la fiscalidad es eminentemente un tema político. Los economistas tendemos a reivindicar cierta especificidad técnica, en busca de un espacio de comodidad donde los cambios tributarios se diseñen en función de principios generales que atienden a la eficiencia y, en menor medida, a la redistribución del ingreso. Sin embargo, no hay valoración razonable sin marcos normativos explícitos, y esto conlleva a la necesaria discusión pública sobre preferencias sociales. Debates informados requieren de investigación y análisis solventes, haciendo uso de la acumulación de conocimientos y perspectivas provenientes del desarrollo académico. Pero no hay cambios tributarios de relevancia que no disparen grandes discusiones, discusiones que se saldan necesariamente en la arena política.
