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Una casa de techo inclinado a un agua con frente a la calle Juan Bautista Alberdi, en el barrio Carrasco. Otra en Punta Gorda con un trailer estacionado frente a la puerta. Varias con murales pintados por escuelas o con graffitis callejeros. Algunas con aspecto de abandono y vidrios rotos. Todas tienen algo en común: un letrero en la fachada que dice UTE. Son subestaciones de la empresa estatal de energía eléctrica y al mismo tiempo son viviendas en las que habitan decenas de sus empleados.
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Desde el año 2006 el ente autónomo otorga viviendas gratis a funcionarios que ganen menos de seis salarios mínimos y que expresen su interés en acceder a un inmueble. Según una lista de marzo del 2014 a la que accedió Búsqueda, hay 38 propiedades de UTE concedidas. De ellas, 30 son en Montevideo y las restantes ocho en el interior (en Trinidad, Treinta y Tres, Suárez, El Pinar, Los Cerrillos, Cuchilla Alta y dos en Casupá). Además, dos inmuebles están a disposición.
Las viviendas se entregan para ayudar a funcionarios que lo necesiten y al mismo tiempo cuidar inmuebles en desuso, pero en los últimos meses por lo menos un caso fue tratado en el Directorio de UTE porque el beneficiario no cumple con el requisito de ingreso comprendido en el reglamento por el que se regula esa política.
Los inmuebles de la capital están ubicados en distintos barrios, como Carrasco, Pocitos, Cordón, el Centro, el Prado, Goes, Colón y Sayago, entre otros. Búsqueda recorrió 12 de ellos, que están situados en las calles General Paz, Juan Bautista Alberdi, Michigan, José María Montero, Carlos Berg, Joaquín de Salterain, Joaquín Requena, Maldonado, Mercedes, Colonia y Florida.
En todos esos casos se trata de subestaciones (algunas de ellas en funcionamiento) que tienen una edificación anexa. En algunos se notan señales de vida. La que está ubicada en Punta Carretas luce plantas en flor y guirnaldas en la puerta. También son frecuentes los casos de murales o graffitis: el colectivo Arte en la Escuela pintó al menos dos casas de las ofrecidas por UTE. Una de ellas es una edificación con forma de contenedor que se ubica en el medio del predio entre la estación Nº5 de UTE y la subestación 17 y mira hacia el Parque Rodó. En Malvín, por la calle Michigan casi la rambla, hay otra propiedad pegada a la subestación pero más identificable como una casa aparte. Por Colonia, a la altura de la Plaza de los Treinta y Tres Orientales, hay una casa con plantas, buzón para cartas y enrejado al lado de la subestación 20. En otros casos las propiedades parecen más abandonadas, como la de Eduardo Acevedo, o la de la calle Florida, donde las subestaciones correspondientes tienen ventanas rotas.
Comodato.
En noviembre del 2006, bajo la presidencia de Beno Ruchansky, UTE aprobó la “Reglamentación para la adjudicación en préstamo de viviendas a funcionarios de UTE”. Ese documento dice que “las viviendas que sean de propiedad del ente o que este tenga en posesión y que no se prevea destinar al servicio, podrán ser dadas en comodato precario a aquellos funcionarios que lo soliciten y satisfagan los requisitos que se establecen”.
Las propiedades son entregadas gratis por un plazo de tiempo. Los funcionarios de UTE a los que se adjudiquen viviendas deben hacerse cargo de su mantenimiento, según el reglamento.
El presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, dijo a Búsqueda que a la empresa no le sirve tener vacío un bien que “en el futuro pueda llegar a serle útil”.
“UTE tiene un patrimonio impresionante; en algunos casos se quiere desprender de él y en otros casos en función del crecimiento de las redes prevé que lo va a tener que utilizar. Hay de todo. Antes tenías mucha presencia de brigadas en las subestaciones para su operación. Eso se fue telecomandando, entonces quedaron las viviendas de la gente que estaba ahí de guardia. Son, además, pedazos de casas que a veces están en padrones indivisos de donde están las subestaciones. ¿Entonces qué vas a hacer? Entre que hacés el fraccionamiento y ponés a la venta un fraccionamiento de una casita chiquita, es un engorro. En cambio decís: ‘de acá a 10 años vamos a ampliar la subestación y le vamos a tirar abajo la casa y vamos a hacer un pedazo más de subestación’”, explicó.
Caso investigado.
Las condiciones para poder aspirar a una vivienda están establecidas en el artículo 3º: “Aquellos funcionarios de UTE con 5 años de antigüedad en el organismo como mínimo, cuyo núcleo familiar perciba, por todo concepto, menos de 6 salarios mínimos nacionales nominales mensuales y que no posea vivienda”.
Una comisión integrada por funcionarios de la Gerencia de Recursos Humanos y la Asesoría Técnico Jurídica se encarga de decidir qué funcionarios pueden acceder a ese derecho y revisar la situación cada dos años.
En Punta Gorda, en General Paz y Caramurú, está la subestación 638, que funciona como una casa entregada a un funcionario que actualmente se desempeña como asesor del director de UTE Walter Sosa y cuyo salario supera ampliamente los seis salarios mínimos ($ 60.000), según confirmaron a Búsqueda varias fuentes.
En marzo del 2014 el caso se trató en el Directorio de UTE. Un acta de la reunión de Directorio del 27 de marzo de 2014 deja constancia de que el director Sosa verificaría “si la situación del funcionario” que lo asesora aún se inscribía “en las condiciones exigidas” en el reglamento.
Casaravilla reconoce que investigó la situación “personalmente”, recibió un informe y lo conversó con el propio Sosa. “Llegué a la conclusión de que no hay ninguna irregularidad”, sostuvo.
Según el jerarca, hubo un procedimiento en el que se otorgaron puntos a los interesados en obtener casas y el asesor de Sosa obtuvo cero puntos por el concepto de remuneración. Así quedó último en la lista, pero como nadie quería ocupar la casa de la calle General Paz, se la terminaron otorgando. “Esa no le servía a nadie. Se fueron adjudicando de acuerdo a la lista de prelación y le tocó a esta persona”, dijo.
Casaravilla sostuvo que tener ingresos por menos de seis salarios mínimos “no es una condición excluyente” para obtener una vivienda.
Consultado por Búsqueda, Sosa coincidió en que “todas las personas que en su momento estaban interesadas rechazaron ese inmueble y la única persona que lo aceptaba era este funcionario”.
En el 2008 solicitó la vivienda y en el 2010 se le adjudicó. En la misma resolución, dijo Sosa, se estableció “la restitución inmediata de la vivienda siempre y cuando existiera otro postulante dispuesto a ocuparla de inmediato”.
“Si una persona está en una situación más vulnerable y tiene interés también por esa vivienda, se le comunica al funcionario y se hace la restitución inmediata. No se puede sacar a una persona y dejar el inmueble desocupado. Si no hubiera sido él, el inmueble estaría hace cinco años desocupado”, agregó.
En el 2012 se revisó la situación y se volvió a aprobar el comodato del inmueble para ese funcionario. “En esa lista había 24 funcionarios que estaban postulados para ocupar inmuebles de UTE. Mi asesor estaba en el último lugar debido a la situación de su ingreso. Todos rechazaron ese lugar porque es un lugar muy pequeño. Él vive solo y no tiene problema. Si la comisión entiende que aparece otra familia u otra persona que esté en una situación con mayor puntaje, se lo comunicará al funcionario y este hará abandono de la vivienda”, afirmó Sosa, que aclaró que él asumió como director de UTE recién en diciembre del 2013.
