Un conflicto en la Biblioteca Nacional revivió el debate sobre las ocupaciones, que aumentaron con el Frente Amplio en el gobierno

“Ocurrida una ocupación por parte de trabajadores de una dependencia pública, cualquiera sea la naturaleza jurídica de ésta (Administración Central, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados, Poder Judicial, Poder Legislativo, etc.) —dice el decreto vigente— se procederá por el jerarca de la misma a solicitar el desalojo de dicha dependencia al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Éste procederá en forma perentoria a tentar una conciliación sujeta a condición de que los ocupantes depongan su medida en forma inmediata”.

Pero en el caso de la Biblioteca Nacional ni siquiera se cumplió con lo que marca la norma. Al ingresar el edificio ocupado, en lugar de seguir con los pasos que marca el decreto, Liscano —un escritor y ex militante tupamaro que mantiene una relación tensa con el sindicato— puso en primer plano su derecho a concurrir al lugar de trabajo, aunque luego alegó que no había sido notificado de la ocupación.

En las decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical y del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se reconoce que las ocupaciones son una modalidad del derecho de huelga.

La decisión 545 dispone que “en cuanto a las modalidades del derecho de huelga denegado a los trabajadores (paralización intempestiva, trabajo a reglamento, huelga de brazos caídos, huelga de celo, trabajo a ritmo lento, ocupación de la empresa o del centro de trabajo), el Comité consideró que tales limitaciones sólo se justificarían en los casos en que la huelga dejase de ser pacífica” y además prevé la declaración de servicios esenciales ante “una amenaza evidente o inminente para la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población”.

La ocupación como modalidad del derecho de huelga, sin embargo, es resistida por los empresarios y, en el caso uruguayo, es uno de los puntos de desacuerdo en relación a la ley de negociación colectiva.

Choque de derechos.

El auge de la sindicalización que caracterizó al primer gobierno del Frente Amplio trajo como consecuencia el aumento de las ocupaciones.

En “Poder sindical. Historias de conflictos ocupaciones y desbordes”, un libro del periodista Martín Pintos que será presentado hoy jueves 9, se evalúan las ocupaciones que se produjeron desde 2005 mediante casos paradigmáticos como el de una estación de servicio de la petrolera Esso en el Prado, Impresos Vanni y la textil Dancotex, que terminaron cerrando, y el de la curtiembre Naussa, que a diferencia de las demás, sobrevivió a un largo proceso.

Estos y otros conflictos con ocupaciones, como el de la industria metalúrgica de 2010, pusieron sobre la mesa el choque de los derechos constitucionales a la propiedad (de los empleadores) y al trabajo (de quienes no están de acuerdo con las huelgas) con el también constitucional derecho a la huelga.

El libro dice que las ocupaciones tuvieron una explosión y representaron en 2005 el 30% de los conflictos. La cifra se mantuvo en guarismos similares en 2006, pero comenzó a bajar al año siguiente.

Ante una queja de las cámaras empresariales, la OIT llamó la atención al gobierno uruguayo en febrero de 2010 acerca de la necesidad de respetar los derechos de los no huelguistas y de los empresarios respecto a sus instalaciones, pero el gobierno del presidente Mujica ha optado por dejar el asunto en manos de la Justicia.

Esta criticada judicialización de los conflictos se puso de relieve durante la última huelga metalúrgica, cuando los empresarios apelaron a recursos de amparo como forma de recuperar el control de sus fábricas.

“Los entiendo, muchachos”.

El libro de Pintos reconstruye no solo los casos de las empresas ocupadas durante el gobierno de Vázquez, sino las negociaciones para intentar sacar a Uruguay de la lista de países con observaciones en relación a las libertades sindicales de la OIT. El tema fue abordado durante una reunión entre el presidente Mujica y la cúpula del PIT-CNT que tuvo lugar el 14 de noviembre de 2011 en la Torre Ejecutiva.

“Le hicimos ver que el sector empresarial vive de lobby en lobby y que no estamos dispuestos a que la ley (de negociación colectiva) sea modificada”, dijo el ahora vicepresidente del Frente Amplio y entonces coordinador de la central sindical Juan Castillo. Castillo relató que Mujica no arriesgó opinión, solo asintió y les dijo: “Los entiendo, muchachos”.

Durante la campaña electoral, Mujica había definido su postura sobre las ocupaciones: las permitiría “como medida gremial” pero aspiraba a que fueran “las menos posibles” y “excepcionales”.

Marcelo Abdala, desde esta semana nuevo coordinador del PIT-CNT en lugar de Castillo, recibió críticas entre los sindicalistas por apelar a ocupaciones masivas durante la huelga que el gremio metalúrgico Untmra libró a mediados del año pasado.

Antes del conflicto metalúrgico, Mujica había tenido que enfrentar otro en la empresa láctea Conaprole, que duró 23 días y comenzó a causa del despido de dos trabajadores acusados de robo, el del Sodre y el de los municipales de Montevideo, que terminó con la declaración de servicios esenciales para la recolección de basura (ejecutada por efectivos de las Fuerzas Armadas) y los salvavidas, así como un cambio en la dirección del sindicato.