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    martes 04 de junio de 2024

    Un flujo “imparable” de compras de viajeros, contrabando e importaciones desde Argentina pega a comercios y fábricas

    De las más de 900.000 personas que en el primer trimestre hicieron turismo en Argentina, alrededor de 126.000 viajaron en barco. Colonia Express y Buquebus, la naviera del argentino Juan Carlos López Mena, son, no cabe duda, algunos de los ganadores ante una diferencia cambiaria que hace sentir ricos a los uruguayos cuando cruzan la frontera. También empresas de ómnibus internacionales y algunas agencias de viaje. Pero la lista de perdedores parece ser más larga: pierden ventas los comerciantes litoraleños de toda dimensión y giro, la hotelería y otros servicios conexos al turismo, así como varias industrias nacionales.

    Además del desvío de consumo hacia Argentina, para esos sectores otro problema, no nuevo, pero que se agravó, es el contrabando. Y, para los fabricantes, también lo son las importaciones de mercadería de ese origen que ingresan legalmente, que en 2022 totalizaron US$ 1.418 millones, 11% más que el año previo y un máximo desde 2014. En enero-abril pasado entraron otros US$ 455 millones, una suba interanual de 13%.

    El golpe a las economías de la frontera mantiene el desempleo en esos departamentos por encima del promedio del país; en el primer trimestre la tasa superó el 14% en Río Negro, Salto y Artigas, según datos informados el viernes 12 por el Instituto Nacional de Estadística.

    En las últimas semanas el descontento de los empresarios dejó de emitirse solo desde sus centros comerciales locales y encontró eco en las grandes cámaras con mayor poder de lobby. También varios diputados departamentales, incluso del oficialismo, empezaron a elevar la voz por entender que las medidas de apoyo dispuestas hasta ahora —en su mayoría tributarias y financieras— resultan insuficientes para paliar la crisis en esa región.

    Los cinco kilos

    El Banco Central (BCU) lanzó hace pocos días una licitación para contratar hasta cinco trabajos de investigación —por los que pagará el equivalente a casi US$ 15.000 cada uno— que identifiquen los determinantes de las “diferencias significativas entre precios clave de bienes y servicios y su valoración para la economía uruguaya”. Les pide también cuantificar los efectos que tienen esos factores sobre el “bienestar de los individuos” y alienta a los investigadores a presentar “propuestas conducentes a la reducción de las diferencias de precios”. Sin que tengan muy claras las razones, el ciudadano común y también casi cualquier extranjero que llegue de visita saben que Uruguay es caro. Eso se hace más nítido cuando al otro lado de la frontera se puede comprar lo mismo a mitad o a un tercio de precio.

    “Recién llegué, pero como verá la gente no lee los carteles que ponemos, que son cinco kilos por persona, y a aquellos que se excedan les incautaremos la mercadería que sobrepase el máximo permitido”, dijo el director nacional de Aduanas, Jaime Borgiani, a un periodista del diario sanducero El Telégrafo cuando, junto con otros funcionarios, la semana pasada estuvo recorriendo los pasos fronterizos ubicados en la cabecera de los puentes que conectan a Fray Bentos y Paysandú con Argentina.

    El puente General Artigas (Paysandú-Colón) fue la principal vía de salida de turistas a los diferentes destinos en enero-marzo (28% del total), superando al de Fray Bentos-Puerto Unzué (21%), a Salto (18%) y al Aeropuerto de Carrasco y al Puerto de Colonia (ambos con 9%), surge de microdatos de encuestas del Ministerio de Turismo (ver recuadro).

    Un comunicado de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) destacó la presencia de su titular en la frontera “para poder seguir ajustando las medidas de control en estas zonas” frente a un flujo de viajeros para aprovechar la diferencia cambiaria que es incesante desde hace varios meses. Con esa recorrida, Borgiani intentó reforzar el mensaje de que el organismo está siendo activo en el combate al contrabando. Cada pocos días la DNA emite algún comunicado con noticias de las incautaciones realizadas, ya sea droga o mercadería, en general proveniente de Argentina. El viernes 12 informó de dos allanamientos realizados junto con la Prefectura del Puerto de Paysandú en un local donde se comercializaban artículos en presunta infracción aduanera por un valor estimado de $ 1 millón; cuatro personas fueron imputadas.

    Desde que empezó el año y hasta el sábado 6 Aduanas incautó 23.678.333 unidades de diversos rubros, desde autos hasta alimentos, artículos de higiene personal o limpieza del hogar. También decomisó plata no declarada; en sus estadísticas el organismo contabiliza cada billete como una unidad —fueron más de 7 millones solo de Argentina entre enero y el 6 de mayo—, lo que abulta la cifra global (Búsqueda N° 2.223).

    La cantidad de unidades incautadas de todo tipo de mercadería habían sido de 15,7 millones en 2022, es decir, en menos de cinco meses de 2023 ya se superó esa cifra.

    No a todo lo que incauta la DNA le estima un precio de mercado para dar una magnitud económica del delito. En lo que va del año lo hizo para alrededor de 5.000 incautaciones, que valoró en casi $ 132 millones, equivalentes a unos US$ 3,4 millones. En todo 2022 el contrabando valorado rondó los US$ 9,4 millones.

    Esas cifras refieren solo al contrabando capturado; no existe una dimensión de toda la mercadería que no es detectada y termina siendo comercializada en plaza.

    Turismo de compras

    Más allá del fenómeno del contrabando, que según empresarios aumentó en los últimos tiempos, el desvío de consumo hacia Argentina está siendo desde hace varios meses un mazazo para las ventas no solo en los departamentos fronterizos. Son compras que hacen los uruguayos legalmente, al amparo de la franquicia para los pobladores de la frontera (hasta cinco kilos por persona, dos veces al mes) o cuando cruzan como turistas, pernoctan al menos una noche y regresan (hasta US$ 300 libres de impuestos si viaja por tierra y US$ 500 si lo hace por avión o vía marítima).

    En el marco de su visita a Paysandú la semana pasada Borgiani aseguró que, en aplicación del régimen para los vecinos de la frontera, “se está aplicando la balanza cuando a la vista ya se ve que no son cinco kilos; se pesa (y) se incauta el sobrante”. Eso supondría un endurecimiento de los controles, ya que hasta ahora se dejaba pasar los comestibles y artículos de limpieza o higiene que entrasen dentro de una caja o un bolso chico, a ojo del aduanero de turno (Búsqueda N° 2.208).

    El director de Aduanas anunció que destinarán más personal en los pasos de frontera el próximo fin de semana largo (al correrse el feriado por el 18 de mayo), y desde esta semana se sumó el apoyo de personal de Prefectura Naval y del Ejército. “No vamos a renunciar a las medidas de control, y si hay que esperar, hay que esperar”, afirmó, aludiendo a las largas colas de vehículos que, en tiempos de dólar “blue”, suelen formarse en esas ocasiones.

    Tratando de darle pelea a Argentina, de cara al Día de la Madre el viernes 12 el Centro Comercial e Industrial de Paysandú organizó una jornada de descuentos de hasta 50%.

    “Profunda preocupación”

    Algunas organizaciones empresariales han intentado dimensionar el fenómeno del contrabando real y de las mercaderías que entran bajo la franquicia para turistas o para los pobladores de los departamentos fronterizos, aunque no llegaron a cifras definitivas o convincentes.

    La Cámara de Industrias (CIU) empezó a reclamar con más insistencia al gobierno que disponga una prohibición total (“cero kilo”) durante seis meses ante los perjuicios que están teniendo las fábricas nacionales por la pérdida de ventas debida al flujo de viajeros hacia Argentina, el contrabando o la competencia de mercaderías importadas desde ese origen.

    Según los resultados de una encuesta a 87 industrias socias de esa gremial difundidos el jueves 11, el 35% percibe que el contrabando aumentó en los primeros meses de 2023 respecto a 2022.

    Al tratar de identificar “canales” para la entrada ilegal de mercadería, los empresarios se refirieron en primer lugar al que llega por razones de “proximidad” con la frontera, segundo a “organizaciones delictivas” y por último al turismo.

    El 35% de las empresas encuestadas aseguró que perdió ventas con clientes de departamentos litoraleños y eso le pasó al 29% en los limítrofes con Brasil.

    El viernes 12 la Confederación de Cámaras Empresariales emitió una declaración en la que expresó su “profunda preocupación” ante el ingreso ilegal de mercadería que “pone en riesgo la sostenibilidad de las empresas y de las fuentes de trabajo”. Reclamó a las autoridades que apliquen los “máximos controles” e “inspecciones” frente a esa “competencia desleal”.

    Un día antes, el presidente Luis Lacalle Pou descartó adoptar el “cero kilo”, aunque como era su primera rueda de prensa después de la crisis con Cabildo Abierto habló de varios temas y no profundizó sobre eso.

    La medida de restricción total del ingreso de mercadería para los viajeros se aplicó en algunos momentos durante gobiernos del Frente Amplio, cuando la diferencia cambiaria era importante pero no tanta como hoy. Entonces, el “cero kilo” se instrumentó a través de comunicaciones internas de la DNA y motivó quejas de la Cancillería argentina por entender que contravenía el libre comercio escrito en los acuerdos del Mercosur.

    Ante los periodistas, Lacalle Pou admitió que es entendible que personas con ingresos modestos busquen comprar del lado argentino. Pero cuestionó que haya comerciantes abasteciéndose de organizaciones de contrabandistas. “Porque es muy fácil criticar, pero hay una industria del contrabando… Cuando se surten algunos comercios, ¿nadie lo ve?, ¿no se sabe dónde se vende?”, planteó de forma retórica.

    El presidente dijo que el gobierno está de manos atadas frente a la situación que genera la diferencia de precios relativos. “¿Vamos a solucionar el problema del tipo cambiario con Argentina? ¡No, es imposible solucionarlo! (…) Los hechos demuestran que no podemos correr atrás del tipo cambiario argentino”.

    El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Julio Lestido, dijo a Búsqueda que respeta el reclamo de los industriales respecto al “cero kilo”. Agregó: “Somos liberales, partimos de esa base”. Y apuntó que es un asunto que se habló en la interna de la gremial, con los centros comerciales y con la Asociación de Supermercados, y coinciden en que no es una solución sino que traería “problemas” y “situaciones complejas” de consumo de productos en la clandestinidad.

    Lestido sí es partidario de mayores controles aduaneros.

    La declaración de la Confederación Empresarial incluía la pretensión de la CIU de introducir el “cero kilo” por un tiempo. Pero eso se sacó para consensuar una posición común, a pedido de la gremial de supermercados, dijeron fuentes empresariales.

    En diálogo con Búsqueda, un dirigente político reflexionó que la brecha de precios es hoy tan amplia que lo único que está al alcance del gobierno actualmente es intensificar los controles y dar todos los apoyos posibles a los sectores perjudicados. Opinó que, instalado ya como un “fenómeno social” que lleva meses, el flujo de mercaderías que llega desde Argentina por distintos canales es “imparable”.

    Economía
    2023-05-17T19:13:00

    FUENTE: nota.texto7