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Se postuló para ingresar a UTE y obtuvo la calificación más alta en la prueba de conocimiento. Cuando fue notificado del resultado, sin embargo, le dijeron que si bien había cumplido satisfactoriamente todas las etapas previstas en las bases del concurso, era descalificado por ser obeso.
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Ante esto, Francisco del Real Mesa presentó su situación en el Directorio de UTE a comienzos de abril en un recurso administrativo en el que reclama que se revea la decisión de dejarlo de lado y se suspenda la adjudicación de los lugares.
UTE realizó un llamado para contratar nuevos funcionarios para el cargo de oficial y operario en la zona norte. Fueron ocho plazas para tres departamentos: Artigas, Paysandú y Rivera. Las tareas previstas en la descripción del llamado incluían trabajos de mantenimiento y mejoras en la red en la medida en que el jefe decida integrarlos a cuadrillas o en brigadas.
Entre los requisitos excluyentes para los postulantes figuraban tener entre 18 y 35 años, formación en electro-electrónica o electromecánica, vivir en la localidad de inscripción hasta 30 km aledaños. Como no excluyentes figuraban requisitos como poseer conocimientos de informática, experiencia vinculada a las tareas y libreta de conducir.
Del Real se presentó al llamado en Paysandú y le fue bien. En el recurso que presentó ante UTE, detalló que el 24 de marzo fue informado “verbalmente” que “si bien había cumplido satisfactoriamente todas las etapas previstas en las bases del concurso, sería descalificado por ser obeso”.
“Dicha valoración resulta agraviante y gravemente discriminatoria, aspectos que por sí solos habilitan la promoción” del recurso, dijo Del Real.
La persona afectada afirmó en el documento que el proceder del organismo estatal es “claramente irregular y contrario al marco supraconstitucional, constitucional y jurídico vigente” y que incluso se contrapone con el Estatuto del Funcionario de UTE y las propias bases del llamado, donde el exceso de peso puede ser excluyente.
El artículo 4 del Estatuto del Funcionario de UTE establece que la “selección de los candidatos al ingreso a la Administración se hará por medio de pruebas, tests y entrevistas a fin de asegurar el acceso de personal capacitado y eficiente”. En ese sentido, la persona afectada afirma que obtuvo el “mayor puntaje (34) en la prueba de conocimiento”.
Recordó que el principio de no discriminación es “uno de los pilares” del Derecho del Trabajo y de los Derechos Humanos, recogido en la Constitución.
“Todo lo anterior justifica y da base al presente accionamiento con el fin de que la Administración revise su accionar ante la verificación de una grave afectación de mis derechos humanos sustanciales, dejando sin efecto cualquier tipo de actuación discriminatoria, por ser claramente ilegítima, reencauzando el procedimiento dentro de lo preceptuado por las reglas de Derecho imperantes”, dice el escrito.
Por esa razón presentó el recurso de queja y solicitó que se suspenda la ejecución del acto de adjudicación de lugares hasta que se resuelva su situación.
El diputado de Paysandú Nicolás Olivera (Partido Nacional) elevó ayer miércoles 19 un pedido de informes a UTE para conocer más detalles de esta denuncia. El legislador consultó “cuáles son los criterios de selección que se utilizan para escoger al personal a través de los concursos externos”. Reclamó que se le informe “pormenorizadamente” cuáles son los requisitos excluyentes. A la vez, planteó que se le diga si dentro de los requisitos se establecen descalificaciones por edad, peso, raza o similar. Si esto fuera así, el legislador planteó que se le adjunte la documentación que justifica esa decisión.
Por último, Olivera consultó si UTE en los últimos cinco años recibió denuncias, reclamos, recursos administrativos o acciones judiciales por prácticas discriminatorias.
