Un seminario regional expuso ineficiencias en el gasto público

Se trata de un tema al que aludió, con una implícita autocrítica, el ministro de Economía, Danilo Astori, cuando disertó la semana pasada en una charla con empresarios organizada por la Asociación de Dirigentes de Marketing. “Hoy más que nunca —y quiero poner mucho el acento en esto, porque venimos trabajando muy intensamente en este tema— queremos que los resultados sean mejores a los que hemos obtenido hasta ahora. Pero ese instrumento es la calidad del gasto. No solo tenemos que preocuparnos por la cantidad, es fundamental preocuparse por la calidad, y hoy más que nunca es necesario mejorarla. Lo que requiere revisar todo lo que se está haciendo, y créanme que estamos revisando todo lo que se está haciendo, definiendo claramente los objetivos y las metas; establecer las relaciones causales entre las acciones y los resultados, focalizar la asignación de recursos en las acciones que contribuyen al resultado, evitar duplicaciones en los programas que atienden a la misma población; evaluar los resultados de las acciones políticas en cuanto a la eficacia y a su impacto; es necesario mejorar la gestión en los ejecutores de políticas públicas y los sistemas de información con que cuentan los organismos para la toma de decisiones”, enumeró el ministro. “(…) A veces es muy difícil mejorar la calidad del gasto cuando ni siquiera tenemos información clara, precisa y rigurosa. Hay que empezar por ahí”, reflexionó Astori.

Y disparó cifras y comentarios críticos sobre el manejo actual. Por un lado, aseguró que la región gasta en promedio cuatro veces más en adultos mayores que en los niños, y proyectó que hacia el 2065, el presupuesto vinculado­ a pasividades en Uruguay llegará a representar 16,7% del PBI si no se hacen reformas.

“Otra ineficiencia asignativa” en América Latina en general se da en el gasto educativo, señaló. Advirtió que si no mejora la “calidad” del uso de esos recursos, la contribución al crecimiento económico de un mayor gasto en enseñanza es nulo.

Entre otras recomendaciones, señaló que los gobiernos “deberían tener estrategias prioritarias” en cuanto al gasto, pero “la mayoría no las cumplen y son expresiones de deseo”. Observó que los presupuestos por resultados requieren de instituciones “que la mayoría de los países no tienen”. Y aseguró que se precisa “un montón, mucho más análisis costo-beneficio. Chile es el único que lo está haciendo, y ni siquiera los usa todos”, cuestionó Pessino.

En materia de adquisiciones públicas, la especialista del BID dijo que “no hay planificación” y, además, los países “dicen que todo pasa por el sistema de compras electrónicas, cuando se ve que lo que pasa es 10, 20%” ya que en muchos portales solo se “postean las ofertas”. Así, dichas adquisiciones se convierten en un “queso gruyere, ventanas donde pasa la corrupción”. El caso de Odebrecht y los “cuadernos de las coimas” habían sido mencionados antes durante el seminario.

Ingresos

En el marco del seminario, el organismo anfitrión presentó un informe en el que destacó avances del año pasado hacia una mejora en las cuentas fiscales en América Latina y el Caribe. El déficit primario —sin considerar el pago de intereses de la deuda— del conjunto de los países pasó del 0,8% del PBI en 2017 a 0,5% en 2018. Sin embargo, la Cepal advirtió que a pesar de eso, la deuda pública bruta de los gobiernos centrales aumentó y alcanzó a 42,3% del PBI (frente a 39,4% en 2017), debido principalmente al incremento que se dio en Argentina (95,4%). Por la magnitud de su endeudamiento con relación al Producto, siguieron Brasil (77%), Costa Rica (53%) y Uruguay (50%).

La discusión en varios paneles osciló entre cómo hacer más con menos (o lo mismo) o cómo hacer más con más, si los fiscos logran capturar ingresos adicionales para financiar gastos extra.

Daniel Titelman, director de la División Desarrollo Económico de la Cepal, sostuvo que los ingresos tributarios crecieron en el conjunto de la región y alentó a seguir por ese camino, porque por esa vía se logra “una mayor estabilidad” y les permite a los países ser menos dependientes de otras fuentes de ingreso. Según los datos que mostró, en el caso de Uruguay, la suba fue de 4,6% del PBI entre 2010 y 2017, una cifra que solo fue superada por Honduras.

Como Pessino, alertó que los cambios demográficos y epidemiológicos “van a crecer más que cualquier aumento del PBI. Si no pensamos eso ahora, nos vamos a ver en serios problemas en el futuro. Los temas de salud y pensiones serán cada vez más demandantes”, por lo que los países tendrán que pensar en cómo aumentan los ingresos, más allá de la eficiencia del gasto.

Gravar lo digital.

A futuro, buscando dónde obtener ingresos “el mayor desafío es la digitalización de la economía”, y no solo pensando en gigantes de Internet como Google o Facebook sino también en el creciente comercio internacional electrónico, apuntó Pascal Saint-Amans, director del Centro de Política y Administración Tributaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Luego de la presentación de un estudio con datos a 2017 de los ingresos tributarios en América Latina y el Caribe, el uruguayo Alberto Barreix, que trabaja para el BID, comentó: “Llegó el momento del gasto, y algunos” especialistas en “impuestos pasaremos a cuarteles de invierno”.

El director de Estudios e Investigación del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, Santiago Díaz de Sarralde Míguez, dijo que en el futuro los países tendrán que encarar cambios legales y administrativos frente a la economía digital. “Hoy no son nuestro problema principal” pero lo serán en los próximos años, señaló, y expuso algunas cifras: al ritmo de crecimiento que lleva el comercio electrónico en Estados Unidos (20% anual), en 15 años igualará las ventas físicas; los juegos online ya son 17% del total en Europa, y la publicidad web representa actualmente el 35%, lo mismo que en la televisión en algunos mercados. La circulación de criptomonedas y cómo gravarlas será otro desafío “grande y difícil de resolver”, añadió.

Uruguay es uno de los ocho países de la región que en los últimos años empezaron a gravar los servicios digitales. La Cepal estimó en US$ 7,5 millones el potencial de recaudación aplicándoles el IVA y un impuesto específico de 3% a Uber, Netflix, Spotify y Apple.

Gustavo Viñales, secretario ejecutivo del Centro de Estudios Fiscales —una persona pública no estatal vinculada al Ministerio de Economía—, destacó que en Uruguay las empresas de servicios digitales aceptaron, después de conversaciones con el gobierno, el régimen de tributación para su actividad implementado en 2018. “Es un modelo, hoy, de éxito”, con un potencial recaudatorio de US$ 10 millones anuales, comentó.