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El 10 de febrero todas las unidades de la Jefatura de Policía de Montevideo recibieron la orden de “extremar las medidas de seguridad” en todas las dependencias que tuvieran bajo custodia “armamento de fuego”. La alerta, divulgada por Subrayado el sábado 11, se debía a la posibilidad de “atentados en forma simultanea en procura de armamento”.
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La decisión de aumentar la vigilancia en todas las unidades surgió después de que el coordinador de los servicios de inteligencia del Estado, Washington Martínez, transmitiera a sus enlaces del Ministerio del Interior y de Defensa un informe reservado en el que planteaba la posibilidad de atentados para conseguir armas a partir de datos que le habían sido proporcionados.
La posibilidad del robo a un cuartel no era descabellada. En enero de 2016 un delincuente le quitó el arma a dos centinelas que custodiaban el ingreso al Batallón Florida y que no tenían municiones. Un mes después intentaron atracar el cuartel de Artillería de Trinidad, Flores, pero el ladrón fue atrapado.
Martínez, un brigadier general que ocupa el cargo de coordinación desde que asumió Tabaré Vázquez, recibió un dato de fuentes militares sobre un vehículo que había sido visto cerca de una instalación castrense y cuyos ocupantes actuaban de manera sospechosa.
En una reunión con la Inteligencia policial, el coordinador proporcionó “el número de matrícula de un vehículo que fue visto en el entorno de unidades militares y sus ocupantes sacando fotos y observando con largavistas”, informó el lunes 13 “El Observador”.
Cuadrilla.
La alerta ante posibles intentos de robo a cuarteles y comisarías, fue uno de los temas que incluyó el diputado colorado German Cardoso en su interpelación del miércoles 15 al ministro del Interior, Eduardo Bonomi.
El ministro había recibido las preguntas de antemano y tenía preparada la respuesta. Dijo que el coordinador de Inteligencia del Estado había transmitido a sus enlaces un “informe no verificado para su evaluación y distribución”.
Después de recibir los datos, el director de la Policía Nacional, Mario Layera, “formalizó una reunión” donde dispuso “que se iniciara una investigación y la puesta en conocimiento de la justicia competente”, relató.
“Como dispone el protocolo, se informa a los enlaces de cada unidad policial de la situación a los efectos de que informara la existencia de situaciones sospechosas y recogiera información al respecto, reiterando las medidas de protección de depósitos de armamento”, leyó Bonomi.
Y agregó: “Hasta el momento no se ha logrado verificar los detalles de la información como veraces, no obstante, la investigación continúa, indicándose además que en el contexto de la apreciación de situación permanente que se mantiene sobre la conducta criminal en nuestro país, no se registran organizaciones que tengan la capacidad de ingresar a los depósitos de armas de unidades militares o policiales”.
El ministro cerró su respuesta diciendo que no quería “ampliar” sobre detalles de una investigación en curso, pero que sí se había logrado desestimar un dato recibido de manos del coordinador de los servicios de Inteligencia que había desatado las sospechas. “Como referencia se menciona que una unidad había sido vigilada con binoculares desde una camioneta estacionada próxima”, dijo, “estableciéndose que la misma pertenecía a UTE y que estaba realizando reparaciones en la red con herramientas propias de su tarea”.
