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La transición política de diciembre aclimató a la delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) que el martes 17 finalizó su visita anual de monitoreo al país. Varios pasajes de su reporte preliminar aluden al cambio de gobierno que se producirá en marzo del 2020 como una “oportunidad” para “revertir la acumulación de desequilibrios y emprender reformas para proteger logros”. Y sintonizó con varios aspectos del plan del presidente electo, Luis Lacalle Pou, y su coalición.
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Los técnicos del FMI señalaron en su informe que Uruguay está en una “posición envidiable en muchos sentidos”, por la estabilidad política, el elevado grado de cohesión social, el alto ingreso per cápita y los bajos niveles de pobreza, desigualdad e informalidad. “Pero han surgido desequilibrios” internos, como la baja de la inversión, el “sustancial” deterioro fiscal, el aumento del desempleo, el incremento de la deuda pública y la inflación fuera del rango meta. Además, la situación externa “sigue siendo un obstáculo”, ya que los “vientos de cola desaparecieron y fueron reemplazados por un crecimiento mundial y regional lento, bajos precios de las materias primas, mayor incertidumbre, volatilidad en los flujos de capitales y episodios de turbulencias financieras en Argentina. No obstante, las bajas tasas de interés a escala mundial ofrecen cierto respiro”.
El reporte entra en la cuestión política cuando afirma que “existe un consenso a lo largo del espectro” respecto de los principales desafíos y agrega que el nuevo gobierno gozará de un “impulso al crecimiento resultante de la construcción de la nueva planta de celulosa y de los proyectos de asociaciones público-privadas”. Para el FMI, las futuras autoridades “deberían utilizar esta oportunidad para revertir la acumulación de desequilibrios y emprender reformas para proteger logros y continuar la convergencia de ingresos”. En concreto, la misión entiende que es necesario abatir la deuda y llevar la inflación anual al punto medio del rango (5%), mientras que elevar la productividad es “indispensable para mantener la cobertura del Estado de bienestar y asegurar la equidad intergeneracional. En este contexto, se necesita mejorar los resultados en educación, inversión privada y eficiencia de las empresas estatales.
Sobre las perspectivas macroeconómicas, los técnicos del FMI proyectan que el Producto Bruto Interno (PBI) del país crecerá 0,5% este año, 2,1% en 2020 y 2,5% en 2021, pero luego, al pasar el impulso de las inversiones, el ritmo de expansión se desacelerará. Sin embargo, el nivel del PBI subirá de manera permanente en cerca de un punto porcentual, por el impacto en la productividad.
En materia fiscal, instan a introducir un “plan de ajuste creíble a partir de 2020 para ubicar la deuda en una trayectoria firmemente descendente”, y sugieren acciones que están en línea con las anunciadas por el gobierno electo: restringir el aumento de los gastos de funcionamiento y mejorar su eficiencia; disminuir el empleo público en sectores no prioritarios mediante la no renovación de vacantes; adoptar una regla fiscal, y llamar a un diálogo para reformar la seguridad social.
“De continuar las tendencias fiscales, podrían socavar la sostenibilidad de la deuda y la confianza de los inversionistas”. Proyectan que el déficit del sector público no financiero se reducirá gradualmente del 4,1% del PBI en 2019 —sin incluir el efecto de los llamados “cincuentones”— al 3,9% en 2020, para estabilizarse después en torno a 3,1% del Producto. La deuda pública bruta aumentaría levemente (de 67% del PBI en 2019 a 68% en 2024), según las estimaciones de la misión del Fondo; una baja de aproximadamente 10 puntos “colocaría a Uruguay cómodamente en el rango de países con grado de inversión” o investment grade.
La delegación del Fondo también mostró sintonía con otros aspectos del plan de la administración electa, como darles más flexibilidad a los Consejos de Salarios. Y también con la idea de las futuras autoridades de combatir con más firmeza la delincuencia; para el organismo, “el aumento del delito, aunque parte de un nivel bajo, debe resolverse antes de que se convierta en un problema crítico para la economía”.