Una fiscal solicitó procesar a otro ex jefe de la Armada, a seis capitanes y a 13 proveedores por diversas “compras fantasma”

Las compras en cuestión refieren nuevamente a un banco de prueba para motores y a una grúa que según registros fueron adquiridas por la Armada en 2007, pero que en los hechos nunca ingresaron a sus dependencias. Además de eso hay licitaciones fraudulentas de repuestos para helicópteros, motores de barcos, generadores, frenos hidráulicos, espectrómetros y una multiplicidad de componentes técnicos.

“Toda la responsabilidad”.

Ahora, la representante del Ministerio Público profundizó la investigación y solicitó nuevos enjuiciamientos de oficiales de alto grado.

En el caso de Viglietti —quien fue comandante en jefe de la Armada de manera interina en agosto de 2010— la solicitud de procesamiento es por un delito continuado de fraude. Viglietti, un contraalmirante ahora retirado, ejerció la jefatura de la fuerza durante menos de un mes, desde el retiro anticipado del entonces comandante en jefe Oscar Debali hasta la asunción del actual titular, Alberto Caramés.

El viernes 13 de agosto del 2010, en un discurso, sostuvo sobre el tema: “Sabremos asumir las responsabilidades que como militares nos correspondan”. También dijo: “La Justicia actuará, está actuando, y de confirmarse que otros integrantes (de la Armada) usaron en su provecho dineros que tanto necesitaban nuestras viejas unidades, sin duda pagarán por ello”.

En el juzgado Viglietti reconoció que sabía que el objeto de algunas de las licitaciones había sido cambiado y asumió “toda la responsabilidad” por esos hechos. Justificó su actitud en que se necesitaba el dinero “fresco” para cubrir otras necesidades en la Armada. Como ejemplo, mencionó que se utilizaba esa modalidad para pagar deudas con los proveedores que se habían contraído por la compra de otros insumos.

No obstante —según las fuentes— la fiscal considera que la versión de Viglietti no es verosímil, porque aunque afirme que no hubo beneficios para él ni para terceros, en los hechos la administración pública fue perjudicada ya que los elementos nunca ingresaron a la Armada.

Incluso la declaración de otros altos oficiales compromete a Viglietti, ya que manifestaron en el juzgado que algunos procedimientos de compra fueron realizados por una orden expresa del ahora ex comandante en jefe.

La representante del Ministerio Público también solicitó a la jueza Gatti el procesamiento con prisión del teniente de navío Carlos Esteban Barrero, del capitán de fragata Ricardo Rossi Estellano, del capitán de corbeta Néstor Baltar y del capitán de navío Adolfo Mochetti.

Todos los procesamientos son pedidos por el delito de fraude, ya que la fiscal entiende que los oficiales actuaron con engaño para perjudicar a la administración en beneficio propio o de terceros.

En el caso de Barrero, el oficial confesó su participación en el ilícito al punto de que se encargó personalmente de hablar con los proveedores y obtener el dinero de las compras que —sabía— eran falsas. Por su parte, Rossi también admitió su participación en los hechos, aunque lo justificó con el argumento de que se lo ordenó Viglietti. En la misma línea, Baltar confeccionó al menos una factura de una compra a sabiendas de que la mercadería era inexistente. Por su parte, Mochetti participó en la maniobra al permitir que una serie de personas cobraran dinero sin pertenecer a la empresa adjudicataria de una licitación y sin exigir documentación alguna. Estas fueron las conclusiones de la fiscal.

Acerca de los marinos Gerardo Feble y Pablo da Costa —quienes ya habían sido procesados con anterioridad— la representante del Ministerio Público pidió a la jueza que tenga en cuenta estos nuevos hechos para ampliarles la calificación inicial.

Proveedores.

En cuanto a los proveedores, según dijeron las fuentes la fiscal solicitó el procesamiento con prisión de 13 de ellos por el delito de fraude: Néstor Enrique Videla, Homero Mujica, Guillermo Lafitte, Alberto Botta, Raúl Alfredo Varela, Enrique Moreira de León, Yanet Alicia Cohen, Carlos Goro, Claudia Cabrera, Clara Szperstein, Gustavo Westerfeld, Lourdes Marisol González y Alejandro Ricardo Abud.

De acuerdo con los informantes, si bien los proveedores manifestaron que el cambio de los objetos de las licitaciones e incluso las licitaciones falsas eran una exigencia de la Armada para poder seguir trabajando, la fiscal considera que su participación fue determinante en la maniobra.

Según la representante del Ministerio Público las “compras fantasma” no podrían haberse llevado adelante sin la complicidad de los proveedores, quienes en algunos casos incluso aceptaron devolver el dinero que habían cobrado supuestamente a cambio de la mercadería, pero quedándose con un 10% como comisión por su trabajo.

Los propios proveedores, al ser interrogados en la Policía y en la Justicia, afirmaron que ese era un mecanismo usual, al que se prestaban para hacerles una “gauchada” a oficiales con los que tenían un trato habitual. Algunas de las empresas que se presentaron a la licitación se integraron con familiares y vecinos de oficiales y otros proveedores, a quienes se les indicó que se trataba de un negocio redituable y seguro.

En la misma línea la fiscal Ferrero solicitó que se libre orden de prisión y captura contra Gustavo Trocki y su esposa Verónica Szerman, quienes también aparecen involucrados en estas maniobras.

Los hermanos Trocki fueron grandes proveedores de la Armada, y cuando la investigación sobre estos hechos tomó estado público se fueron de Uruguay y se radicaron en Israel.

Asimismo, la fiscal solicitó a la jueza que embargue a todos los indagados y que forme una pieza separada por “lavado de activos”, para tratar de que el Estado recupere el dinero en poder de los oficiales que presuntamente fue mal habido.