Foto: Edin Pasovic/OCCRP
La cautela
Atachahua no era un novato cuando su visita a Uruguay quedó registrada por la Policía. Tenía antecedentes personales y familiares en el mundo del narcotráfico, según documentos oficiales de Perú. Su padre tenía procesos judiciales relacionados con el movimiento de drogas, mientras que su madre, su hermana y su cuñado también fueron condenados por delitos vinculados al tema.
En 1999, Atachahua fue condenado a nueve años de prisión por narcotráfico y falsificación de documentos en Perú, su país de nacimiento. Salió en libertad antes de cumplir toda la pena y se trasladó a Argentina.
En el marco de su colaboración con las autoridades argentinas, Guastini explicó cómo su jefe se relacionó con colombianos, uruguayos, chilenos e italianos, todos con sus propias rutas de tráfico establecidas, en un esfuerzo por “corporativizar” su negocio y sacarlo de los barrios marginales.
Cuando obtenía la cocaína, la movía por tierra a través de Sudamérica con coches particulares y camiones que transportaban productos como plátanos o artículos de aseo. Los paquetes, según Guastini, se introducían en compartimentos secretos del chasis y lo inyectaban con poliuretánica expandible. Montevideo era una de las vías de salida de la droga hacia Europa.
Antes de su intento frustrado de enviar cocaína a Italia en 2012, Atachahua tenía experiencia traficando desde Uruguay. En la primera década del 2000, y a lo largo de siete u ocho años, enviaba droga a Montevideo en autos pequeños, que en el puerto la cargaban en un barco con destino a Barcelona.
Las ganancias obtenidas por el negocio eran trasladadas por “mulas” hasta Argentina o Perú, aunque también se usaban casas de cambios para girar dinero de Europa a Sudamérica, de acuerdo con Guastini.
Su cautela a la hora de manejar el negocio le permitió mantenerse durante años fuera del radar. “Él siempre decía que una persona tiene que conocer el 20% de la operación, que si sabía más del 20 era riesgoso, incluso que hasta su mujer tenía que conocer el 20% de la operación”, dijo Guastini a los fiscales argentinos.
En octubre de 2019, Xavier Guastini fue emboscado y asesinado mientras conducía su Audi A4 en las afueras de Buenos Aires. Foto: Infobae.
Una investigación trunca
En junio de 2012, Atachahua y Guastini viajaron a Ámsterdam vía Francia para reunirse con personas que el contador describió a la policía como “los calabreses”, presuntamente la mafia ‘Ndrangheta que controla la región meridional italiana de Calabria. Los registros de inmigración respaldan la afirmación de Guastini y muestran que Atachahua viajó de Argentina a Francia el 20 de junio y volvió al país desde Holanda el 29 de junio.
Ese viaje sería la antesala de la visita que hicieron ambos, unos meses más tarde, a Atlántida.
El envío a Calabria fue frustrado por la policía uruguaya. Cuando la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas ingresó a La Quimera detuvo a dos argentinos, dos uruguayos y un italiano (ver nota aparte).
Uno de los uruguayos comenzó a dar información sobre el origen y destino de las sustancias durante los interrogatorios.
—La droga que estaba en la casa, ¿quién la llevó hasta allí? —preguntó la fiscal Mónica Ferrero a Leonardo Rodríguez, uno de los acusados.
—Unos argentinos que no fueron detenidos, andaban en un Renault y otro vehículo blanco que no recuerdo la marca —respondió.
(…)
—La droga que estaba en la casa estaba envuelta con diferentes colores, había ladrillos de color negro y otros de diferentes colores, diga a esta sede el porqué de tal diferencia en el envoltorio.
—La negra era la de los italianos para exportar y la de diferentes colores era para el mercado local.
Otro de los detenidos uruguayos, Jorge Silvio Pérez, fue menos colaborativo. Sostuvo que recibía órdenes del italiano detenido en la operación, a quien conoció a través de un contacto paraguayo.
Francesco Pisano, el italiano en cuestión, negó todo.
—¿La droga que había en la casa era suya?
—No, señor.
—¿De quién era?
—No lo sé, porque yo estaba en la parte de arriba de la casa, abajo no sé qué pasaba.
—¿Quiénes eran las otras personas que estaban en la casa?
—No las conozco, yo conocía solo a Jorge (Silvio Pérez).
—¿Hasta cuándo pensaba quedarse en Uruguay?
—Hasta el día lunes, como máximo.
—¿Qué estaba haciendo en Uruguay?
—Jorge me dijo que viniera de vacaciones y nada más.
La jueza especializada en Crimen Organizado Adriana de los Santos procesó con prisión a todos los detenidos. Para continuar con la investigación, la fiscal Ferrero pidió a la Policía que proporcionara datos sobre los movimientos migratorios de varios argentinos, entre ellos, Atachahua y Guastini, que averiguara si ambos durmieron en un hotel en Montevideo y que tramitara a través de Interpol una solicitud de información a Argentina.
En ese punto, la pista sobre Atachahua y Guastini se desvanece en el expediente. Y no surge que la información sobre esas dos personas se haya pedido a Argentina.
Consultada al respecto, una fuente policial en conocimiento del caso aseguró que no se compartió información con la Policía Federal. “No confiaban” en su contraparte argentina en ese momento porque “no se cumplieron” varios pedidos de colaboración. El informante añadió que los datos habrían sido transmitidos a la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos.
Guastini dio otra versión sobre el episodio cuando declaró como arrepentido en Argentina. El contador tenía detalles bastante precisos de la causa en Uruguay. Relató que la droga incautada tenía dos orígenes: la cocaína de mejor calidad era proveniente de Argentina y tenía como destino Italia, mientras que la otra droga de menor calidad había llegado de Paraguay.
En sus declaraciones a la Justicia uruguaya uno de los detenidos “cuenta de dónde venía cada cosa y quiénes estaban impulsando el negocio y declara que la droga que estaba en envoltorios negros que provenía de Argentina y que las habían llevado unos argentinos en vehículo tal y tal”. Esa información a él y a su jefe los complicaba. Atachahua, “si bien no había ido con nosotros a las reuniones, había vuelto en los cruces migratorios conmigo, y bueno, queda identificado y se inicia una investigación sobre todos nosotros”.
De acuerdo con su versión, tuvieron que moverse para detener la investigación uruguaya. “Logramos un poco pararlo haciendo que el testigo no se presentara a una audiencia de reconocimiento, en la cual iba a reiterar sus dichos e iba a decir cuál había sido el rol de cada una de las personas que estábamos en el material fílmico. Después sé que hubo un cambio de fiscal en la causa y, bueno, quedó la investigación paralizada”, declaró.
Ferrero fue trasladada a otra fiscalía y su lugar lo ocupó el fiscal Gilberto Rodríguez, quien avanzó en la causa vinculada a las cinco personas que habían sido procesadas, pero no siguió la pista de Atachahua y Guastini.
Sea porque lograron que un testigo no declarara o porque la policía uruguaya no confiaba en la de Argentina o porque medió un cambio de fiscal, o una combinación de esas y otras posibilidades, lo cierto es que la Justicia uruguaya dejó de ser un problema para Atachahua y Guastini en 2013.
La dupla siguió con sus negocios, aunque luego se distanciaron. En 2018 Guastini comenzó a colaborar con los fiscales argentinos. En octubre de 2019, unos días después de hablar por tercera vez con las autoridades sobre Atachahua, el contador fue asesinado a tiros.
Los medios argentinos informaron que una camioneta Toyota bloqueó el camino del Audi A4 de Guastini mientras conducía por un suburbio de Buenos Aires. Luego, un sicario en una motocicleta le disparó tres veces. “Me dieron, me dieron”, alcanzó a decirle a un conductor que lo ayudó a llegar a la acera. Guastini murió poco tiempo después en un hospital cercano.
Según un fiscal argentino, en los meses previos a su detención en 2020, Atachahua se preparaba para enviar un cargamento de droga importante a España. Sabía que lo seguían, pero se las arregló para ir un paso adelante. Cada vez que llegaba a Argentina por el aeropuerto de Ezeiza de Buenos Aires, daba vueltas en las instalaciones por al menos una hora para perder a los agentes. “Siempre lo conseguía”, señaló una fuente cercana al caso.
Pero finalmente su suerte se acabó. Lo detuvieron en octubre de 2020, en una redada en la que participaron 400 gendarmes argentinos, que ocuparon 25 domicilios y negocios.
Al mes, como parte de la acusación contra los miembros de la organización —incluyendo a Atachahua— un juez impuso un embargo sobre más de 30.000 millones de pesos argentinos en activos, unos US$ 150 millones.
Atachahua no ha sido acusado por el asesinato de su contador, quien también tenía vínculos con otros grupos criminales. Hasta el momento, Atachahua ni siquiera enfrenta cargos por narcotráfico en Argentina. Las acusaciones de la Policía y de otras fuentes, así como la imputación oficial, aún no han sido probadas en los tribunales.
Fuentes italianas indicaron que no han investigado ni a Atachahua, ni a Guastini ni al peruano que controla la casa de cambio en Milán, desde donde se enviaba el dinero obtenido por la venta de drogas. En España, donde Atachahua supuestamente realizaba parte de sus negocios, tampoco hay indagaciones sobre su caso, indicaron fuentes policiales. Las autoridades peruanas, por su parte, señalaron que no tienen información sobre las casas de cambio mencionadas o las transacciones que Guastini, de acuerdo a sus confesiones, supuestamente realizó para Atachahua
A través de su abogado, Atachahua se negó a contestar las preguntas que le enviaron los periodistas.
