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Los cuatro amigos, de entre 18 y 20 años, nunca imaginaron que la compra iba a terminar con todos detenidos. El conocido de uno de ellos los contactó con un proveedor con influencia en la zona norte de Montevideo, parte de una organización que era investigada por la Policía, y acordaron dentro de un automóvil el trato por medio kilogramo de cogollo de marihuana. Llevaron la droga a un apartamento en la avenida de las Américas, la pesaron en una balanza y quedaron lo suficientemente satisfechos y confiados como para publicar fotos en las redes sociales y luego llevar parte del cannabis a una fiesta privada en una chacra cerca de Carrasco. Con este hecho como prueba fundamental, fueron ahora condenados en un caso que causó la “sorpresa” de operadores judiciales y policiales debido a la participación de personas alejadas de los perfiles más típicos del mundo narco.
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Se trata de la ramificación de un proceso mucho más amplio denominado Operación España que comenzó a principios de año y continúa hasta hoy. En enero se detuvo en el Aeropuerto de Carrasco a una mujer que quiso viajar a Madrid con una maleta con casi cinco kilos de cocaína escondidos en compartimientos ocultos. El caso derivó en la Fiscalía Departamental de Ciudad de la Costa de 3er turno, a cargo de Cristina Falcomer, quien dio inicio a una larga investigación que incluyó a la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) y a la Dirección de Hechos Complejos.
Tras meses de inteligencia y vigilancia la Policía descubrió a una organización que tenía uno de sus centros de operaciones en Maroñas, donde funcionaba un laboratorio de cultivo y producción de cannabis. Fuentes policiales informaron a Búsqueda que se trataba de un sitio “totalmente cerrado y muy bien armado” donde se utilizaban especies de marihuana poco conocidas en Uruguay e importadas de Colombia que tenían como principal atractivo una mayor concentración de THC a la que se ofrece en el mercado ilegal doméstico y regional. En el allanamiento se incautaron 42 plantas de marihuana y cogollo ya empaquetadas para su distribución, tres vehículos, US$ 2.300 y $ 142.610, un revólver calibre 38 y un rifle calibre 22 largo.
La hipótesis policial es que la marihuana fabricada en ese lugar se transportaba a Brasil para ser canjeada por cocaína que luego el grupo enviaba a Europa a través de correos humanos que uno de sus integrantes estaba dedicado a captar. Incluso consideran que la organización planeaba producir su propia cocaína para evitar costos y aprovechar una logística aceitada que comprendía otros posibles laboratorios ya en funcionamiento y el conocimiento de un ingeniero industrial que formaba parte de la cadena.
Tras el allanamiento en Maroñas se condenó a tres personas por un delito de asistencia a las actividades del narcotráfico. Quien recibió la pena mayor —12 meses de prisión y 24 meses de libertad a prueba— es uno de los propietarios del Mercado del Inmigrante, una tienda de locales de comida ubicada en Punta Carretas. “En principio se estableció que el grupo criminal financiaba, a través de figuras responsables de administrar un mercado gastronómico de renombre, la instalación y mantenimiento de un laboratorio clandestino de producción de marihuana, dejando entrever también el acceso a una estructura ideal para el posterior lavado del dinero”, informó el Ministerio del Interior el jueves 12.
El comunicado del ministerio agrega que “los integrantes de la organización no solo se limitaban a financiar y llevar a cabo delitos vinculados con el narcotráfico, sino también a la coordinación y ejecución de rapiñas a locales estratégicos de diferentes rubros a lo largo del país”. Dos rapiñas prontas para realizarse fueron interceptadas por la Policía durante la investigación.
La investigación policial sobre la organización criminal también derivó en actuaciones paralelas, ya que al menos uno de sus miembros proveía drogas de manera independiente y fue contactado por un intermediario para venderle marihuana a un adolescente de Carrasco. La transacción del medio kilogramo de cogollo fue determinante para que la Policía detuviera al comprador y a tres de sus amigos. Dos fueron condenados como autores de un delito de suministro de estupefacientes a la pena de 20 meses de prisión. Además de la marihuana, la Policía comprobó que también tenían pastillas de éxtasis y cartones de LSD para compartir y comercializar entre amigos y conocidos de la zona, principalmente en fiestas.
Los otros dos jóvenes fueron condenados por el delito de asistencia al lavado de activos. Las penas fueron de dos años de prisión efectiva y uno de libertad a prueba, y de 10 meses de arresto domiciliario total y 14 meses de libertad a prueba. En este último caso el joven fue defendido por el exfiscal de Corte, Jorge Díaz, y podrá salir de su hogar para concurrir a la universidad únicamente a rendir exámenes.
Fuentes del caso indicaron que se trata de “cuatro jóvenes de buen pasar” que tienen su primer antecedente penal y no encajan en el “rasgo habitual” del mercado de narcotraficantes con los que la Policía convive diariamente: consumidores de pasta base, vendedores en bocas de pasta base y cocaína, integrantes de pequeños clanes familiares, distribuidores radicados en zonas socioeconómicas más complejas y empresarios con negocios pantalla, entre otros perfiles. Las fuentes añadieron, sin embargo, que lentamente se observan más casos de drogas con la participación de personas jóvenes sin la aparente necesidad económica de ingresar a la industria narco para sobrevivir, en un contexto de “ciertos ámbitos sociales” en el cual el consumo de marihuana, anfetaminas y sustancias psicodélicas está bien visto.
Esta semana una modelo uruguaya de 29 años fue detenida cerca de su apartamento en Punta Carretas y condenada a un año de prisión efectiva por un delito de tráfico de estupefacientes. Su pareja, de 28 años, fue condenada por asistencia al tráfico de drogas.
